Durante una época se debatió si el valenciano y el catalán eran dos lenguas independientes o la misma. En la defensa de sus respectivas señas de identidad se generó una gran polémica y alguien templó los ánimos recordando que 'une más el cemento que el acento'.

Para un diputado conservador, la expresión se podría aplicar a día de hoy con sus propias connotaciones a lo que está ocurriendo en el PP valenciano. Los que rodean a Mariano Rajoy piensan que en el País Valencià se podría llegar a gestar 'un pacto de no agresión o hermandad' entre el jefe del Consell, Francisco Camps, y los presidentes de las Diputaciones de Castellón y Alicante, Carlos Fabra y José Joaquín Ripoll. Bajo este epígrafe podrían prepararse de cara a las elecciones municipales y autonómicas, protegerse entre ellos de los casos de corrupción y hacer causa común, si fuera necesario, frente a la cúpula nacional.

Rajoy no abrirá, como hizo el año pasado, el curso político en Valencia

Varios dirigentes del PP empezaron a detectar señales de esta posible 'alianza' a finales de julio. En la sede nacional, la alarma saltó justo después de que se produjeran las detenciones por el caso Brugal, una investigación sobre sobornos en la adjudicación de los servicios de recogida de basuras en la comarca alicantina de la Vega Baja.

Ripoll, imputado por cohecho en este tema, aseguró pocos días después que un partido 'tiene que estar unido' en las 'victorias' y en los 'momentos complejos y complicados'.

'Cualquier cosa que una al partido siempre es buena', sostuvo el dirigente alicantino ante los periodistas que le preguntaban por los escándalos que se iban extendiendo por toda la comunidad.

También aseguró que le parecía 'absolutamente desmesurado' que la fiscalía pida 15 años de cárcel para su homólogo Fabra, sobre todo 'si se compara con otro tipo de delitos mucho más graves'.

Lo curioso del caso es que el representante del sector zaplanista y principal enemigo interno de Camps viró completamente el discurso que venía realizando en los últimos meses. Hasta hace nada se había dedicado a denunciar la parálisis de la Generalitat y la de la formación a nivel regional por culpa de la implicación del president en el caso Gürtel.

Tampoco le ha mostrado en todo este tiempo su respaldo público. Cuando la dirección nacional suspendió de militancia a Ricardo Costa, el presidente de la Diputación de Alicante se alineó del lado de Cospedal. Y el pasado 12 de mayo (fecha en la que el Supremo ordenó reabrir el caso de los trajes) decidió dejar plantado a Camps en una junta directiva regional que se celebró con objeto de cerrar filas y evidenciar la adhesión inquebrantable con la que contaba el líder de los conservadores valencianos.

'Une más el cemento que el acento', destaca un diputado del PP

Las críticas siempre han sido constantes. De hecho fue Ripollquien solicitó la creación de un comité de crisis para afrontar situaciones de 'tragedia' como la que estaba viviendo el PP a raíz de su implicación en la trama dirigida por Francisco Correa, Pedro Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, en su rama valenciana..

Pero ahora, aunque las relaciones siguen siendo frías, las complicaciones judiciales parecen haber acercado posiciones. De hecho, al día siguiente de la declaración de Ripoll ante el juez, Camps le ofreció que se reuniera de nuevo el máximo órgano de decisión del partido para mostrarle su respaldo.

La oposición denunció inmediatamente la situación. El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, acusó al Partido Popular de haber alcanzado un acuerdo 'para que no dimita nadie'. 'Cual cuadrilla de presuntos delincuentes, han pactado una coartada', afirmó el líder de los socialistas valencianos. El PSPV señaló en un comunicado que, en los próximos meses, los ciudadanos asistirán al 'colapso tanto del PP como de las instituciones que gobiernan'.

En el PP valenciano admiten que «se está reforzando la cohesión interna»

El portavoz parlamentario y conseller, Rafael Blasco, no tuvo más remedio que reconocerlo: 'Se está reforzando la cohesión interna del PP y fuera de la espuma mediática, el partido está muy firme y no pierde la adhesión social y electoral, porque conseguiremos en 2011 un mejor resultado en las urnas', enfatizó.

Blasco acusó además a Zapatero de ser 'la cara de la corrupción en España'. La estrategia de Camps pasa por invocar la teoría de la conspiración y echarle la culpa de todo lo que está ocurriendo al presidente del Gobierno Zapatero. La tesis del 'acoso' se extenderá con mayor fuerza a medida que se acerque la cita con las urnas, al tiempo que se defenderá que todas 'las acusaciones son falsas'.

