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El mundo rural no quiere quedarse sin carteros

Fomento no asegura el reparto a las casas diseminadas

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Lourdes Prats y José María Estupiñá viven en una masía del interior de Castellón. Nunca han recibido la correspondencia a domicilio, a pesar de que ese es un derecho universal. El cartero les deja el correo en la fábrica de quesos donde ella trabaja o en el pueblo de al lado, Catí. Hasta hace ocho meses, podrían haber exigido que los certificados, reembolsos y envíos les llegaran a la puerta de su Mas Vell, en el que viven todo el año gracias a las vacas y al alquiler del flamante piso superior de la masía como alojamiento rural. Pero, desde mayo, ya no les asiste la ley.

La culpa es de un decreto que ha levantado las críticas de asociaciones y sindicatos agrarios, sobre todo de Galicia. Elaborado por el Ministerio de Fomento, suprime la obligatoriedad de llevar las cartas a las viviendas situadas a más de 250 metros de una carretera por la que pase algún servicio público. Esta medida se ha convertido en todo un símbolo de la dejadez de las administraciones hacia el mundo rural.

Desigualdades

'Llevamos años luchando por acceder a Internet y ahora nos quitan el correo', se queja Carmen Comadrán, del colectivo Abraza la Tierra. Su frase resume el malestar de quienes han hecho de la revitalización del mundo rural su bandera. 'Sabemos que no podemos igualarnos a quienes viven en la ciudad en infraestructuras', razona Joaquín Lozano, miembro de la misma asociación, 'pero precisamente por eso debemos tener igualdad de servicios. En nuevas tecnologías o telefonía móvil, por ejemplo, somos los últimos y siempre con ofertas menos ventajosas'.

La expresión 'igualdad de servicios' resume las reivindicaciones del entorno rural. Se pide a las administraciones una 'discriminación positiva', en palabras de Lorenzo, sobre todo en materia de comunicaciones.

Más Internet traería consigo el teletrabajo, y no son pocos los que tomarían la decisión de establecerse en el ámbito rural si allí pudieran seguir ejerciendo su profesión. Por eso, entidades como Fademur (Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales) se dedican a buscar 'nuevos yacimientos de empleo', según su presidenta, Teresa López. 'No sólo es el trabajo a distancia, el turismo o la hostelería', añade, 'además tenemos por delante la aplicación de la Ley de Dependencia, que dará lugar a 300.000 trabajos en el entorno rural'.

En este contexto, el nuevo decreto del Ministerio de Fomento ha caído como un jarro de agua fría. Ante las críticas, Correos se defiende. Afirma que la medida trata de 'mejorar el servicio' y que se ha hecho pensando en las nuevas urbanizaciones, aún sin señalizar, que han brotado como champiñones en toda España.

Pérdida de puestos de trabajo

Correos también añade que sólo se aplicará previa negociación con los usuarios y con el visto bueno del Ministerio. Pero lo cierto es que, según Manuel Anxo Álvarez, del sindicato gallego CIG, 'la medida deja sin cobertura legal a quienes pretendan vivir en el campo y recibir un servicio de calidad, de acuerdo a los impuestos que pagan'. Si quieren las cartas en su casa y establecen una negociación con los servicios postales, gana la banca. Es decir: gana Correos. Además, 'están en peligro, sólo en Galicia, 400 puestos de trabajo. Este decreto mira a la futura privatización de la empresa, para hacerla más apetecible'.

Los portavoces de las asociaciones coinciden en mirar a Francia para argumentar el rechazo a esta medida: 'Allí se ha dado más poder a los carteros: pueden transportar medicinas, por ejemplo', señala Teresa López. Para ella, mantener el servicio integral de Correos es una batalla más en la guerra por salvar la forma de vida rural. 'Es importante para todos: mantener el entorno cuidado y evitar incendios o preservar el paisaje. La biodiversidad no puede salir gratis', concluye.

El 90% del territorio, en el que vive el 20% de la población. Así define su ámbito de trabajo la Ley para el desarrollo sostenible del mundo rural, publicada el pasado 13 de diciembre. Fue el último texto legal aprobado en la pasada legislatura y uno de los más esperados tras años de reclamaciones de sindicatos agrarios, grupos de acción local y asociaciones relacionadas con la vida en los pueblos pequeños. 

El objetivo principal de la ley es “mantener y mejorar” la población de los pueblos. Para ello, obligará a los poderes públicos a garantizar todos los servicios públicos de forma “adecuada y suficiente”, especialmente en materia de telecomunicaciones o transportes; favorecer el arraigo de los funcionarios, facilitar la vivienda a los jóvenes; aplicar la Ley de Dependencia o promover la llegada de inmigrantes. ¿El instrumento? La coordinación de todas las administraciones, que a partir de ahora tienen la tarea de desarrollar este conjunto de buenas intenciones.

 

Abraza la tierra, una asociación que asesora a los nuevos pobladores.