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Las otras facturas del cajón de Camps

El expresident, absuelto esta semana por la mínima en el 'caso de los trajes', ha dejado una Comunitat Valenciana en bancarrota y un partido bajo la sombra de la financiación ilegal

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Un 'militante destacado', dijo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. 'Ejemplar', completó Esteban González Pons, portavoz del PP. 'Un gran presidente que es patrimonio de todos', abundó Rita Barberá, alcaldesa de Valencia. 'Una persona con una forma de vida muy austera y honesta', halagó Javier Arenas, líder del PP andaluz. 'Un presidente que no ha hecho nada más que trabajar por los valencianos y por España', remató el propio aludido, Francisco Camps, en una de las triunfales entrevistas que ha dado en estos últimos días.

Son algunas muestras de la elevación a los altares políticos de la que está disfrutando el exbarón regional del PP desde que el miércoles fue absuelto de cohecho pasivo impropio. Su partido está utilizando el veredicto para sacudirse la imagen de presunta corrupción y despilfarro que arrastra su filial valenciana. En palabras de Barberá, 'se ha empezado a limpiar esa pátina horrorosa con la que la izquierda, desde el PSOE principalmente, ha intentado recubrir la Comunidad Valenciana'.

El dirigente embarcó a su comunidad en proyectos y obras ruinosas

Sin embargo, la exculpación penal no elimina las evidencias de presunta corrupción del PP valenciano ni enmienda las consecuencias de la mala gestión de Camps. Según resumió Jorge Alarte, líder del PSOE valenciano, 'una cosa es la responsabilidad judicial y otra la política'. Por esta última, el expresident nunca ha dado muestras de sentirse concernido. Son los números y los hechos que deja en herencia los que hablan por él.

Ha habido centros escolares con cortes de luz o sin calefacción por impago

El caso de los trajes por el que Camps fue absuelto era sólo una pequeña parte del caso Gürtel. El Tribunal Superior de Justicia autonómico (TSJCV), investiga desde el pasado mes de mayo el grueso del escándalo. Están imputados Vicente Rambla número dos de Francisco Camps en el Gobierno valenciano y Ricardo Costa mano derecha del expresident en el partido y otros siete altos cargos del PP y/o de la Generalitat. Se les acusa de amañar contratos millonarios para favorecer a la Gürtel, y de conseguir financiación ilegal para el partido a través de esa misma trama empresarial.

Existen informes policiales y conversaciones telefónicas que apuntan a que se cometieron estos presuntos delitos. Sin embargo, siguiendo el ejemplo de su exjefe de filas, ninguno de los imputados ha dado explicaciones sobre el asunto y todos siguen en sus puestos.

El mapa de la corrupción en el País Valencià se completa con otros muchos nombres. El presidente del PP de Castellón, Carlos Fabra, está a punto de ser juzgado por fraude fiscal y tráfico de influencias, entre otros delitos. Los casos Brugal, Emarsa y Nóos completan el panorama.

Francisco Camps no escatimó en dinero público para grandes eventos y obras megalómanas. Su debilidad fueron los personajes conocidos, aunque hacer negocios con ellos fuera extremadamente oneroso para las arcas públicas. Pagó 3,1 millones de euros en concepto de canon a Iñaki Urdangarin por organizar tres cumbres sobre deporte y turismo en Valencia, aunque la Generalitat cargaba con la mayoría de los gastos de estos eventos.

Además, sufragó la construcción de un circuito de Fórmula 1 en Valencia en el que se gastó en torno a 85 millones y se comprometió a pagar un canon anual a Bernie Ecclestone, el patrón de la Fórmula 1, de al menos 17 millones, para que permita la celebración de carreras. Camps, además, aceptó que el magnate le impusiera una penalización en caso de ruptura de contrato tan alta como si las carreras se siguieran celebrando. Por eso, el nuevo president de la Generalitat, Alberto Fabra, ha reconocido que no puede romper el acuerdo pese a la ruinosa situación económica de la Generalitat valenciana.

Pero el más beneficiado, sin duda, fue el arquitecto Santiago Calatrava. Cobró 15 millones de euros por unos rascacielos que nunca construyó, otra vez gracias a un contrato leonino para los intereses públicos. Izquierda Unida denunció los hechos pero la Fiscalía de Valencia afirmó que no podía investigarlos porque 'no existe la figura delictiva del derroche de dinero público'.

La crisis es peor en el País Valencià que en el conjunto de España, según la mayoría de los indicadores económicos. Es la comunidad más endeudada de España en relación a su PIB. Según el PSOE, los compromisos de pago para los próximos 50 años alcanzan los 62.000 millones de euros, unos datos que la Generalitat valenciana ni confirma ni desmiente.

El paro afecta al 25,4% de los valencianos, tres puntos más que la media española. Camps, sin embargo, siempre se sacudió cualquier responsabilidad. En repetidas ocasiones dijo que la culpa es de los gobiernos socialistas. La última vez que lo afirmó fue en una entrevista publicada el viernes en ABC, en la que acusó a la 'infrafinanciación de los gobiernos de Zapatero' de ser el origen de la mala imagen del territorio valenciano.

La solución escogida por Alberto Fabra para paliar las consecuencias del legado de Camps fue la de los recortes. El 5 de enero aprobó un decreto en el que se restaban 1.050 millones de euros del presupuesto autonómico que se había aprobado tan sólo dos semanas antes. El mayor bocado se lo dio a la sanidad pública, que se quedó con 440 millones de euros menos.

Además, la Generalitat rebajó los complementos del sueldo de los funcionarios. El jueves, 100.000 personas, según los sindicatos que organizaban la marcha, clamaron contra el tijeretazo y en defensa de los servicios públicos.

El día después de la absolución de Camps, el president Fabra convocó una rueda de prensa en la que calificó a su antecesor de 'gran político'. Mientras, frente al Palau de la Generalitat un grupo de personas exhibía pancartas como 'No a la Fórmula 1 y paga las deudas' o 'No cobramos desde noviembre'. Eran los usuarios de los centros de atención a discapacitados del consorcio comarcal de l'Horta Nord. Entre ellos, un grupo de chicos con síndrome de Down se habían vestido de luto. Sus madres se lamentaban porque los impagos de la Generalitat están abocando a los centros y sus trabajadores al cierre.

Como ellos, hay un número incalculable de empresas al borde de la quiebra. El Gobierno autonómico reconoce que debe 2.500 millones de euros a proveedores, entre los que están empresas de material sanitario, libreros, farmacéuticos, guarderías, actores de doblaje y un largo etcétera.

No están mejor en el sector público: en los últimos meses, en los centros escolares ha llegado a faltar hasta la luz y la calefacción por falta de pago.