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Medio Ambiente La Fiscalía pide el archivo para el ministro Planas en el caso del robo de agua en Doñana 

Esta causa comenzó en agosto de 2011 por la denuncia de un particular sobre supuesta corrupción en Almonte en relación a pozos ilegales y subvenciones a empresas; en todas las explotaciones hubo una detracción ilegal y sistemática de agua.

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El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante la inauguración en la capital malagueña del foro Startup Europe Smart Agrifood Summit. EFE | Carlos Díez

La Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva ha pedido el archivo de las actuaciones contra el actual ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en el caso de unas captaciones ilegales de agua en el entorno de Doñana desde 2009 a 2012, concretamente en la finca onubense Matalagrama de Almonte, cuando era consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, tal y como se esperaba.

Considera que "no existen indicios relevantes de su participación activa u omisiva en los hechos objeto del procedimiento que justifiquen la formulación de acusación".

Según reza el escrito del Ministerio Fiscal, el fiscal encargado de la causa, Alfredo Flores, interesa el sobreseimiento para Planas y para las dos ex secretarias generales de esta Consejería en las citadas fechas.

El fiscal reseña que "la única conexión de los reseñados investigados es el hecho de haber ocupado como titular, en el caso de Planas, la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía o la Secretaría General de Agricultura y Alimentación de dicha Consejería, en el caso de las dos ex secretarias".

La propia Junta abrió expedientes a las empresas investigadas y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, "si bien con poca eficacia"

En este sentido, ha asegurado que, según las declaraciones de los tres como investigados, "no resulta acreditada a nivel indiciario" su participación ni tampoco "una omisión análoga de aquella en relación con las fincas y explotaciones y en concreto con los hechos objeto de investigación penal que haya facilitado su comisión". Es más, ha precisado que la propia Junta abrió expedientes sancionadores a las empresas investigadas y también la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, "si bien con poca eficacia".

Por todo ello, considera que no se puede determinar que estas personas "hayan colaborado de forma activa y relevante con los agricultores querellados en su conducta delictiva o cometido una omisión grave y reiterada al no denunciar penalmente las extracciones ilegales de las que tuviesen conocimiento".

Por su parte, sí acusa a 15 personas, entre los que destacan los exalcaldes de Almonte (Huelva), el socialista Francisco Bella y el 'popular' José Antonio Domínguez, así como titulares de las explotaciones sitas en la finca Matalagrama de Almonte y administradores de hecho o de derecho de las sociedades, la mayoría agricultores.

Esta causa comenzó en agosto de 2011 por la denuncia de un particular sobre supuesta corrupción en Almonte en relación a pozos ilegales y subvenciones a empresas, tras un acuerdo que se firmó entre el Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) y el Ayuntamiento de la localidad.

Sin embargo, el fiscal ha precisado que, desde aquellas fechas y en ejecución de estos convenios, los agricultores acusados, conscientes de la falta de autorización legal para ello, han venido extrayendo agua del acuífero 27 para regar sus explotaciones, a través de los sondeos creados por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (Iryda) a principio de los años 70, actualmente propiedad del IARA, así como que tanto los titulares de las explotaciones y los citados alcaldes "fueron conocedores de la inexistencia de la autorización para la extracción de agua".

En todas las explotaciones, continúa, "se ha producido una detracción ilegal y sistemática de agua del acuífero en el periodo de 2009 a 2012 y dicha detracción ha alterado el balance hídrico generando un riesgo de daño grave sobre el espacio protegido de Doñana, así como sobre las especies que alberga y sobre el significado y valor ecológico del lugar a nivel mundial".

Sobre el papel de los alcaldes, miembros del Consejo de Participación de Doñana y conocedores del "delicado estado del acuífero", considera que desde que en el año 2007 empezaran a recibir los agricultores acusados la notificación de expedientes sancionadores de la CHG, ellos se comprometieron expresamente con dichos acusados a "solucionar el problema y les comunicaron que todo era un error y que ellos se ocuparían de todo y le darían una solución política al tema, de tal forma que permitieron con dicha actitud y posicionamiento que continuase la actividad de extracción ilegal del agua y el daño para el acuífero".

Beneficios de hasta 274.000 euros

En concreto, según los volúmenes propuestos por la Unidad técnica de la Fiscalía de Sala, estos agricultores obtuvieron beneficios derivados de la extracción ilegal entre 8.500 y 108.000 euros, mientras que, según los volúmenes propuestos por el RD 670/2013 y teniendo en cuenta en beneficio de los acusados la consideración de que existía en todas las explotaciones riego por goteo, alcanzaron unos beneficios entre los 13.200 euros y los 274.000.

Los hechos anteriores constituyen un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por extracción ilegal de aguas subterráneas, causando riesgo de un perjuicio grave al equilibrio de los sistemas naturales del Espacio Natural Doñana y especifica que, alternativamente, para el caso de no apreciarse, a consecuencia del comportamiento de los acusados la concurrencia de una situación de riesgo de grave perjuicio en el equilibrio del sistema natural de Doñana, su conducta constituiría un delito de usurpación-distracción de aguas.

Por estos hechos, solicita a cada uno de ellos las penas de tres años y diez meses de prisión, el pago de una multa de 12.200 euros, y alternativamente, por el otro delito una multa de casi 11.000 euros.

Dos años y 10 meses para los alcaldes 

A su vez, para los exalcaldes pide las penas de dos años y diez meses de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de una multa de casi 5.500 euros. A su vez, alternativamente, en caso del otro delito, una multa de 3.600 euros. Del mismo modo, impone a cada una de las empresas el pago de una multa de 24.400 euros.

Como responsabilidad civil, los acusados y, de manera solidaria con ellos, las empresas de las que son administradores indemnizarán a la CHG con las cantidades que se determinen tras la celebración del juicio, en base al informe pericial realizado por el jefe del Servicio de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrológica del Guadalquivir.

También solicita el precinto definitivo de los pozos-sondeos declarados ilegales y reseñados en la conclusión primera que en un principio se hizo de manera cautelar.

Cabe recordar que esta querella fue elaborada por la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente en el marco de sus diligencias de investigación sobre la denuncia de WWF sobre el llamado robo de agua en Doñana, y se convirtió en una causa, de unos 3.500 folios de extensión en la pieza principal y de 1.000 en la pieza de medidas cautelares, declarada compleja y en la que se une el trabajo de muchos profesionales de la Justicia y del Seprona.