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La opacidad blinda los ingresos de los políticos

El caso de Cospedal, que en 2009 ingresó más de 240.000 euros y cobró del PP un 30% más que en 2008, evidencia la falta de transparencia. El Gobierno congela la ley de acceso a la información

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La polémica suscitada por el doble sueldo de María Dolores de Cospedal ha hecho aflorar el debate sobre la opacidad que blinda las cuentas de los políticos españoles. Los ingresos que la número dos del PP obtuvo de su partido se dispararon un 30% en 2009 hasta sobrepasar los 167.000 euros, pero Cospedal niega rotunda que se aplicase una subida de casi un tercio en su sueldo. Hasta ahora, no ha explicado por qué, entonces, sus ingresos aumentaron en esa proporción. Y, dado que los partidos no tienen obligación de divulgar sus cuentas, el interrogante seguirá sin respuesta. Sobre la otra faceta de la polémica, el cobro de dos sueldos, habrá un giro inminente: el PSOE de Castilla-La Mancha registrará hoy una iniciativa parlamentaria para declarar incompatible que un cargo público cobre dos sueldos.

La opacidad que el caso de Cospedal pone en evidencia tiene visos de persistir: el Gobierno ha congelado la prometida ley de transparencia y acceso a la información pública, cuyo anteproyecto había previsto aprobar en el primer Consejo de Ministros tras las vacaciones de verano. Fuentes gubernamentales alegan que el parón de la ley obedece a las protestas de distintos ministerios sobre la necesidad de proteger la llamada información sensible. Responde también, dicen las mismas fuentes, a la dificultad técnica que entraña digitalizar documentos y garantizar su difusión. De los 27 países de la UE, sólo cinco no han regulado aún el acceso ciudadano a la información. España es uno de esos cinco. Los otros son Grecia, Chipre, Luxemburgo y Malta.

Pero el muro comienza a resquebrajarse. Junto a Castilla-La Mancha, que publica anualmente los ingresos, bienes y actividades de los cargos gubernamentales y diputados autonómicos así como de sus cónyuges, otras tres comunidades avanzan por esa vía: Andalucía y Extremadura, también gobernadas por el PSOE, publican las actividades y bienes de todos sus responsables autonómicos, aunque no los ingresos.

La Comunitat Valenciana (PP) difundió en febrero la declaración de actividades y patrimonio de sus diputados en un momento álgido del caso Gürtel, pero no ha desclasificado la lista de rentas. Se conocen, como en cualquier comunidad, los sueldos públicos pero no los ingresos adicionales que pueda generar la explotación de sus bienes privados o la realización de otras actividades ajenas al cargo público.

La presión en favor de la transparencia ha tenido también ya efectos en Catalunya, donde ni la Generalitat ni el Parlament publicitan esos datos. La semana pasada, todos los candidatos desvelaron sus bienes. El último, el convergente Artur Mas, que ayer cifró su patrimonio en 502.300 euros. Fue Joan Herrera (ICV) quien rompió la primera lanza contándole el pasado jueves a El Periódico cuáles eran sus propiedades y retando al resto de candidatos a que hicieran lo mismo. Y así lo han hecho todos en plena carrera electoral. El president, José Montilla (PS), hizo públicos sus datos el sábado a través de su web.

La decisión del candidato de ICV se produjo mientras Cospedal trataba de neutralizar las críticas a sus elevados ingresos (241.840 euros) con una estrategia doble: presentarse como adalid de la transparencia ('Mi declaración es la única que se conoce', dijo) y como víctima del machismo. Se la ataca 'por ser mujer', afirmó el jueves.

Ni el Congreso ni el Senado desvelan el patrimonio de sus miembros

Pero las retribuciones de la número dos del PP como senadora (69.310 euros) y como secretaria general del PP (167.865 euros) no han trascendido por su voluntad sino porque su condición de diputada autonómica en Castilla-La Mancha la obliga a declarar hasta el último céntimo que ingresa. Atrincherada en la negativa a dar explicaciones sobre la subida en sus ingresos del PP, la dirigente esgrimió el viernes que sus rentas son 'cuestiones personales'.

Pero los países más avanzados del mundo no entienden que las cuentas de los cargos públicos sean un asunto privado. En EEUU, los representantes de la ciudadanía viven bajo un techo de cristal: la Ley de Libertad de Información (FOIA) garantiza que todo es público excepto aquello que expresamente se declare secreto. Y, por supuesto, los ingresos de los políticos se encuadran en la primera categoría.

En España, esos datos se encuentran a años luz de la ciudadanía. Ninguna formación política desvela por iniciativa propia los sueldos de sus dirigentes. Y, mucho menos, los ingresos totales que cada cargo suma en un año, sea cual sea su origen. Y ello pese a que el grueso de los fondos que engrasan la máquina de los partidos procede del Estado.

En el Congreso hay una aguja en el pajar: el socialista cordobés Juan Luis Rascón es el único de los 350 diputados que hace en su web parlamentaria una declaración voluntaria, exhaustiva e inteligible de ingresos, actividades y patrimonio. De las rentas y el patrimonio de los parlamentarios, incluidos todos los senadores salvo la ya citada Cospedal, nada se sabe.

Por lo que respecta a las autonomías, la norma general es el secretismo. En Madrid, por ejemplo, el Gobierno de Esperanza Aguirre ha denegado a la oposición incluso el acceso a la declaración de bienes de los tres parlamentarios imputados en la Gürtel Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco, Alfonso Bosch Tejedor. Y ni siquiera son públicas las declaraciones de actividades de los miembros del Ejecutivo regional.

Otras dos comunidades golpeadas por la corrupción, Balears y Canarias, se encuentran igualmente en la banda baja: tampoco son públicas las declaraciones de actividades de los diputados. Los socialistas baleares no han modificado la legislación que dejó el conservador Jaume Matas. Y, bajo la batuta de Coalición Canaria (CC), el archipiélago suroccidental se mantiene ajeno a la corriente de transparencia.

La opacidad ha permitido situaciones como la ocurrida en Canarias, donde el número dos del PP, Manuel Fernández, logró en 2007 que el Parlamento le declarase compatible para dirigir una inmobiliaria. Fernández participó en la Comisión de Urbanismo que autorizó a esa misma empresa a saltarse la moratoria urbanística y construir un complejo hotelero en el municipio grancanario de Mogán.