La Ley de Prevención de Riesgos Laborales es “magnífica”, según los expertos. Entró en vigor en 1995 y nada tiene que envidiar a las normativas más avanzadas del mundo, según los sindicatos. Sin embargo, a la norma le costó ver sus frutos.

Sus primeros cinco años de aplicación no rebajó prácticamente las cifras de muertos en el trabajo. Ahora está empezando a funcionar. Pero la ley, por sí sola, no lo ha logrado. Ha tenido que llegar una mayor concienciación social en empresarios y trabajadores, impulsada por una mayor seriedad de la Administración, sobre todo las autonómicas, y la fiscalía –en el último tramo– para que las cifras se rebajen 13 años después.

En 1995, el índice de incidencia, un indicador que refleja el número de muertes por cada 100.000 trabajadores, estaba en 10,2. Se mantuvo hasta 2000 rondando esa cifra y finalmente inició su descenso hasta los 5,3 actuales. Todavía muchos: significan más de 800 cada año en todo el país. El consejero de Empleo andaluz, Antonio Fernández (PSOE), siempre repite la misma frase: “Un solo muerto en el trabajo es demasiado”, pero destaca cada vez que tiene ocasión los avances de los últimos años.

En estos años, la mano blanda ha ido acompañada de la mano dura. Campañas millonarias en televisión y prensa, congresos, subvenciones y premios a las empresas que no tienen accidentes y multitud de reuniones con empresarios y trabajadores, han ido acompañados de convenios de Administración y sindicatos con la Fiscalía, que ya pide cárcel para los responsables de obras en las que no se cumplen las normas de prevención, sin necesidad de que se produzca el siniestro.

Sin embargo, a pesar de la ley y de los esfuerzos, la imagen de los trabajadores sin arnés ni casco en los tajos sigue siendo habitual. ¿La mejor respuesta? Los expertos consideran que se trata de avanzar en la cultura de prevención. No hace falta otra ley.