Los partidos de la oposición reaccionaron ayer de forma unánime rechazando la propuesta lanzada el miércoles por Cristóbal Montoro de que los gestores públicos, ya sean políticos o no, sean sancionados penalmente si gastan por encima de lo establecido en sus respectivos presupuestos. La crítica llegó en una doble dirección: la del difícil encaje de la iniciativa y la escasa concreción del PP y la de la incoherencia que supone que sea la formación que preside las comunidades y los ayuntamientos más endeudados la que apadrine esta iniciativa.

Una de las respuestas más contundentes fue la del lehendakari, Patxi López, que se preguntó si el ministro de Hacienda, el encargado de hacer el anuncio, 'pretende llevar a medio PP a la cárcel' por 'agujeros' en algunas instituciones.

Con sus declaraciones, el dirigente socialista aludía, a que en el 'propio Gobierno' de Montoro 'hay quien ha dejado un agujero de 7.000 millones en un ayuntamiento'. Se trata de una clara alusión al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que dejó el Ayuntamiento de Madrid a Ana Botella tras las elecciones generales con la deuda más alta de los 8.116 consistorios españoles.

En un sentido similar, López recordó que hay comunidades autónomas gobernadas por el PP 'que pagan sus facturas sanitarias con cuatro años de retraso'.

En una entrevista concedida a ETB recogida por Efe, el lehendakari lamentó que 'con ese objetivo sacralizado de controlar el déficit se están cometiendo algunas barbaridades y se están diciendo algunas tonterías'. Al respecto, recalcó que, independientemente de lo que pretenda Montoro con el anuncio del miércoles, 'cualquier político o gestor público que comete una irregularidad' puede ser llevado ante los tribunales. Y añadió que 'hay momentos' en los que las instituciones necesitan 'acudir al préstamo para gastar más, para poder sostener los servicios públicos, o desarrollar la economía o generar empleo, y eso no puede ser delito'.

Cayo Lara exige al Gobierno que persiga el 'fraude de los ricos'

Para el precandidato a la secretaría general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba, la iniciativa avanzada por el titular de Hacienda pasa por ser una 'ocurrencia' que tendrá un recorrido muy corto. 'No pasará de mañana o de pasado mañana', resumió.

El exministro del Interior también insistió en la idea de que el Código Penal ya tiene tipificado el delito de malversación de fondos y sería ilógico 'pensar que un político que hace las cosas mal con los dineros públicos no tiene una sanción penal si hay un delito'.

El PP defiende la idea: 'Es una exigencia del sentido común'

Justo el mismo día que Montoro hacía el anuncio, el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, apostaba por que las sanciones a los gobernantes despilfarradores tuvieran carácter retroactivo. Al respecto, Ru-balcaba sostuvo que en primero de Derecho se enseña a los estudiantes que el Código Penal no tiene efecto retroactivo. No obstante, aprovechó para preguntar a los conservadores si el PP le aplicaría la retroactividad al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra por el aeropuerto de Castellón, una infraestructura que llegó a ser inaugurada y por la que no se ha desplazado ni un solo avión.

Iguales argumentos contra la retroactividad esgrimió el presidente andaluz, el socialista José Antonio Griñán, que calificó de 'globo sonda' la propuesta. O el exministro Ramón Jáuregui, que ve 'penoso' que el Gobierno tenga estas ideas 'irreflexivas'.

A estas voces se sumó también la del secretario provincial del PSOE en Toledo, Emiliano García-Page, que exigió a Montoro que centre sus esfuerzos 'en meter en la cárcel a los especuladores financieros que nos han llevado a esta crisis'.

Desde IU, Cayo Lara, su coordinador federal, criticó que el responsable de la cartera de Hacienda y Administraciones Públicas 'saque matrícula de honor en criminalizar' a las comunidades autónomas, pero suspenda en 'perseguir el fraude de los ricos'. Lo hizo en un desayuno informativo en Huelva.

UPyD también vio pegas al último anuncio del Gobierno. Su diputado Carlos Gorriarán calificó de 'disparate' la medida avanzada por Montoro al entender que no sería eficaz y dejaría en manos de los jueces examinar la gestión económica de las administraciones.

Como alternativa, la formación liderada por Rosa Díez propone tipificar en el Código Penal la 'mala gestión dolosa'.

Ante esta cascada de reacciones y debido también a que los conservadores reconocen que no fueron ágiles a la hora de apoyar el anuncio de Montoro, el secretario de Comunicación del PP, Carlos Floriano, salió ayer a escenificar el apoyo cerrado del partido a Hacienda. 'Desde el PP vemos con muy buenos ojos, y apoyamos el hecho, que se refuercen las sanciones, también las penales', defendió.

Patxi López pregunta si se 'pretende llevar a medio PP a la cárcel'

El anunció del ministro cogió con el pie cambiado a muchos en el PP. De hecho, hace unas semanas destacados dirigentes del partido ya aireaban la posibilidad de sancionar a los políticos o responsables políticos que despilfarren el dinero público. Pero en ningún momento se habló de responsabilidades penales. Igualmente, insistían en la imposibilidad de aplicar cualquier tipo de castigo de forma retroactiva, como ayer pareció exigir el presidente extremeño.

Floriano se mostró convencido de que, 'cuando el PSOE supere su situación de quiebra política, apoyará las sanciones a los gestores públicos', un dardo contra la situación interna de los socialistas que están inmersos en un proceso de elección de su secretario general.

Ante las críticas recibidas por parte del resto de formaciones políticas, Floriano manifestó que 'reforzar las sanciones no es una ocurrencia del PP, es una exigencia del sentido común, es un clamor de todos los ciudadanos que entienden que el dinero de todos no puede considerarse como dinero de nadie'.

Obviando que la mayor parte de comunidades están en manos del PP desde junio, Floriano aseguró que los socialistas 'son muy responsables de que muchas administraciones se encuentren en la situación en la que están'. El portavoz del PP en el Senado, Xosé Manuel Barreiro, salió también a defender a Montoro.