Ni la Policía, ni el juez, ni la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, ni siquiera Instituciones Penitenciarias fueron capaces de advertir el riesgo que corría Susana, asesinada por su expareja el pasado martes en Málaga. El caso de la undécima víctima de violencia machista en lo que va de año provocó ayer un cruce de acusaciones entre diversas administraciones centradas en la negligencia de los sistemas de protección de las víctimas de violencia de género.

La mujer había solicitado el pasado julio el servicio de teleasistencia para víctimas de la violencia de género. A pesar de que un juez había codenado a su expareja por dos delitos de amenazas y uno de maltrato, la empresa encargada de prestar la teleasistencia móvil, Eulen, le denegó el servicio.

La directora del Área de Igualdad de Oportunidades del Consitorio, Gema del Corral, aseguró por la mañana que esta petición tenía toda la documentación requerida para estos casos. Sin embargo, la Comisión de Seguimiento del Ministerio de Igualdad y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) rechazaron la solicitud. 'A nosotros no nos dan explicaciones de por qué se deniega', apuntó Del Corral, quien destacó que el Ayuntamiento 'no valora la idoneidad del recurso, sino que se limita a tramitar la solicitud' y esta comisión 'no requirió ningún tipo de comunicación accesoria', añadió. Corral negó cualquier responsabilidad de su administración y subrayó que los técnicos del Ayuntamiento calificaron el caso de Susana como 'urgente'. Añadió además que el Gobierno remitió el pasado junio una circular que pedía limitar el servicio de teleasistencia.

El delegado del Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente, se apresuró ayer a aclarar que la solicitud de la víctima no fue denegada, sino que 'hubo un error en el formato'. Lorente también explicó que la circular que llegó al Ayuntamiento de Málaga ordenaba que 'no se dieran altas automáticas' sin antes comprobar que la víctima estaba en un programa de seguimiento. 'El Ayuntamiento de Málaga está instrumentalizando una muerte y quitando importancia a la responsabilidad del agresor', sentenció Lorente.

El servicio de teleasistencia consiste en un teléfono móvil con conexión directa a 'un centro de control especializado en la recuperación de víctimas de violencia de género', aclaró Lorente, quien insistió en que 'no se trata de un sistema de protección, sino de recuperación'.

Las pulseras, en cambio, sí que 'sirven para proteger a las víctimas', apuntó Lorente. Esta medida se pone en marcha en casos de 'riesgo alto' y es el juez quien debe autorizarla. Susana había conseguido el año pasado una orden de alejamiento de su agresor, pero el Cuerpo Nacional de Policía consideró que tenía un 'riesgo bajo' de sufrir otro ataque por parte de su expareja.

Aun así, la resolución del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número tres de Málaga declara probado que la pareja estaba separada desde abril de 2010 y que el 6 de julio de ese año el agresor llamó por teléfono y amenazó a la víctima diciéndole a la madre de esta: 'Ya lo tengo todo perdido, yo iré a Alhaurín [la cárcel provincial de Málaga], pero a ella me la llevo por delante', informa Europa Press. Esa misma tarde, José R. siguió con sus amenazas, esta vez por correo electrónico y dirigidas a Susana: 'No sigas jugando conmigo, que la próxima vez no vas a escapar de una pieza, que yo sé que mi futuro está en Alhaurín'.

Por estas amenazas y por agredirla en una ocasión agarrándola del cuello de la camisa para empujarla, José R. fue condenado a 14 meses de prisión. Además, la juez prohibió al hombre acercarse a menos de 500 metros de su víctima. La sentencia contemplaba asimismo que la pena de cárcel podía suspenderse si el presunto agresor cursaba el Programa de Intervención en Violencia de Género. La Ley de Violencia de Género prevé este plan formativo, que gestiona Instituciones Penitenciarias, para personas sin antecedentes penales cuando la pena es inferior a dos años de cárcel.

El supuesto asesino de Susana había recibido nueve sesiones de este programa en el Centro de Internamiento Social (CIS) de Málaga. Desde el pasado noviembre, José R. acudió 'con total normalidad' a nueve clases, sin faltar ni un día y sin tener ningún comportamiento sospechoso, según fuentes de Instituciones Penitenciarias. El objetivo de estos programas, de nueve meses de duración, es que los agresores aprendan a controlar sus impulsos violentos. Los psicólogos inciden, mediante terapias de grupo y seguimientos individualizados, en aspectos como el respeto, la igualdad y el reconocimiento del daño.

El clima de tensión institucional de ayer no evitó que unas 300 personas se concentraran por la mañana en el instituto donde Susana dejó, minutos antes de morir asesinada, a su hija en la barriada de El Palo. Por la tarde se celebró otra concentración en la Plaza de la Constitución de Málaga a la que acudió un centenar de personas, entre ellas representantes de todas las instituciones.