En la reciente Conferencia Política del PSOE las referencias más aplaudidas por los presentes fueron las de la laicidad y las del aborto. Si por ellos fuera el Gobierno denunciaría los acuerdos con la Iglesia y modificaría la Ley del Aborto. La cuestión es que los que estaban presentes en ese acto eran las bases y los cuadros del partido, no los votantes que precisan el 9-M para ganar las elecciones.

Fuentes de La Moncloa aclaran que el Gobierno no prevé denunciar el Concordato ni romper el acuerdo de financiación suscrito recientemente con la Iglesia católica por María Teresa Fernández de la Vega. La vicepresidenta ha mantenido estos días varias conversaciones con destacados miembros de la jerarquía eclesiástica, les ha trasladado el malestar por la nota sobre las elecciones, pero no ha hecho ni el más mínimo amago de cuestionar alguno de los acuerdos. Ni ahora, ni probablemente después de las elecciones.

Hasta 2009 no está previsto que la Conferencia Episcopal entregue la primera memoria económica que le obliga a elaborar el último acuerdo suscrito. Tendrá datos de ingresos en 2008, primer ejercicio completo de aplicación del pacto y hasta entonces como mínimo será imposible revisarlo.Esas fuentes explican que al PSOE le ha venido bien estirar al máximo la polémica con los obispos, para movilizar a los suyos como reacción a las posiciones más extremas.

No obstante, fuentes socialistas explican que hay un evidente peligro de sobreactuación y de convertir en objeto de controversia la reacción del Gobierno, en lugar de los excesos de los obispos que la motivaron. Por eso, la instrucción desde La Moncloa es que se evite pedir o sugerir la ruptura de los acuerdos con la Iglesia católica, aunque pueda mantenerse la polémica hasta el día de las elecciones. De hecho, el asunto volverá a estar presente en la recta final de la campaña cuando, días antes del 9-M, sea elegido el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal. Es posible que sea elegido el sector más duro de la cúpula de la Iglesia, es decir, el que ha emitido los mensajes que han irritado a los socialistas.

El PP ha conseguido ponerse de perfil y casi todos han cumplido la orden de evitar el asunto, al haber constatado desde el primer día que la polémica no le conviene, porque le identifica con ese sector más ultra y porque le cambia la agenda.