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Una mina próxima a Aznalcóllar comienza a afectar a un acuífero

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir multa a Las Cruces por realizar sondeos ilegales y revisa la autorización

OLIVIA CARBALLAR

Diez kilómetros más allá y mucho antes del décimo aniversario de la catástrofe de Aznalcóllar, los ecologistas avisaron de una nueva amenaza. Y tenían razón, una vez más. La mina Cobre Las Cruces, en Gerena (Sevilla), ha comenzado a contaminar el acuífero que la atraviesa al realizar 20 sondeos en el fondo de la corta. Estas perforaciones, además, son ilegales.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) está revisando la autorización concedida a la empresa que la gestiona, la canadiense Inmet Mining, y acaba de expedientarla por una falta muy grave. La sanción, aún no fijada, superará los 600.000 euros. “Es una medida preventiva, no es una situación grave, pues la cantidad de agua actualmente contaminada es insignificante”, aseguró ayer el presidente de la CHG, Francisco Tapia.

La empresa, que aún no ha comenzado a extraer mineral, debe paralizar inmediatamente las perforaciones para las que no tenía autorización. Si no lo hace antes de mañana, la CHG precintará la zona ese mismo día.

“La única solución para que el proyecto siga adelante es que la empresa presente un procedimiento alternativo”, afirmó Tapia. La empresa, en un comunicado, niega que su actividad haya afectado al acuífero y obvia que haya realizado sondeos sin permiso.

¿Cumplirá una empresa que  ya se ha saltado la ley? Los ecologistas ni lo dudan, dicen que no y por eso piden más: “No basta con paralizar el drenaje, hay que paralizar el proyecto en su totalidad porque hay muchas más irregularidades, como los vertidos al Guadalquivir; no hay que esperar a que se produzca una gran catástrofe, ahora que estamos a tiempo”, denunció el coordinador de Ecologistas en Acción-Sevilla, Isidoro Albarreal. Desde 2003, la organización ha llevado a los tribunales el proyecto de Las Cruces en siete ocasiones. Una de las denuncias, pendiente de sentencia en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, se refiere en concreto al sistema de inyección-drenaje.

 

Este mecanismo fue impuesto como condición inexcusable para preservar el acuífero, ya que, para llegar hasta el mineral, hay que sobrepasarlo. “Ni se puede mermar la calidad del agua, ni se puede detraer más cantidad de la que se reinyecta”, explicó ayer el comisario de Aguas de la CHG, Javier Serrano. Y ni lo uno ni lo otro se está cumpliendo: aparte de la leve contaminación producida por los sondeos ilegales, los técnicos han comprobado un desequilibrio que supone una pérdida de unos 10 litros por segundo.

“Hemos abierto un proceso de revisión de la autorización a la mina, que finalizará en breve, puesto que acaba de cerrarse la fase de alegaciones de la empresa”, añadió Serrano. ¿Se clausurará la mina definitivamente? “Si no pudieran buscarse alternativas técnicas, se tapa el agujero y aquí no ha ocurrido nada; la mina no está en funcionamiento, no hay nada irreversible”. Nada que ver con el desastre de Aznalcóllar, insiste la CHG.

Justo en el décimo aniversario, hace sólo unos días, la Junta de Andalucía respondió sobre este mismo proyecto: “Cuenta con avales jamás vistos en Europa; además, no hay balsa; tenemos la experiencia de Aznalcóllar y no vamos a equivocarnos”.

Las advertencias de los ecologistas, como en el caso de Aznalcóllar, no son recientes. Hace un año, y tras una reunión con la CHG, Ecologistas en Acción pidió por escrito la “revocación” de la autorización y la “suspensión cautelar urgente por inminente peligro de daño irreversible” al acuífero Niebla-Posadas de todas las operaciones mineras. Un mes más tarde, y después de un segundo encuentro, la organización volvió a presentar por escrito sus reivindicaciones.

La respuesta no llegó. Y los ecologistas, hace poco más de un mes, emprendieron un contencioso administrativo “contra el silencio de la administración” y “contra el grave incumplimiento de la autorización del sistema de drenaje-inyección”. Hoy, volvieron a lamentar la actuación de las administraciones públicas y criticaron que, un año más tarde, siguen sin obtener información sobre el Plan de Contingencias obligatorio para caso de roturas. Ya dudan, incluso, de que exista.

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