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Ocho instituciones sin cuentas detalladas

Entre todas deciden cada año el destino de 360 millones de euros sin necesidad de verse sometidas a la fiscalización que sufre el resto del sector público

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Algo más de 360 millones de euros. Esa es la cantidad conjunta de la que disponen la Casa Real, las Cortes Generales, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Estado para el desempeño de sus funciones en 2010. La cifra figura en los Presupuestos Generales del Estado y se puede consultar en la web del Ministerio de Economía. Otra cuestión es averiguar cómo han gastado estos fondos, que proceden de las arcas públicas, al finalizar el ejercicio. ¿Ahorrarán algo? ¿Será su gestión económica eficiente? ¿Ajustarán sus gastos de representación en estos tiempos de crisis? Estas instituciones, que gozan de autonomía financiera para elaborar su presupuesto y controlarlo, no han sido nunca objeto de fiscalización externa, más allá de remitir las grandes cifras y dar a conocer la liquidación del presupuesto anual al Tribunal de Cuentas.

La eficiencia en el uso de los recursos públicos es más deseable si cabe en estos momentos de recortes múltiples. A la rebaja salarial impuesta por el Ejecutivo a los funcionarios se han sumado los gobiernos autonómicos y los magistrados del Tribunal Constitucional, entre otros. En La Zarzuela también aseguran que se han aplicado recortes. Por ejemplo, el jefe de la Casa Real se ha aplicado la misma bajada que un ministro, ya que tiene el mismo sueldo.

En el debate público sigue latente la petición de transparencia sobre las cuentas de la Casa Real. La asignación presupuestaria para el monarca y su familia asciende a 8,9 millones de euros en 2010. El monto total, con el que se pagan las nóminas de una parte de la plantilla de la Casa, incluida la del rey, es la única información pública año tras año. De acuerdo con la Constitución, esa cantidad se destina al sostenimiento de su familia, el rey la 'distribuye libremente' y no está sometida al control del Tribunal de Cuentas.

Zarzuela estudia 'crear un órgano que dé publicidad' a las cuentas del rey

Los Presupuestos Generales del Estado incluyen otras partidas, camufladas en diferentes secciones, para el funcionamiento de la Casa Real y que se han empezado a conocer recientemente: el Ministerio de Presidencia se hace cargo de los sueldos de 135 funcionarios y contratados eventuales, con una partida de 6,2 millones de euros, así como de las cenas de gala, las audiencias militares y civiles del rey o el mantenimiento de los bienes inmuebles. Y Exteriores tiene previsto sufragar 15 viajes oficiales de los miembros de la Familia Real con una partida inicial de 415.000 euros, entre otros gastos.

La opacidad en torno a la Jefatura del Estado y el uso de la asignación presupuestaria otorgada al monarca ha levantado tantas críticas que la Casa Real nombró en agosto de 2007 un interventor de carrera, Óscar Moreno Gil, para gestionar las cuentas y mostrar signos de apertura y transparencia.

Fuentes oficiales de Zarzuela reconocieron a este diario que esta figura 'es insuficiente'. El carácter interno de su trabajo no ha conseguido proyectarse hacia el exterior como signo de mayor transparencia. Por eso, la Casa del Rey estudia 'crear un órgano o designar una persona que supervise las cuentas y que dé mayor publicidad al uso de los fondos'. El Gobierno y la Casa Real ya han intercambiado documentos al respecto. 'La situación exige un plus de transparencia', dicen en Zarzuela.

Los 'gestos' manifestados hasta ahora son insuficientes para Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que sigue demandando 'máxima publicidad' y 'sometimiento al control público porque esos fondos los recibe de los Presupuestos'. Su petición detallada sobre los gastos del rey se remonta a la pasada legislatura, cuando el diputado Joan Tardà presentó un centenar de preguntas que ni siquiera fueron admitidas a trámite por la Mesa del Congreso apelando a la 'inviolabilidad del rey' que establece la Constitución.

Actualmente, ERC está a la espera de conocer si el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos admite a trámite la demanda presentada contra el Estado por la supuesta vulneración de uno de sus derechos fundamentales, una vez que el Tribunal Constitucional no atendiera el recurso de amparo presentado por la formación.

Desde Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya también han procurado lograr esta transparencia en las cuentas del rey. Su posición va más allá e incluso han reclamado que se suprima la real asignación y se le asigne un sueldo equiparable al del presidente del Gobierno.

Los Presupuestos camuflan partidas de la casa Real en varios ministerios

Miguel Ángel Martínez Lago, profesor de Derecho Tributario y Financiero de la Universidad Complutense de Madrid, sostiene que la falta de control financiero sobre la Casa Real es un problema más político que de control técnico: 'Son las propias Cortes las que se han abstenido de ejercer con plena competencia sus tareas de examinar y enmendar la asignación del rey'. De hecho, añade, si fuera el presidente de la República lo enmendarían como un departamento ministerial más 'sin ningún tipo de tapujo o de limitación'. En su opinión, la falta de transparencia se debe a 'cierta costumbre parlamentaria que se ha ido imponiendo y que debería de romperse'.

Las Cortes Generales disponen de 231 millones de euros para 2010. En esta partida está la asignación para el Congreso y el Senado, pero también la de la Junta Electoral Central (0,56 millones), el Defensor del Pueblo y las propias Cortes (57,2 millones). El artículo 72 de la Constitución establece que las Cámaras 'aprueban autónomamente sus presupuestos'. Las cuentas, explican en la Cámara Baja, las audita la Mesa del Congreso, en la que están representados los principales grupos parlamentarios. La distribución actual es la siguiente: tres del PSOE, cuatro del PP, uno de CiU y otro del PNV. Al finalizar el ejercicio, si no han gastado todos los fondos previstos, la diferencia no se devuelve al Estado, sino que 'pasa a formar parte del remanente de la Cámara', que se destinará a obras y otros fines.

