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La norma no afecta a ningún imputado

El régimen sancionador es menos estricto que el de Aznar

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'Cuando ha habido algún caso de conducta irregular siempre hemos ido de frente y hemos exigido las responsabilidades necesarias', proclamó ayer Ana Mato, responsable de Organización del PP.

Pero sus palabras contrastan con los hechos. Los conservadores presentaron ayer un Código Ético que no afecta a ninguno de los cargos que a día de hoy están imputados o implicados en casos de corrupción. Así, la aplicación de este documento no cambia la situación del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, que sigue al frente de sus cargos a pesar de estar siendo investigado por la Justicia desde hace seis años. Ni tampoco varía la de los dos imputados por el caso Gürtel, Luis Bárcenas y Jesús Merino, que continúan como senador y diputado, respectivamente.

Mato afirma que el PP siempre ha «ido de frente» ante las irregularidades

Mato defendía ayer que este código era 'más exigente' que el que elaboró Aznar en 1993. Pero lo cierto es que es menos estricto. En ambos textos se señala que los cargos del PP tienen 'el compromiso de comunicar a la dirección del PP la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional del que puedan derivarse indicios racionales de comisión de delito y de poner a disposición del partido el cargo público que desempeñen'. Pero en el del ex presidente del Gobierno figuraba además que sería 'motivo de expulsión inmediata del PP la utilización del propio nombre, posición o relación dentro del partido o en un cargo público, para obtener lucro, trato o favor personal o beneficio para sí o para terceros'. Esto ha desaparecido del nuevo.

Mato explicó que los Estatutos del partido habían ido recogiendo todos estos aspectos y que su partido, en esta ocasión, había pretendido ir 'un poco más allá'. Pero lo cierto es que las normas internas que salieron del Congreso de Valencia en el que Rajoy salió elegido presidente fijan que sólo se suspenderá automáticamente de funciones y militancia a quien tenga 'una condena firme'. El artículo 16, apartado 6, se ha convertido en un blindaje en toda regla para los presuntos corruptos. Y ayer este punto, que se podía haber matizado o corregido, no se tocó.