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Un nieto de Blas Infante llevará al Supremo su condena a muerte

Estanislao Naranjo pretende que la sentencia de 1940 sea declarada nula

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Coincidiendo con el 125 aniversario del nacimiento de Blas Infante, Estanislao Naranjo Infante, uno de sus nietos, acudió ayer, jueves, en Sevilla a la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia para solicitar la declaración del conocido como padre de la patria andaluza como víctima de la Guerra Civil. Ello supone, en la práctica, un paso en una dirección más ambiciosa: la anulación de su condena a muerte.

Blas Infante fue sacado por la fuerza de su casa por varios falangistas y asesinado el 11 de agosto de 1936. No hubo juicio ni sentencia. Naranjo anunció que, con la declaración del ministerio en la mano, acudirá el mes que viene al Tribunal Supremo para reclamar la revisión del juicio y la anulación de la sentencia, dictada el 4 de mayo de 1940, casi cuatro años después de ser asesinado.

Con la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, en 2007, estos veredictos judiciales fueron automáticamente declarados ilegítimos, pero no nulos, consideración de mayor alcance jurídico. La Fiscalía General del Estado, no obstante, considera suficiente la declaración de ilegitimidad, tanto en el caso de Blas Infante como en el del que fuera presidente catalán Lluís Companys, asesinado en 1940.

El tribunal justificó la condena a muerte de Infante en su colaboración con la creación de un partido regionalista o nacionalista andaluz y en que se había presentado a las elecciones en 1931, durante la Segunda República. Su viuda fue también condenada a pagar una multa de 2.000 pesetas. A pesar de la condena monetaria, Naranjo asegura que únicamente busca 'una reparación moral, no económica'. 'Evidentemente, al pedir la nulidad podríamos también solicitar que se nos devolviera, no ese dinero, sino lo que equivale hoy por hoy a ese dinero más los intereses', recalcó Estanislao.

Esta cantidad se traduciría en 2.102,65 euros atendiendo al caso de Virgilio Castilla, presidente de la Diputación de Granada fusilado por los golpistas en agosto de 1936. Su familia formuló a comienzos de mes una 'reclamación patrimonial' que estima en 262.832 euros la multa de 250.000 pesetas a la que tuvieron que hacer frente tras su asesinato.

Estanislao Naranjo, abogado, explicó que la declaración de Blas Infante como víctima de la represión no es imprescindible, pero sí conveniente para su solicitud ante el Tribunal Supremo.

Hace tres años, el Parlamento de Andalucía aprobó por unanimidad una proposición no de ley, presentada por el grupo de Izquierda Unida, que instaba al Gobierno autonómico a elevar un recurso al Tribunal Supremo para la anulación de la sentencia condenatoria de Blas Infante. No obstante, desde entonces el impulso político a la iniciativa ha sufrido altibajos.

La Generalitat de Catalunya y la familia del ex president Lluís Companys instaron en marzo a la Fiscalía General del Estado a plantear ante el Tribunal Supremo un recurso de revisión, con el fin de obtener la anulación de las dos sentencias que lo condenaron a muerte. La fiscalía rechazó la petición al considerar que la Ley de Memoria Histórica ya recoge que el proceso seguido contra Companys fue 'ilegítimo'.

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