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Un nido de espías en la Corte de Esperanza

La batalla por el poder y las sospechas sobre las adjudicaciones públicas del vicepresidente de la Comunidad de Madrid provocan una guerra en el PP donde se lucha a golpe de ‘dossier’

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En la tarde del 30 de enero, los empresarios Enrique Sánchez y Pedro Antonio Martín Marín quedaron para jugar al mus en la cafetería Stars, junto al estadio Santiago Bernabeu. Como todos los viernes. Aunque éste era un poco especial, ya que ambos llevaban varios días saliendo en la prensa, en relación con las tramas de espionaje y presunta corrupción organizadas en la Comunidad de Madrid.

La culpa es de un viaje a Suráfrica realizado en marzo de 2008, al que Enrique Sánchez y Pedro Antonio Martín Marín se llevaron al hombre más poderoso de la Comunidad de Madrid: Ignacio González, número dos de Esperanza Aguirre, que lleva un lustro controlando las principales adjudicaciones del Gobierno regional.

Una reproducción de los billetes de aquel vuelo a Johannesburgo salió publicada en El País el pasado 20 de enero, junto a otras imágenes de Ignacio González durante una visita a Cartagena de Indias (Colombia). Forman parte de un dossier sobre el vicepresidente madrileño, en el que se afirma que tanto su viaje como el de su esposa habían sido abonados por Enrique Sánchez en agradecimiento por las adjudicaciones públicas recibidas. González sostuvo que pagó en metálico los 8.000 euros, porque le 'venía bien', y aseguró que nunca adjudicó 'nada' a dicho empresario.

Pero la mentira no llega lejos. Dos días después, Público desveló que González le había adjudicado un contrato de 33 millones de euros a Segurisa, una de las principales sociedades de Enrique Sánchez.

Y el asunto se agravó cuando, una semana más tarde, este diario reveló la existencia de un detallado informe de 69 folios sobre el patrimonio y las adjudicaciones sospechosas del vicepresidente, que ha sido manejado en la cúpula del PP.

Los servicios policiales de información que están analizando el asunto descartan que funcionarios de la Comunidad se hayan desplazado a Colombia para grabar al vicepresidente. 'Las imágenes se han tomado con un equipo muy básico. Ese trabajo se podría hacer con un simple bolígrafo con cámara camuflada. Así que resulta lógico sospechar que el vídeo fue grabado por alguien que viajaba en la comitiva de González o por la empresa local que se encargó de la vigilancia en Colombia', indican fuentes conocedoras de las pesquisas en el Ministerio del Interior.

En cuanto al dossier de 69 páginas, expertos en temas de seguridad descartan que haya sido elaborado por ex agentes de la Policía o la Guardia Civil y apuntan a alguna empresa privada: 'Cualquier informe de funcionarios policiales empieza con una foto del sujeto investigado y datos sobre si tiene vehículos, antecedentes...'. Justo esa información falta en el dossier, que aporta todo tipo de detalles sobre propiedades, cuentas bancarias, historial laboral o actividades empresariales de González, sus familiares y sus amigos más cercanos. Lo mismo se puede afirmar del informe realizado sobre Ildefonso de Miguel, gerente del Canal de Isabel II y persona de confianza del vicepresidente.

En el PP está extendida la idea de que el espionaje a González en los viajes al extranjero, realizados en 2008, tiene su origen en la batalla entre empresas privadas de seguridad por el negocio de los contratos públicos.

Empresas, eso sí, relacionadas de forma directa o indirecta con políticos de dicho partido. El dossier de 69 páginas, por su parte, fue escrito a finales de 2006 o principios de 2007 y es una investigación destinada a demostrar que el vicepresidente madrileño tiene un patrimonio injustificado y que se beneficia de las adjudicaciones públicas que están bajo su control. El propio González no ha descartado que le haya espiado la dirección del PP.

En resumen, en lo que respecta a González, se puede hablar de la existencia de una trama dentro del partido, que contrata los servicios de investigadores privados, para obtener pruebas que permitan desenmascarar al hombre fuerte de Aguirre.

Los expertos son más reacios a emplear el término espionaje para definir los seguimientos realizados al ex consejero de Justicia de la Comunidad y actual responsable de Exteriores en la Ejecutiva Nacional del PP, Alfredo Prada, y al vicealcalde de Madrid capital, Manuel Cobo: 'Para hablar de espionaje tiene que haber grabaciones, fotografías, investigación patrimonial o personal, pinchazos telefónicos... Y lo publicado son partes de seguimiento propios de un equipo de contravigilancia'.

