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1.200 euros. Es lo que le ha costado al Ayuntamiento de Motril (Granada) 15 billetes de autobús con destino a Rumanía. Los beneficiarios, varias familias de gitanos rumanos con niños incluidos, vivían en un asentamiento chabolista en el barrio de la Rambla de los Álamos. Los vecinos se venían quejando desde hacía meses, no los querían cerca de sus casas por su conducta supuestamente agresiva y el ayuntamiento acordó en un pleno, el pasado 29 de octubre, desmantelar el campamento, en el que había unas 50 personas entre rumanos, españoles y marroquíes.

'Las chabolas estaban en suelo municipal en unas condiciones lamentables. Ellos nos dijeron que no tenían medios para irse, llegamos a un acuerdo y les compramos los billetes para ayudarles a irse a su país de origen', afirmó a Público un portavoz del ayuntamiento, gobernado por el PP.

El desmantelamiento recuerda a las deportaciones emprendidas en Francia por Nicolas Sarkozy y se produce en mitad de la intensa campaña contra la inmigración ilegal desarrollada por el PP en Catalunya, cuyo último capítulo se resumió en un videojuego, ya retirado, en el que 'por error' se invitaba a liquidar a los inmigrantes ilegales.

En el asentamiento permanecían ayer tres personas también de nacionalidad rumana, que habían rechazado la 'oferta' consistorial. Varios miembros de ONG y de IU se desplazaron hasta el lugar para impedir la demolición de la chabola de esta familia, que 'no se quiere ir porque tiene trabajo', aseguró Francisco Torcuato, de la Plataforma por la Justicia Social, implicada en la defensa de este colectivo, informa Europa Press. Del resto de personas instaladas en el campamento, de nacionalidad española y marroquí, nada sabe el consistorio. 'Ellos no han querido nuestra ayuda', añadió el portavoz municipal.

Las ONG han puesto el grito en el cielo ante lo que consideran una 'expulsión encubierta disfrazada de retorno voluntario' y una 'etnificación' del problema similar a las medidas de Francia. 'Han optado por la solución más fácil. ¿Por qué no les han pagado los billetes a sus ciudades también a los españoles que había en el campamento?', se pregunta irónicamente Natalia García, coordinadora de inmigración de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH). García denuncia, además, un acoso hacia el colectivo: 'Pasaban coches con altavoces exigiendo que se fueran y los amenazaban con quitarles a los niños si no lo hacían'.

En un comunicado, varias organizaciones sociales destacan que este tipo de actuaciones 'son inaceptables y fomentan las actitudes racistas y xenófobas. Además, violan los derechos humanos y dan continuidad a las inadmisibles expulsiones de personas romaníes comenzadas por Francia, Gran Bretaña y Alemania'.

El concejal de Interior y Seguridad Ciudadana, José García Fuentes, insistió ayer en que todo el proceso se ha desarrollado desde la más estricta legalidad: 'Se ha seguido el procedimiento habitual de desahucio administrativo y este no responde a ninguna cuestión de nacionalidad', aseguró García Fuentes, informa Efe. Según el edil, varias máquinas ya han limpiado el lugar donde se ubicaba el asentamiento y ha sido retirada la basura acumulada.

El autocar partió el pasado lunes y, según el ayuntamiento, hacía parada en Madrid. 'Estas personas pueden incluso haberse bajado del autobús e instalarse en otra ciudad. El autobús no es un avión que sale de un sitio y llega a otro. No están obligados ni detenidos, no los acompaña la policía, faltaría más. El ayuntamiento ha querido quitarse el problema de encima rápidamente y ha trasladado la exclusión a otro lugar; es una decisión vergonzosa', reflexiona la coordinadora de Pro Derechos Humanos de Andalucía.

Fuentes del Consulado General de Rumanía en Sevilla precisaron a Efe que se trata de un 'caso excepcional' de 'retorno voluntario', resultado de la 'estrecha colaboración' que existe entre este organismo y el Ayuntamiento de Motril, con el que tienen firmado un acuerdo para ofrecer servicios consultares itinerantes.

La situación es especialmente grave por los menores que convivían en el grupo. Según el propio ayuntamiento, los niños no iban a la escuela y vivían entre basura. La Junta de Andalucía conoció el caso a finales de octubre por una 'vía distinta' a la municipal. 'Pedimos al Ayuntamiento un informe sobre el caso, si efectivamente había menores y en qué condiciones se encontraban, pero no nos respondieron', explicaron ayer a Público fuentes de la Consejería andaluza para la Igualdad y el Bienestar Social. A principios de noviembre, la Administración autonómica volvió a reclamar el informe. 'Y el silencio se ha mantenido hasta la fecha', añaden en la consejería. Fuentes del ayuntamiento, sin embargo, aseguran que fue al revés: 'La Junta no nos ha ayudado'.

Las ONG también se quejan de la falta de transparencia en torno al desmantelamiento del campamento. El pasado 5 de noviembre, APDHA, Motril Acoge y la Asociación Gitana Anaquerando ofrecieron por escrito al alcalde y diputado del PP en el Parlamento andaluz, Carlos Rojas, su colaboración para ayudar a estas familias y reclamaron medidas alternativas, como la integración laboral, la búsqueda de alojamientos o la escolarización de los niños.

'Exhortamos al Ayuntamiento de Motril que cumpla con la legalidad. Que cuente y presente todos informes pertinentes antes de decidir la conveniencia del desalojo. Que, en caso de que fuera necesario, lo comunique adecuadamente por escrito (como establece la ley) y establezca los plazos que la ley estipula para realizar dicho desalojo. Y que ponga en marcha las alternativas sociales pertinentes', rezaba el escrito. Según las ONG, 'un desalojo que no incluya actuaciones sociales en paralelo sólo puede empeorar la situación de exclusión en la que viven estas familias, de gran vulnerabilidad social'.

El ayuntamiento tampoco respondió a estos colectivos. 'Sería un descaro que les buscásemos casas a esta gente, que tira contenedores y roba, que comete ilegalidades, y que no ayudemos a los miles de motrileños que se han quedado en la calle por no poder pagar la hipoteca de sus casas', argumentan fuentes municipales, que insisten, no obstante, en que se les ha dado de comer y se les ha prestado asistencia hasta que cogieron el autobús con destino a su país de origen.

Según un informe del Defensor del Pueblo Andaluz, distintas oleadas de inmigrantes latinoamericanos y de países del Este europeo se han incorporado recientemente a la provincia de Granada, y los últimos en llegar han sido los rumanos que, en poco tiempo, se han situado en el 'grupo de cabeza'.

Esta actuación concreta de Motril, acostumbrado al drama de la inmigración con la llegada constante de pateras, dista bastante del programa de integración seguido en otros consistorios andaluces, como el de Córdoba, que trabaja con la colaboración de Cruz Roja y la Fundación Secretariado Gitano.

Recientemente, y haciendo referencia expresa a las deportaciones de Sarkozy, los defensores del pueblo europeos alertaron del incremento de la xenofobia: 'Europa está negando derechos a las personas más vulnerables, como son los inmigrantes y los gitanos procedentes de Rumanía', afirmó el comisario europeo por los derechos humanos, Thomas Hammarberg, en Barcelona.