Para este ejercicio, cuenta con 96,1 millones de euros, de los cuales un 40,8% los empleará en gastos de personal. La partida más cuantiosa es la de los altos cargos, que asciende a 22,5 millones de euros. No hay que olvidar que el Congreso está formado por 350 diputados.

Como el Congreso, la Cámara alta aprueba sus presupuestos, que se suman al proyecto general que elabora y presenta con carácter de exclusividad el Gobierno. Este año tiene asignados 59,1 millones de euros para el desempeño de sus funciones, algo menos de la mitad destinados a pagar los sueldos de sus señorías y el personal de la Cámara territorial. Sin embargo, 13,7 millones están previstos para 'material, suministros y otros'. ¿Será racional el gasto?

En la sección presupuestaria de las Cortes se incluye también el Defensor del Pueblo como un servicio más. Su interventor, según marca la ley, es el mismo que el de las Cortes Generales y es el encargado de ejercer 'la función crítica y fiscalizadora'. La secretaria general de la institución, María del Mar España, explica que el 'presupuesto del Defensor es pequeño y la fiscalización es muy sencilla porque el 80% corresponde a las nóminas'. Lo cierto es que, de los 15,8 millones presupuestados para 2010, casi 13 millones son gastos de personal. Sin embargo, una vez finalizado el ejercicio, este órgano sólo hace público el dato de qué porcentaje de lo presupuestado ha gastado.

Los expertos consultados afirman que esta autonomía en la elaboración, gestión y liquidación de los presupuestos es una forma de garantizar la independencia de los órganos constitucionales. El profesor de Derecho Constitucional Ignacio Torres Muro recuerda que esta 'autonomía viene de antiguo, cuando los parlamentos eran una isla democrática y así se preservaba su independencia. Antes no existía la ligazón Congreso-Gobierno'.

Los expertos vinculan autonomía presupuestaria e independencia

Un argumento al que también apunta Martínez Lago: 'En el plano teórico, evita la injerencia del Ejecutivo' en asuntos como la capacidad de contratar informes, realizar jornadas o contratar bienes. En la práctica, señala, 'esta relación está completamente contaminada porque el Gobierno depende de la mayoría parlamentaria y porque la Constitución le atribuye la competencia exclusiva de presentar el proyecto de Presupuestos en las Cortes. Por eso, Martínez Lago defiende que haya un control del Tribunal de Cuentas.

Todas estas instituciones disponen de la figura del interventor, encargado principalmente de hacer un control previo de las cuentas y que interviene en las propuestas de contenido económico de las instituciones.

El máximo órgano de protección de la Constitución y de garantía de los derechos fundamentales está formado por 12 magistrados, nombrados a propuesta del Congreso, del Senado, del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial. Ellos son los encargados de designar al interventor y tienen capacidad para 'acordar libremente su cese'. También de acuerdo al reglamento, sólo puede plantear discrepancias ante el secretario general. Ante el resto, se 'limitará a poner de manifiesto sus reparos de legalidad'.

La dotación presupuestaria para 2010 asciende a 27,6 millones de euros, siendo la partida más cuantiosa la de los sueldos de los funcionarios, 13,8 millones. El alto tribunal, que tiene autonomía presupuestaria, ha previsto, por ejemplo, 150.000 euros en 'atenciones protocolarias y representativas' y sus gastos corrientes en bienes y servicios están cuantificados en 6,2 millones. Según las leyes reguladoras del TC, estas cuentas las elabora el Pleno y a los 12 magistrados que lo forman les corresponde también 'fiscalizar el cumplimiento de las directrices para la ejecución del presupuesto y conocer de su liquidación' antes de ser remitido al Tribunal de Cuentas.

En la página oficial del TC, cualquiera puede ver la evolución del presupuesto y su grado de ejecución. Más difícil será saber cómo han empleado los 4,3 millones presupuestados en 'material, suministro y otros' y el resto de partidas. Aunque hay algunos avances. Este órgano es uno de los que ha incorporado una sección en Internet para dar publicidad a los contratos.

Las cuentas del Congreso las audita la propia Mesa de la Cámara

¿Será eficiente el Consejo General del Poder Judicial en la gestión de los 78,1 millones de euros de los que dispone para este ejercicio, con una plantilla de más de 500 trabajadores? ¿En qué empleará los 1,6 millones previstos para 'reparaciones, mantenimiento y conservación' en 2010? El CGPJ tiene competencias para 'elaborar, dirigir la ejecución y controlar el cumplimiento del presupuesto' y su reglamento de funcionamiento fija que es el interventor, elegido por el pleno de la institución, el encargado de autorizar la liquidación presupuestaria que rinde al Tribunal de Cuentas.

El profesor de Derecho Administrativo Mariano Bacigalupo plantea 'reforzar los mecanismo de auditoría interna' de estas organismos constitucionales, porque la mayoría de los interventores son nombrados por el pleno o la comisión de las propias instituciones que deben vigilar.

En el caso del Consejo de Estado, sin embargo, es un interventor delegado de la Intervención General de la Administración del Estado quien ejerce las funciones de 'control financiero permanente'. Encargado de emitir dictámenes y elaborar estudios e informes para el Ejecutivo, el Consejo de Estado dispone de 11,5 millones de euros en 2010, nueve de ellos para gastos de personal. Su plantilla, según los presupuestos, es de 163 personas.