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Murcia también derivará los abortos a otras autonomías

Andalucía es el único territorio que ya cumple la nueva normativa al 100%

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Murcia sigue marcando el paso entre las comunidades autónomas gobernadas por el PP en el boicot conservador a la nueva Ley del Aborto. La Consejería de Sanidad murciana anunció ayer su decisión de emular a Navarra y derivar a otras autonomías a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo en la región.

Además, el consejero murciano de Política Social, Mujer e Inmigración, Joaquín Bascuñana, declaró a Efe que 'el aborto no es la única alternativa' y se mostró partidario de la 'entrega voluntaria' del bebé a otra familia.

Según fuentes de Acai (Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo), en Murcia se da una de las paradojas más curiosas del país: antes de la implantación de la nueva ley, la región contaba con cinco clínicas concertadas. Sin embargo, ahora se han negado incluso a ofrecer los sobres informativos, que son obligatorios para que la mujer pueda abortar voluntariamente. Murcia cuenta, asimismo, con la mayor tasa de abortos del país: 16,59 interrupciones por cada 1.000 mujeres.

Otras comunidades, sobre todo las gobernadas por el PP, siguen cometiendo irregularidades en el cumplimiento de las disposiciones legales de la norma. Es lo que ocurre, por ejemplo, en Galicia y Castilla y León, que ofrecen a medias la información necesaria para abortar, y en Madrid, que sigue sin concretar sus conciertos con las clínicas ginecológicas.

Por otro lado, Andalucía es la única autonomía que cumple al 100% con todas las disposiciones legales. Desde el primer día, los centros sanitarios andaluces disponen de los sobres informativos completos. La sanidad andaluza ha instaurado un modelo de concertación con las clínicas que permite a las mujeres abortar sin anticipar ni un solo euro. Además, dispone de cuatro comités clínicos (los encargados de determinar si una mujer puede o no abortar a partir de las 22 semanas de gestación), a pesar de que la ley sólo exige uno.

Según los datos de Acai, Asturias, por su parte, es la segunda comunidad que mejor se está adaptando a la ley, seguida de Catalunya.