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La oposición critica el acierto del decreto de los controladores

El PSOE pregunta a Cospedal si el Ejecutivo tiene que pedir permiso para gobernar

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El pleno del Congreso no tendrá que votar nada en su sesión de mañana jueves respecto al estado de alarma decretado el sábado por el Gobierno para cortar en seco el caos aeroportuario generado por el plante masivo de los controladores. Pero los grupos sí afinarán su posición sobre una medida jamás aprobada en democracia. José Luis Rodríguez Zapatero hallará una buena acogida general de la Cámara, aunque también tropezará con críticas por la gestión del conflicto.

El PP se centrará en la “falta de previsión” del Gobierno. “Tiene que explicar si esto se podía haber solucionado de otra manera o si podía haberse evitado”, censuró ayer la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría. Su jefa en el partido, María Dolores de Cospedal, ahondó en la acusación: “Hay que saber –señaló– si el Gobierno tenía conocimiento de cuáles iban a ser las consecuencias” del real decreto ley aprobado el viernes, el que aclaraba las condiciones laborales de los controladores. La número dos del PP exigió saber “qué ha hecho el Gobierno” para resolver la guerra con los técnicos, “aparte de echarles la responsabilidad, que la tienen, y mucho” en un paro “salvaje”.

El juego de equilibrios del PP, evitando culpar en exclusiva a los controladores, encolerizó al PSOE. “¿Es consciente Cospedal de lo que está diciendo? ¿El Gobierno tiene que pedir permiso a los controladores para aprobar un decreto, no sea que se vayan a enfadar?”, inquirió José Antonio Alonso.

El portavoz socialista en la Cámara baja defendió la determinación del Ejecutivo en la rápida resolución de la crisis, tal y como había hecho el lunes el mismo Rodríguez Zapatero. “El Gobierno ha actuado como debía y cuando debía, con eficacia indiscutible”, abundó.

Lo que el PP aún no ha aclarado es si mañana reclamará dimisiones al presidente. Ayer Sáenz de Santamaría fue, por tanto, más cauta que el diputado Rafael Hernando, quien el domingo pidió la cabeza de José Blanco. La portavoz negó que el PP haya “cambiado de discurso” estos días, pues siempre ha requerido a Zapatero que diera la cara. No avanzó si apoyará la prórroga del estado de alarma, ya que el Gobierno no la ha solicitado.

Sobre el trato favorable que la fiscalía prevé otorgar a los controladores que admitan presiones, Santamaría emplazó al Ejecutivo a explicar “qué argumentos de fondo” tiene para diferenciar entre los cabecillas de la revuelta y las bases. Lo importante, sostuvo, es que se aplique la ley 'en toda su extensión'.

“Vergüenza ajena” del PP y del PSOE. Es lo que ayer en su blog dijo sentir Josep Antoni Duran i Lleida. El portavoz de CiU deslizó también la crítica al Ejecutivo por su imprevisión: “Es muy posible” que el Gobierno errara al aprobar el decreto el viernes. Joan Ridao (ERC) exigió que levante ya el estado de alarma, ya que ha vuelto la “normalidad” en el espacio aéreo. No tiene sentido, adujo, que el Ejecutivo “sobreactúe”.

El mismo verbo usó Gaspar Llamazares. El presidente, dijo, “sobreactúa” al decretar el estado de alarma y militarizar el espacio aéreo para resolver un “conflicto laboral” y “sobreactúa” al querer perseguir a los cabecillas del caos para “demostrar firmeza”, cuando debe dejar actuar a fiscales y jueces. El diputado de IU también deploró el formato breve del debate de mañana: intervención de Zapatero y diez minutos para cada grupo.

Zapatero no comparecerá en el pleno del Congreso para explicar su posición sobre el Sáhara. PSOE y CiU rechazaron ayer la petición de ERC-IU-ICV, Mixto y PNV en la Junta de Portavoces. Soraya Sáenz de Santamaría, la representante del PP, juzgó la negativa de “enorme gravedad”. Para Gaspar Llamazares, “da la impresión de que el Gobierno tiene algo que ocultar”. El diputado de IU recordó que Human Rights Watch ya ha probado que hubo torturas en el desmantelamiento del Campamento Dignidad, conclusión que comparte Amnistía Internacional. José Antonio Alonso (PSOE) arguyó que no se había producido “nada significativo” que justificase la comparecencia de Zapatero. Fuentes de CiU explicaron que ahora “no es el momento” de que se explique el presidente.

El 23 de noviembre, el PSOE también logró frenar la comparecencia de Zapatero, en ese caso gracias al apoyo, por error, del PNV. Ayer PSOE y CiU se opusieron asimismo a que Trinidad Jiménez se explicase en la Comisión de Exteriores a petición de ERC-IU-ICV y Mixto.

Mientras, la tensión con Rabat aumenta: el Comité de Coordinación para la Liberación de Melilla informó ayer de que ha convocado para el sábado una marcha hacia la ciudad autónoma, para reclamar su recuperación. Ayer también el Comité de Defensa de los Derechos Saharauis denunció que dos menores habían sido “secuestrados y torturados” tras el desalojo de Gdeim Izik.