Qué difícil es aplicar la Ley del Aborto si todos los profesionales de la sanidad pública son objetores de conciencia. Esta es la excusa que esgrimen la mayoría de gobiernos autonómicos del PP, como Murcia, Madrid y Navarra, para reforzar sus argumentos contra la nueva norma, que entró en vigor hace dos semanas.

Las cifras de los pocos registros de objetores que están en marcha y las declaraciones de varios grupos de médicos alegando que ellos sí están dispuestos a practicar abortos han puesto en tela de juicio las declaraciones de quienes ponen trabas a la ley.

A falta de un registro estatal de profesionales que se niegan a interrumpir embarazos no deseados por cuestiones morales y de fe, los registros que ya han puesto en marcha los colegios de médicos de seis provincias Castellón, Málaga, Salamanca, Segovia, Madrid y Jaén no cuentan ni con el 1% de sus colegiados.

En Málaga, por ejemplo, sólo se han inscrito 25 médicos (un 0,37% del total), aunque la mitad de ellos lo ha hecho desde que entró en vigor la nueva ley. En Salamanca, los objetores declarados representan el 0,4% de los médicos de la provincia.

Por su parte, en sus cuatro años de funcionamiento, el registro del colegio de Madrid sólo ha atraído al 0,17% de sus asociados. El consejero de Sanidad de la región, Javier Fernández Lasquetty, no tuvo en cuenta este detalle cuando aseguró la semana pasada que 'la práctica totalidad [de los médicos] con excepciones se niega a hacer abortos' en la autonomía.

Tampoco el Gobierno murciano, cuyo presidente lideró el grupo de insumisos a la ley el día de su entrada en vigor, ha tenido reparos en asegurar que si no se practican abortos en los hospitales públicos de Murcia, es porque todos los médicos objetan. No hay ningún registro en la región que demuestre esa aseveración.

Médicos de Murcia y Navarra denuncian trabas para practicar abortos

Además, un grupo de ginecólogos del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia ha denunciado que ellos no son objetores y que, si no realizan abortos, es por el veto impuesto por la dirección del centro. 'Son los jefes de servicio los que dicen: Aquí somos todos objetores', denuncia un ginecólogo del centro, que quiere mantenerse en el anonimato.

Otro de estos profesionales dispuestos a practicar abortos reclama la creación de un registro de objetores de conciencia. 'Así el hospital público podría organizar sus recursos y distribuir los turnos con los profesionales que sí estamos dispuestos a hacer abortos', defiende.

También el Gobierno navarro se escuda en que todos los profesionales objetan para justificar que en la región no se hagan abortos, ni siquiera en clínicas privadas, porque no las hay. Un grupo de ginecólogos de la sanidad pública manifestó hace unos meses su voluntad de practicar abortos en Navarra y denunció la militancia objetora que practica el Ejecutivo autonómico. El Gobierno foral mantiene esta política.

La Ley del Aborto reconoce explícitamente el derecho individual de los profesionales sanitarios que intervienen 'directamente en la interrupción voluntaria de un embarazo [ginecólogos, anestesistas y enfermeras] a la objeción de conciencia'. Además, insta a la Administración a articular este derecho 'en un desarrollo futuro de la ley'.

De esta forma, la norma pretende asegurar un derecho que ya estaba garantizado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Es una forma de proteger el derecho de los facultativos, pero también el de las mujeres que quieren abortar, de modo que si no hay suficientes profesionales en la sanidad pública, se concierte el servicio con clínicas privadas.

Desde que el aborto se despenalizó, en 1985, sólo el 2% de las intervenciones se ha realizado en hospitales públicos. Con la nueva norma en vigor, la situación no parece que vaya a cambiar: prácticamente todas las autonomías han renovado o han manifestado que van a reforzar sus conciertos con las clínicas privadas acreditadas para realizar abortos. Si bien el PSOE y los partidos que apoyaron la norma (ERC, IU, BNG y PNV) acordaron crear un registro de objetores, el Gobierno central ha manifestado que no es ahora su prioridad. Castilla-La Mancha y Cantabria ya han anunciado que crearán listados para que los profesionales que no quieran practicar abortos por sus creencias dejen constancia de ello. Esto les ayudará a gestionar sus recursos.

El portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp), Marciano Sánchez-Bayle, apunta que en muchas ocasiones los gerentes de los hospitales y los jefes de área deciden no hacer abortos por las dificultades para organizar los recursos, más allá de sus convicciones personales. 'Se necesita que el hospital te dé un espacio adecuado, disponer de medios y tener en cuenta que el tiempo que los profesionales le van a dedicar se debe restar a las consultas y a otros servicios', explica.

'Son muchos los problemas para que la sanidad pública asuma todos los abortos', reconoce la ginecóloga Mercedes Boix. Desde hace un año practica interrupciones de embarazos en el hospital Marqués de Valdecilla de Santander. Cantabria es la autonomía con la menor tasa de abortos de España (6,09 por cada mil mujeres) y a su vez, la que más los practica en la sanidad pública (un 10%).

Muchos hospitales objetan en bloque

Un total de 12 ginecólogos de este hospital realizan abortos a diario, la mayoría de embarazos más avanzados, que se deben interrumpir porque el feto tiene malformaciones o peligra la vida de la madre. El resto de casos se derivan a las clínicas privadas. El número de profesionales declarados no objetores es suficiente para que el hospital organice los recursos de forma que siempre haya algún quirófano disponible y los ginecólogos puedan compaginar los abortos con las consultas, explica Boix. 'Se necesita militancia', admite.

El jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid), Javier Martínez Salmeán, coincide en el esfuerzo que significa para un hospital público realizar abortos. Este centro es uno de los pocos de Madrid donde se practican estas intervenciones. 'Fundamentalmente, los hospitales están muy apretados de quirófanos. Las interrupciones del embarazo son una urgencia, no se pueden programar, y eso dificulta el funcionamiento del hospital', explica. Por ello, como sucede en Cantabria, los abortos hasta la semana 14, que son los más sencillos de llevar a cabo, se han derivado a la privada.