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Nadie quiere gestionar la casa de acogida de víctimas de la violencia machista de Ourense

El Ayuntamiento declara desierto por falta de ofertas el concurso para la adjudicación del servicio por 100.000 euros al año, pero descarta recuperar la administración pública de un centro que administra desde hace años una orden religiosa

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El alcalde de Ourense, Xesús Vázquez Abad, y la concejal de Hacienda, Ana Fernández Morenza, en la presentación de los presupuestos municipales.

El Ayuntamiento de Ourense no se plantea recuperar la gestión pública de la casa municipal de acogida de mujeres víctimas de violencia machista, a pesar de que ninguna empresa ha presentado ofertas para obtener la adjudicación de un servicio que presta desde hace años una fundación religiosa vinculada a la Iglesia Católica.

El pasado miércoles, la junta de Gobierno local declaró desierto el concurso, que abrió a principios del mes pasado con un valor estimado de 100.000 euros anuales más el impuesto sobre el valor añadido (IVA) y un plazo de dos años prorrogables por el mismo período.

El alcalde, el ex conselleiro de Cultura y Educación de la Xunta y ex diputado Jesús Vázquez, del Partido Popular, asegura que se convocará un nuevo procedimiento antes de que expire el contrato que mantiene el Consistorio con la Fundación Amaranta, gestionada por monjas y personal de la orden de las Adoratrices, para que se pueda garantizar la continuidad del servicio a partir del mes de junio, cuando termina la última de las prórrogas del convenio actual que, por ley, no pueden renovarse otra vez.

Vázquez descarta sin embargo que el Ayuntamiento se plantee remunicipalizar la atención a las víctimas de la violencia machista de la ciudad, dado que hacerlo, según explicó en declaraciones a la prensa local, tiene “un coste elevado y harían falta instalaciones adecuadas” para acoger tanto a las mujeres como a los menores a su cargo. La oposición sí ha pedido al regidor que recupere la tutela pública del centro, como sucede en el resto de las grandes ciudades gallegas, dotándolo de personal especializado y de un presupuesto adecuado a sus necesidades y a la relevancia de su función.

La casa de acogida tiene 15 plazas y un período de estancia para las beneficiarias de tres meses, y en el último año registró una ocupación media de casi el 99%. En el año 2017, las denuncias por maltrato de género registradas en los juzgados ourensanos se incrementaron un 27%, según datos del Consejo General del Poder Judicial, hasta situarse en cerca de mil. Es decir unas tres denuncias al día.

Las monjas adoratrices de la Fundación Amaranta llevan varios años administrando el centro, donde las víctimas de maltrato y sus familias reciben alojamiento, manutención y apoyo integral. La Fundación ya había descartado presentarse al concurso convocado por el Ayuntamiento a finales del año 2013, cuando se licitó el servicio por un precio de 90.000 euros más IVA. Pero decidió seguir al frente del mismo cuando aquél también fue declarado desierto, y lo sigue haciendo desde entonces mediante sucesivas prórrogas en el contrato.

En cada una de ellas el Ayuntamiento ha alegado su satisfacción con la labor de las monjas. También la oposición municipal, que, sin embargo, alega que el presupuesto es muy reducido (las cuentas municipales del 2017 ascendieron a más de 100 millones de euros) y no permite que ninguna empresa pueda asumir el contrato sin arriesgarse a reducir la calidad del servicio o incurrir en pérdidas.

Ourense en Común, la plataforma ciudadana vinculada a En Marea y Podemos que cuenta con tres de los 27 ediles del pleno, planteó el año pasado la necesidad de recuperar la gestión pública directa de la casa, para evitar que la asistencia a las víctimas de violencia machista en la ciudad esté en manos de una orden religiosa y dependa así “de la beneficencia”. De hecho, la formación alega que si las monjas adoratrices pueden ajustarse al presupuesto es en buena medida porque la mayoría de las horas de trabajo se imputan a una parte de la plantilla que no cobra salario alguno.

Según fuentes municipales, el Ayuntamiento procederá a sacar de nuevo concurso la gestión de la casa, y aunque admiten la posibilidad de que se modifiquen las condiciones técnicas del nuevo contrato, no aclaran si entre esos cambios figurará un incremento del precio. Tampoco qué sucederá en el caso de que el procedimiento quede desierto de nuevo y las monjas decidan no seguir gestionándola.