El ex vicepresidente del Consell de Mallorca, Miquel Nadal (UM), aseguró este viernes ante el juez que la actual presidenta del Parlament Balear, Maria Antònia Munar, le entregó 300.000 euros en efectivo en el coche oficial para comprar la mitad de las acciones de Video U, una de las productoras que están siendo investigadas dentro del caso 'Maquillaje' por un presunto desvío de fondos públicos a través de estas empresas.

En la segunda comparecencia del imputado Miquel Nadal, en el marco de la Operación Maquillaje -que está siendo investigado por el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Palma, Juan Ignacio Lope Sola, y el fiscal anticorrupción Juan Carrau-, Nadal modificó la versión que ofreció el pasado 16 de diciembre, en la que asumió la responsabilidad de varias de las irregularidades investigadas en la causa.

En cambio, ahora mantiene que fue él, junto a los también imputados Víctor García y Miquel Sard, quienes pagaron los 300.000 euros en efectivo en su propio despacho para la adquisiciones de las acciones, después de que Munar, también imputada, le comunicase que 'había que buscar gente próxima a UM para comprar esas acciones' y, posteriormente, le entregase la cantidad en el vehículo oficial mientras se desplazaban de Inca a Palma. Una cifra que, pese a desconocer si era dinero negro, procedía de los fondos de UM, dijo.

En la comparecencia, que giró en torno a su relación con esta productora, Nadal incidió en que la intención era impulsar un medio de comunicación afín a UM, aunque aclaró 'que no pretendía obtener beneficio económico'. Video U resultó adjudicataria del proyecto para la puesta en marcha de Televisió de Mallorca por más de cuatro millones de euros.

Nadal, que el pasado miércoles anunció su dimisión de este cargo y el abandono de la vida política, se refirió también a dos subvenciones de 120.000 euros que aprobó el Consell a Vídeo U por la emisión del programa Temps d'Esport, espacio que según las investigaciones resultó inexistente. Sobre este aspecto, uno de los principales elementos investigados en la causa, el regidor de UM asumió 'todas y cada una de las responsabilidades' derivadas de estos pagos, ya que dependían del departamento de comunicación, que 'funcionalmente dependía de mi persona'.

Sin embargo, apuntó que no tenía conocimiento de que no se hubiera emitido. Respecto al resto de subvenciones que se han tramitado tanto a Vídeo U como a otra de las productoras investigadas, Studio Media, aseveró que fueron 'bien otorgadas' y las irregularidades administrativas surgidas 'se fueron corrigiendo cada vez en su momento'. 'Son contratos en los que intervienen muchos funcionarios que merecen todo mi respeto y que no hubieran permitido jamás que se hubiesen otorgado contratos con irregularidad alguna', espetó el ex conseller.

Nadal recordó que durante las semanas previstas a las elecciones municipales de 2007, en las que concurrió como candidato de Unió Mallorquina a la alcaldía de Palma, la productora realizó trabajos para la campaña electoral 'que no se cobraron'. En concreto, se trataba de un vídeo de seguimiento de la campaña, dos spots publiciarios y el seguimiento de sus mítines, que fueron '21 ó 28'.

Del mismo modo, Nadal aportó en su comparecencia la creación, en 2006, de una red de colaboradores de UM Palma, denominada Sa Xarxa, que dirigía el ex conseller de Deportes y Juventud, Mateu Cañellas. Al respecto, asumió la responsabilidad 'total, íntegra y absoluta' de las contrataciones que se realizaron, un total de 14 que cobraban por Vídeo U, para que integrasen esa red, ya que entonces era candidato de UM a la alcaldía de Palma Y 'beneficirio' del trabajo que realizaban.

Esta declaración se produjo después de que tres ex directivos de Video U, Miquel Oliver, su ex mujer, Luisa Almiñana, y Ramón Rullan, confesaran este viernes en contra de Nadal y de Munar, al responsabilizar a ambos de las irregularidades cometidas en la pasada legislatura desde el Consell de Mallorca mediante subvencones a personas próximas a UM.

Nadal se encuentra en libertad bajo fianza de 100.000 euros por otro procedimiento, la Operación Voltor, mientras que también está imputado en el caso Can Domenge, que investiga las presuntas irregularidades cometidas en torno a la venta de estos solares palmesanos por parte del Consell por 30 millones de euros, la mitad de su valor en el mercado.