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Mato aprueba tres copagos en Sanidad gracias al "rodillo" del PP

El Consejo Interterritorial de Sanidad ha ratificado la aportación del paciente en transporte sanitario no urgente, ortoprótesis y dietoterapia pese a la oposición de Asturias, Euskadi y Andalucía

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Los pacientes pagarán por los desplazamientos no urgentes en ambulancia, por los productos ortoprotésicos como las muletas y por los productos dietoterapéuticos. Las medidas anunciadas por el Ministerio de Sanidad a lo largo de esta semana han sido finalmente ratificadas hoy en el Consejo Interterritorial que reúne a los consejeros de las Comunidades Autónomas con la ministra del ramo, Ana Mato. Pero la decisión no ha sido unánime. 

Andalucía, Euskadi y Asturias se han mostrado en contra de estas reformas, que se aplicarán 'inmediatamente' tras seguir los trámites correspondientes. 'Se diga lo que se diga, la dinámica de la máquina del rodillo es arrolladora', sentenció el consejero asturiano, Faustino Blanco, que lamentó el Ministerio hiciera oídos sordos a sus observaciones al respecto.  'No tenemos un mapa claro del transporte sanitario no urgente, no hay una memoria económica de lo que se espera ahorrar con esta medida que supone el enésimo copago que se grava, como siempre, con los enfermos más humildes de la sociedad, los mayores', resumió Blanco.  

'Estas medidas afectan a las clases más desfavorecidas', añadió también el titular de Sanidad vasco, Jon Darpón. 'Se puede ahorrar sin copago', opinó, criticando también que el Tribunal Constitucional haya dictaminado en contra de la rebelión de su comunidad contra el copago farmacéutico, aunque les diese la razón en cuanto a seguir atendiendo gratuitamente a los inmigrantes sin papeles. Asimismo, recordó que su Gobierno entiende que tiene competencias plenas para gestionar el sector de la sanidad pública en su comunidad.

En la misma línea que el titular asturiano se expresó su homóloga andaluza, María Jesús Montero, que criticó que los miembros del Ministerio se mostraran 'absolutamente inflexibles'. 'Nosotros hemos pedido la retirada del copago y hemos aportado un documento que sustenta nuestra posición, pero todo ha ido como un rodillo', declaró, a la salida de la reunión. 'La ministra ha recogido la sensibilidad expresada por todos con los pacientes crónicos, pero nosotros pedimos que se retire el copago para todos los colectivos', señaló Montero. 

Mato: 'el Ministerio siempre ha apostado por la vía del diálogo'

De hecho, Mato sí aclaró, en la rueda de prensa posterior al Consejo, que 'los pacientes que tengan que recibir un tratamiento de más de seis meses sólo realizarán una aportación mínima simbólica'. Siguiendo las recomendaciones de Alcer (Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón), el Consejo ha acordado establecer unos máximos en este copago de unos seis euros al año, para rentas inferiores a 18.000 euros; doce euros para quienes ingresen entre 18.000 y 100.000 euros; y 60, para las rentas superiores a 100.000 euros. 'El Ministerio siempre ha apostado por la vía del diálogo para trabajar en beneficio de todos', aseguró la ministra, que también adelantó que próximamente revisarán la horquilla entre 18.000 y 100.000 euros para introducir nuevos tramos entre ambas cantidades.

Además, Mato señaló que, igual que el copago farmacéutico, 'no se trata de una medida recaudatoria, sino disuasoria' e insistió en que con las medidas aprobadas en el Real Decreto del pasado abril -que entraron en vigor este verano- han logrado ahorrar 'más de 1.000 millones de euros; 803 millones, sólo en los últimos cuatro meses'. 'Si es un copago simbólico que no se incorpore porque no será ni recaudatorio ni disuasorio', argumentó, por su parte, la titular andaluza. 'Sin embargo, sí abre la puerta al copago en otras cuestiones', añadió Montero.

Otro de los temas que hoy han debatido ministra y consejeros es el relativo a la revisión de la cartera básica (los servicios sanitarios a los que tienen derecho todos los españoles, independientemente de la comunidad en la que vivan), entre los que se incluyen los tratamientos de fertilidad, el cribado neonatal (la prueba del talón de los bebés) y los implantes oftalmológicos, entre otras cuestiones como las mamografías o el aborto. 

'A las mujeres que soliciten reproducción asistida no se les va a preguntar el estado civil', prometió la ministra

Uno de los puntos del día se refería, precisamente, a la reproducción asistida, que se convirtió en uno de los temas conflictivos de la jornada. Mientras el consejero asturiano adelantó que los informes de los equipos técnicos reflejaban la definición de pareja como la relación mantenida entre hombre y mujer, la ministra señaló que a las mujeres que acudan a recibir este tratamiento 'no se les va a preguntar cuál es su estado civil'.

Asimismo, Blanco avanzó que las fichas de los profesionales dejaban ciertas cuestiones sin definir como la exclusión de ciertos servicios 'por razones médicas o sociales'. '¿Qué son elementos sociales de exclusión; quién los define?', se preguntó el asturiano. Mato, por su parte, sólo citó la revisión de la exclusión por razones médicas, no citó las sociales en ningún momento. No obstante, ambos quisieron dejar claro que la revisión de la cartera básica de servicios se realizará poco a poco y se determinará a largo plazo.

El portavoz de Sanidad del PP y consejero del ramo en Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, también abrió la Caja de Pandora al asegurar que las medidas que este jueves se habían aprobado en el Consejo Interterritorial eran propuestas reflejadas en el informe Abril Martorell, realizado por el exministro de UDC del mismo nombre 'hace 22 años'.

Echániz, que aseguró que los consejeros de las comunidades gobernadas por el PP estaban 'muy satisfechos' con lo acordado en la reunión, citó algunas de las 'recomendaciones' de dicho documento. 'Los usuarios de la sanidad participarán minoritariamente en el pago de servicios con cantidades simbólicas', leyó. 'Se crearán prestaciones complementarias que se irán introduciendo con cofinanciación del usuario, según las circunstancias socioeconómicas del usuario y de la sociedad en la que vive', continuó su discurso. 

Además, el portavoz del PP aseguró que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán (PSOE)  fue uno de los firmantes de dicho documento y presumió de que, si los Gobiernos no habían aplicado dichas medidas hasta ahora, 'por falta de valentía'.

Ante dichas declaraciones, la consejera andaluz, María Jesús Montero, salió en defensa del jefe de su Ejecutivo y afirmó que Griñán, 'en ningún momento ha compartido esas conclusiones'. Asismo, Montero criticó con sarcasmo que los conservadores hayan 'desempolvado el informe Abril Martorel 22 años después' para justificar su actual reforma del sistema sanitario y replicó que 'si no se ha aplicado hasta ahora, ha sido por la voluntad de los Gobiernos del PP y del PSOE'.