Papeles que desaparecen en bolsas de basura y que se embarcan en furgones con rumbo desconocido. Folios y folios de información solicitada que la persona que la tiene en su poder siempre se resiste a facilitar. Y cajones. Cajones con un fondo enorme en el que, si se escarba un poco, llega a encontrarse la verdad: las facturas que durante años el Gobierno de turno ha escondido ocultando la verdad. Podría parecer el argumento de una historia real. Pero es una película. De ciencia-ficción.

La última secuela la protagoniza el PP de Castilla-La Mancha que, desde que arrebató la comunidad a los socialistas, se ha quejado con insistencia de la escasa colaboración del Ejecutivo saliente a la hora de articular una transición de poder ordenada. Todo aderezado con acusaciones de destrucción de papeles de por medio y llegando a asegurar, cuando ni siquiera habían solicitado un solo dato, que la comunidad que heredan está en 'quiebra total'. Pero no se trata de un caso inédito o aislado. A tenor del comportamiento de los conservadores cada vez que han asumido el poder, las críticas al adversario antes de tomar las riendas del Gobierno forman parte de su argumentario.

El Gobierno de Aznar acusó a González de una 'amnistía fiscal' que no hubo

La historia se remonta a 1996, cuando José María Aznar se preparaba para tomar el testigo del socialista Felipe González. Corría febrero. El ahora expresidente del PP sólo era candidato las elecciones tuvieron lugar en marzo, pero ya acusaba al PSOE de dificultar el traspaso de poderes. 'En estos momentos existe [por parte del Gobierno] un comportamiento incorrecto para nuestra democracia y para las necesidades futuras del país'.

Era la forma de Aznar de criticar, en una entrevista concedida a la agencia Efe, la privatización 'deprisa y corriendo' de algunas empresas o la disolución de la Unidad Antifraude. Tras los comicios generales de 1996, el PP llegó a la Moncloa con la promesa de González de proporcionar un traspaso 'leal' de poderes. Pero desde el equipo de Aznar se lanzaron acusaciones de despilfarro, de falta de información y de la existencia de una cascada de asesores colocados a dedo.

El PP denunció antes de ganar en 1996 que el PSOE bloquearía el traspaso de poderes

Más de un año después, en mayo de 1997, las acusaciones de opacidad al anterior Gobierno seguían.

El 22 de mayo del citado año, el Grupo Parlamentario Socialista solicitó que el vicepresidente del Gobierno, por entonces Rodrigo Rato, compareciera para explicar por qué había acusado al Ejecutivo de González de ocultar pruebas de una supuesta 'amnistía fiscal'.

Al mismo tiempo, Joaquín Almunia, que ejercía de portavoz socialista en el Congreso, censuró que el equipo de Aznar acusara 'falsamente al Gobierno anterior de haber ocultado y tergiversado información en el traspaso de poderes'.

Bauzá e Ignacio Diego siguen ahora el ejemplo del PP de Castilla-La Mancha

Pero esta historia venía de lejos. Aznar y otros dirigentes de su partido habían acusado a los socialistas de 'favorecer a sus amigos' con una 'amnistía fiscal'. Juan Costa, que era secretario de Estado de Hacienda, denunció la prescripción de 600 expedientes de fraude fiscal por valor de 200.000 millones de pesetas, algo que atribuía a la negligencia del anterior Gobierno. Dos sentencias del Supremo quitaron la razón a los argumentos de los conservadores.

Un guión casi calcado al que hoy desarrollan los conservadores de Castilla-La Mancha fue el escenificado por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, cuando ganó las elecciones en marzo de 2009. Su equipo habló de una comunidad al borde de la 'bancarrota'. Un sustantivo al que un año después el presidente regional pondría cifra al asegurar que el agujero que dejó el bipartito podría superar los 2.000 millones de euros. Además, el PP gallego denunció plantillas sobredimensionadas, contratos a dedo, cuentas que no cuadraban y destrucción de documentos.

Más de dos años después y ahora que el 22-M ha cambiado el mapa político a favor del PP, Castilla-La Mancha es la comunidad que más ruido está haciendo en el traspaso de poderes. Pero no la única. Ignacio Diego gobernará en Cantabria. Y cuatro días después de ganar ironizó con que los comercios que venden trituradoras de papel y discos duros 'están haciendo un pingüe negocio'. Su compañero José Ramón Bauzá aterrizará en el Govern de Balears. Tampoco se ha desviado del argumentario. Ya ha alertado de que en algunas consellerias peligra el pago de las nóminas.