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Matas pagó a Alemany por sus artículos diez veces más de lo normal

No hay constancia alguna de la publicación de los reportajes

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Diez veces menos tenía que haber pagado el Govern de Jaume Matas al periodista Antonio Alemany por la elaboración y la publicación de diversos reportajes de cuya existencia no hay constancia alguna. Al menos así lo estimó la ex directora general de Comunicación en la pasada legislatura, Gina Garcías, durante la declaración que prestó como testigo en el juicio que este mes se celebra en el marco del caso Palma Arena y que por primera vez sienta a Matas en el banquillo de los acusados.

En su comparecencia, Garcías fue interrogada por el pago de 11.500 euros que el conocido articulista balear, autor de los discursos del exlíder del PP, percibió de los fondos públicos por redactar diversos reportajes para su posterior publicación en la prensa deportiva nacional. Según sus cálculos, esta cantidad, abonada a través de un contrato menor, 'implicaría haber hecho decenas y decenas de reportajes', al valorar en unos 300 euros el precio por cada uno de ellos y estimar en unos 40 los artículos elaborados. Unos reportajes de los que no hay ni rastro en las hemerotecas.

Según las pesquisas, este pago pudo constituir un sobre-sueldo para Alemany, quien se encuentra acusado en esta pieza del caso Palma Arena por su contratación a través de un concurso público que únicamente habría servido de pantalla para encubrir los fondos públicos que cobró por redactar las intervenciones de Matas.

La ex directora general en el último Govern socialista mostró su incredulidad cuando el fiscal Anticorrupción Juan Carrau le preguntó sobre una factura supuestamente ficticia que presentó Alemany para justificar la realización de los reportajes y poder así percibir los 11.500 euros, a las 72 horas de iniciarse la tramitación del contrato menor. 'En tres días no se pueden elaborar reportajes por 12.000 euros', apostilló.

También compareció como testigo el publicista Joan Rosselló, acusado en otra causa de presunta corrupción, conocida como caso Scala y que también afecta a la legislatura de Matas. El empresario confirmó que había firmado un convenio en 2003 con el Ejecutivo del PP para un trabajo sobre identidad corporativa, a pesar de lo cual se puso en marcha un concurso con objeto similar para presuntamente maquillar los pagos al periodista Antonio Alemany.

Finalmente, testificó una ex asesora técnica en el Govern de Matas, Elena Rubí, quien manifestó que nadie le informó del concurso que amparó la contratación de Alemany. De hecho, cuando preguntó por él al ex director general de Comunicación, Joan Martorell también acusado, este le respondió que no se 'metiera' en el asunto ya que 'no tenía nada que ver' con ella.