Parece fuera de toda duda que los partes policiales son reales, ya que tanto Cobo como Prada han corroborado que el contenido coincide con sus agendas, y también que fueron realizados por personal de la Consejería de Interior, puesto que en algún caso dan el nombre de personas que trabajan en el departamento que dirige Francisco Granados.

Otra cuestión es saber si los seguimientos eran legales -como defiende el Gobierno de Aguirre- y si el personal que los realizó era consciente de que podía estar cometiendo alguna irregularidad. Sobre este último punto, agentes que han participado en este tipo de operativos tienen pocas dudas: 'Ni al tipo más tonto del mundo, si sabe que está cometiendo un seguimiento ilegal, se le ocurre escribir en un parte ‘llega el conductor de nuestro director Sergio con el vehículo oficial del mismo'. Y eso figura así en uno de los documentos publicados'.

¿Y la legalidad de los seguimientos? Granados puede explicar con mayor facilidad el caso de Prada, ya que cuando se produjeron los hechos era consejero de la Comunidad, lo que podría explicar que contase con un equipo de contravigilancia. Más difícil resulta defender ese argumento en el caso de Manuel Cobo, ya que el Ayuntamiento tiene sus propios equipos de seguridad.

Claro que, más allá de los seguimientos más o menos legales a determinados políticos, en el sector de la seguridad privada existe la certeza de que en la Consejería de Granados había alguna persona dedicada a encargar trabajos sucios. 'A algún investigador lo llegaron a citar, para su asombro, en un despacho de la Consejería y le plantearon investigar a un político. No aceptó el trabajo, pero salió con la idea clara de que eran bastante chapuzas', explica el dueño de una empresa de investigación.

En el Ministerio del Interior investigan si también se produjeron seguimientos al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, el archienemigo de Esperanza Aguirre. De hecho, en ese departamento circula la versión de que fue el equipo de seguridad del alcalde quien detectó que personal de la Comunidad de Madrid le estaba siguiendo. El descubrimiento se habría producido cuando Gallardón realizaba una visita privada a la localidad de Las Rozas. Esta versión encaja con el convencimiento que tienen algunos dirigentes del PP de que la primera filtración a El País partió del entorno de Gallardón. Una acusación que realizan en privado, ya que públicamente sólo han señalado a Caja Madrid.

'Tenemos enemigos en Caja Madrid que pueden ser autores de lo que pasa', declaró Granados en medio del escándalo. La entidad financiera, por cuyo control pelean de forma descarnada Aguirre y Gallardón, tiene un servicio privado de escolta para su presidente, Miguel Blesa. Y, además, es uno de los principales clientes de las empresas privadas de investigación: 'Contrata a agencias para que realicen informes de morosos o insolvencias, busquen bienes para embargar o estudien quién está detrás de proyectos especialmente relevantes', detalla uno de esos detectives. Pero de ahí a implicar a Caja Madrid en el espionaje a políticos hay un salto que, de momento, sólo ha dado Granados en público y varios compañeros de la Comunidad en privado.

Además de en Caja Madrid, algún dirigente conservador también se ha fijado en el Ministerio del Interior en un intento de buscar culpables fuera del PP. Lo único probado es que algún mando de la Guardia Civil o de la Policía facilitó datos a quienes estaban realizando el seguimiento a Prada, ya que preguntaron por una 'matrícula reservada' que resultó ser de la Secretaría de Estado de Seguridad. En ese caso, la información sobre la titularidad del vehículo no se puede obtener en Tráfico. Y tampoco la puede facilitar un guardia o policía raso.

En el Ministerio del Interior están realizando una amplia investigación para localizar al informador. Sobre todo después de que en el departamento de Asuntos Internos de la Guardia Civil hayan recibido, como desveló El Economista, la denuncia de algunos agentes que recibían ordenes para 'realizar tareas que no entendían'. La sospecha es que el mando que encargaba los trabajos o facilitaba datos, cobraba a cambio una importante cantidad de dinero mensual.

'En Madrid no hay espías', aseguró hace diez días la presidenta Esperanza Aguirre. La realidad parece exactamente la contraria. Por la capital circulan espías, dossiers y equipos de contravigilancia a un ritmo trepidante, ajenos a cualquier atisbo de crisis. Y es que un informe como el elaborado sobre Ignacio González puede costar 50.000 euros.