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Los objetivos de un pacto energético a largo plazo

El Gobierno y el PP acuerdan congelar la subida de la luz

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Generación. El horizonte de 2020

El primer punto a debatir en el futuro pacto energético es la planificación de un mix (mezcla de fuentes de generación) 'equilibrado y diversificado', según dijo ayer Sebastián. En esta materia, no hay demasiado margen de maniobra, dado que España ya se ha comprometido, por mandato de la UE, a que en 2020 al menos un 20% de su consumo de energía proceda de fuentes renovables y a que sus emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan al menos un 20%. Cristóbal Montoro dijo ayer que el posible pacto de Estado se plantea 'dejando de lado la ideología para alcanzar la racionalidad económica' y 'asegurar una energía eficiente y competitiva', quizás en alusión al papel de la energía nuclear (que tiene un bajo coste operativo y no emite gases) y, en concreto, al cierre de la central de Garoña, previsto en principio para 2013.  

La propuesta del Ministerio de Industria contempla definir qué infraestructuras de interconexión internacionales en los sectores eléctrico y gasista deben ser consideradas un objetivo de Estado y lograr la 'máxima colaboración institucional' de todas las administraciones para hacer realidad esos proyectos. Por sus características orográficas, España siempre ha sido una isla energética, con una escasa capacidad para evacuar o captar energía procedente de otros países: sobre todo, de Francia, aunque también de Portugal y el norte de África. Esa carencia supone un importante hándicap si hay problemas de suministro. El creciente desarrollo de las energías renovables (en especial, la eólica) hace más urgente alcanzar ese objetivo, que permitiría incrementar la aportación de los aerogeneradores y reducir la dependencia del petróleo. 

Entre las materias objeto de discusión entre los grupos políticos estará la liberalización completa del mercado eléctrico. Desde hace un año, sólo queda un segmento de consumidores cuyas tarifas todavía fija el Gobierno: el de hogares con menos de diez kilovatios de potencia contratada (la inmensa mayoría de usuarios domésticos). En principio, la fecha prevista para que estos clientes pasen a tener tarifas de mercado es 2013. Ese año, también debería estar solucionado el problema del déficit de tarifa (desfase entre los costes reconocidos a las eléctricas y el precio de la luz), un problema que generaron los gobiernos del PP para evitar subir la luz y que el Gobierno socialista no ha solventado. La deuda pendiente de pagar a las eléctricas por este concepto superará este año los 20.000 millones.

Aunque en los últimos años ha bajado su intensidad energética (que mide la energía necesaria para crear riqueza), España sigue siendo uno de los países más derrochadores de Europa. En parte, por la lacra del déficit de tarifa: como la luz no refleja los costes reales, se mandan señales erróneas al usuario, que consume más. Industria, que quiere converger con la UE en materia de eficiencia en 2030, pretende ampliar su plan de ahorro energético en edificios estatales al conjunto de las administraciones públicas. El objetivo sería identificar 2.000 inmuebles (mil del Estado central y el resto, de comunidades autónomas y ayuntamientos) para reducir su consumo, al menos, un 20% hasta 2012. Sebastián confía en el sector de los servicios energéticos, poco desarrollado en España, para que absorba mano de obra procedente del ladrillo. 

Es uno de los puntos candentes del posible acuerdo, ya que hay miles de millones de euros en juego: en concreto, más de 125.000 en los próximos 25 años, si no se cambia el actual sistema de subvenciones a las energías renovables. En el último mes, Industria ha negociado con las patronales del sector un recorte de las primas (en especial, para la fotovoltaica, muy cara y con una aportación residual) que ha causado preocupación dentro y fuera de España, en especial, entre bancos y fondos de inversión, ya que la mayoría de huertos solares está financiado al 80% y una bajada de las subvenciones para instalaciones ya en marcha podría obligar a las entidades financieras a quedarse esos proyectos. Miguel Sebastián dijo ayer que el pacto intentará 'lograr objetivos ambiciosos en energías renovables de manera
sostenible'. 

El último punto de la propuesta de acuerdo que Industria remitió hace meses a la oposición se centra en la gestión de los residuos nucleares. La mayor prioridad es encontrar una ubicación para el almacén temporal centralizado (ATC) que deberá acoger la basura atómica que actualmente se custodia, en su mayoría, en las piscinas de las propias centrales. Estaba previsto resolver este proceso este mismo verano, pero Sebastián dijo ayer que la elección del municipio se hará con 'acuerdo y diálogo' y admitió que 'si eso tiene que retrasar un poco el calendario, estará plenamente justificado'. El proyecto de ATC parte de una resolución del Congreso de 2004 que instó al Gobierno, por unanimidad, a hacerlo realidad. Estaba previsto, en principio, para 2012, pero ese calendario es ya irrealizable.