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Muchas incógnitas aún por resolver

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¿Cuántos imputados tiene el caso?
Una semana después de destaparse el caso, el juez Baltasar Garzón había imputado a 37 personas. Luego, la cifra fue creciendo y llegó a superar los 100. Actualmente siguen imputados en la causa alrededor de 90 personas.

¿Quiénes siguen en la cárcel?
Sólo el cabecilla, Francisco Correa, y su mano derecha, Pablo Crespo. El juez acaba de prorrogar la prisión preventiva del primero al considerar que el riesgo de fuga 'no ha mermado en modo alguno', justo cuando vencían los dos años establecidos como límite ordinario antes de juicio. A Crespo le rebajó el viernes la fianza impuesta, que pasa de 1,2 millones a 600.000 euros.

¿Qué políticos mantienen la imputación?
Son una veintena, todos vinculados en su momento al PP. Ninguno de los imputados en Madrid tiene ya el carnet del partido, aunque algunos se mantienen como concejales o diputados. En Valencia, todos los dirigentes del PP imputados mantienen su escaño o puesto en el Gobierno, empezando por el presidente, Francisco Camps. En Castilla y León, está involucrado José Manuel Fernández, presidente de la Cámara, a la espera aún de la calificación del Alto Tribunal autonómico.

¿Cometió el PP delito electoral?
Los informes policiales sostienen que sí y tanto la Fiscalía como el TSJM han confirmado la solvencia de las investigaciones. El delito de financiación ilegal de campañas electorales se cometió presuntamente varias veces: en Galicia, movió entre 1996 y 1999 al menos 3,1 millones de donativos ilegales no declarados. En Madrid, fueron 1,3 millones a través de Fundescam en 2003 y 2004. Y en el País Valencià, al menos 3,3 millones en 2007 y 2008. En Galicia y Madrid el delito estaría ya prescrito. Pero en Valencia, no.

¿El problema de Camps son sólo los trajes?
De momento, sí. En la instrucción que el juez José Flors ha dado por concluida lo está por cohecho impropio, que se aplica cuando se aceptan regalos ofrecidos por la condición del cargo. Todo apunta a que el juicio se abrirá antes de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 22 de mayo. Pero aquí no acaban los delitos por los que se investiga al presidente. En su auto de inhibición del pasado mayo, el juez instructor en Madrid, Antonio Pedreira, sugiere que la ‘causa de los trajes' se una al resto que afecta a esta comunidad, en la que se investigan siete delitos, incluyendo el de cohecho, prevaricación y delito electoral. El Alto Tribunal valenciano decidirá ahora los pasos siguientes.

¿A qué cargos y penas se enfrentan?
Las situaciones son muy distintas entre sí y los delitos investigados, muy variados: prevaricación, fraude y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a autoridades o funcionarios públicos, tráfico de influencias, cohecho, revelación de secretos, falsedad documental, malversación de caudales públicos, uso de información privilegiada, asociación ilícita y blanqueo de capitales. Fuentes jurídicas explican que las penas podrían llegar hasta 15 años de cárcel.

¿Por qué no hay una única instrucción?
El caso nació en la Audiencia Nacional, pero la imputación de aforados obligó a desgajar el caso: una parte la asumió el Supremo al afectar a un senador (Luis Bárcenas) y a un diputado nacional (Jesús Merino), pero cuando ambos dimitieron, su dossier recayó en Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que instruye las acciones madrileñas y, en la práctica, el operativo global. La imputación de cuatro aforados valencianos llevó una parte de la causa al alto tribunal de esa comunidad. Y el pasado diciembre, el caso volvió a fragmentarse al remitir a Castilla y León la parte que afecta a esta comunidad por ser aforado José Manuel Fernández Santiago. El Alto Tribunal castellano-leonés aún no ha actuado.

¿Cuándo se celebrará el juicio?
En Valencia, previsiblemente muy pronto en el caso de cohecho impropio por los trajes, pero el Alto Tribunal aún no ha decidido qué hará con el resto, mucho más grave. En Madrid es muy probable que Pedreira deje la instrucción coincidiendo con las elecciones autonómicas al perder el aforamiento los diputados imputados, expulsados del PP. En Castilla y León, el Alto Tribunal aún no ha dado ningún paso. El Tribunal Superior valenciano y el castellano-leonés mantendrán el caso tras los comicios porque los aforados involucrados volverán a ser electos.

¿En qué momento dejará el caso el juez Pedreira?
Aún existen posibilidades de que Pedreira concluya la instrucción antes de los comicios, aunque remotas. El juez trabaja con la hipótesis de que deberá inhibirse el 29 de marzo, cuando entre en vigor el decreto de convocatoria electoral y pierdan su condición de diputados los imputados expulsados del PP. Otros juristas sostienen que la condición de diputado no se pierde hasta que se constituya la nueva Asamblea. Es decir, en junio.

¿A dónde irá la causa si la pierde el TSJM?
Dependerá del auto de inhibición del juez Pedreira. Lo más probable es que vuelva a la Audiencia Nacional, de donde surgió. Para ello, el auto debe incluir el delito de asociación ilícita o al menos de blanqueo de capitales en varias comunidades autónomas y en el extranjero. En el muy improbable caso de que no incluya ni siquiera blanqueo de capitales, recaería en un juzgado de instrucción.

¿Hay peligro de prescripción?
Algunos delitos ya han prescrito: el fiscal lo hace a los cinco años; el electoral, a los tres. En ambos casos, algunas de las operaciones datan de finales de los años noventa. Pero otros delitos investigados -como el de cohecho- prescriben a los diez años. En cualquier caso, la apertura de la investigación concreta paraliza el tiempo a contar para la prescripción.

¿Recuperará Hacienda el dinero evadido?
Este es uno de los grandes objetivos de Pedreira, que ha recibido recientemente un inventario de los bienes de la trama para subastarlos. Las comisiones rogatorias han permitido bloquear 21 millones entre Suiza y Mónaco y se sigue la pista de otros 30 millones en EEUU. La colaboración de las autoridades es sin embargo muy dispar: magnífica en EEUU, donde hay una investigación específica, y aún nula en sitios clave como Caimán, Man, Nevis y Holanda.