Ripoll, uno de los dirigentes más críticos con Camps, ha rebajado su tono

El pasado 3 de agosto se cumplió un año de la fecha en la que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana archivó la causa de los trajes que le regaló la trama Gürtel a Camps. Mucho han cambiado las cosas desde entonces. Ahora el jefe del Consell está imputado por cohecho impropio (soborno) a raíz de esa historia y él mismo o miembros de su equipo podrían ser encausados por varios delitos más a medida que avancen las investigaciones sobre la presunta financiación ilegal del PP. Entre esos delitos figuran los de prevaricación, fraude fiscal, falsedad documental o delito electoral, cuya condena acarrea varios años de cárcel y de inhabilitación para cargo público. De acuerdo con el auto del juez Antonio Pedreira, el PP de Valencia ocultó a Hacienda pagos por importe de 2,5 millones en dinero negro y aceptó que la trama endosara a empresarios afines facturas electorales por 376.000 euros.

En el tiempo que ha trans-currido se ha producido una importante brecha entre Camps y Rajoy. El presidente de los conservadores lo sigue respaldando en público y, dicen, resopla en privado cada vez que le preguntan por él. Pero es que Rajoy piensa que su compañero de partido no es 'ningún chorizo' sino una persona que en un momento dado se equivocó a la hora de relacionarse con determinada gente. Aseguran que el jefe de la oposición no se ve con potestad para juzgar a nadie. Así que dejará cualquier decisión en sus manos. Y, como cuentan que Camps se aferra al cargo, en la cúpula del PP están convencidos de que 'será proclamado candidato si él quiere'. Sin sentencia firme, explican, no hay manera de reclamarle el puesto.

El líder del PP prefiere que la primera foto sea con Núñez Feijóo 

Hace también un año se conocía que Rajoy pensaba abrir el curso político con una cena en la plaza de toros de Valencia. Fue el enésimo homenaje a su barón territorial, después de las visitas que realizó en plena campaña de las europeas. Ahora no lo habrá.

El 4 de septiembre de 2009, los conservadores se citaron para celebrar el archivo de la causa. Rajoy se proclamó 'orgulloso' de sus compañeros. Y se lanzó directamente a la yugular de los socialistas: 'Ellos son los grandes derrotados. Ellos quisieron con sus acusaciones en los juzgados y una crueldad infinita lograr lo que no consiguieron en las urnas, que era derrotar al PP'. Camps fue todavía más lejos: 'Quieren instalar un régimen de terrory nosotros, democracia'.

Esta vez no se repetirá la imagen. Rajoy prefiere arrancar en Galicia. Celebrará su primer comité ejecutivo nacional el día 6 de septiembre en Santiago de Compostela. Esta vez, la foto será con Alberto Núñez Feijóo, junto al que se apunta la victoria en las gallegas. El líder de la oposición ha ido espaciando poco a poco las visitas y se ha distanciado de los conservadores valencianos notablemente. Este año ni siquiera quiso celebrar en Valencia el segundo aniversario del XVI congreso nacional del PP del año 2008 en el que salió reelegido. La última vez que se les pudo ver compartiendo escenario fue en marzo en el acto 'Ahora empleo' y en el balcón del ayuntamiento para ver la mascletá. Y ahí ya no se dieron su típico abrazo.

ÁNGELES VÁZQUEZ

¿Cómo está el ‘caso Camps’ desde que se reabrió la causa?
El Tribunal Supremo reabrió el 12 de mayo el ‘caso de los trajes’ en una resolución muy dura con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana de archivar el caso, pese a existir “suficientes indicios racionales” de que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, recibió trajes de la ‘trama Gürtel’. El instructor del caso, José Flors, tiene que abrir juicio oral. Mientras tanto sigue practicando diligencias, como tomar declaración en Madrid, por exhorto, a Pablo Crespo, considerado lugarteniente de Francisco Correa.

¿Qué significa que Crespo niegue que se regalaran trajes al PP?
Es la principal baza de la defensa de Camps y los otros dirigentes del PP valenciano imputados. Argumentan que se les ocultó esta prueba, porque Crespo se lo dijo a su abogado en las conversaciones que el TSJ de Madrid anuló. Las acusaciones consideran que Crespo lo dijo porque tanto él como Francisco Correa sabían que eran escuchados. En cualquier caso será una prueba más en el juicio que se celebrará. Tendrá que competir con el ‘pen drive’ que contenía la contabilidad B de las empresas y con el testimonio del sastre José Tomás, entre otras pruebas.

¿Sólo se les acusa de un delito?
De momento sí. Pero esta situación previsiblemente cambiará después del verano. El instructor del ‘caso Gürtel’ en Madrid, Antonio Pedreira, se inhibió el pasado 25 de mayo a favor del Tribunal Superior de Justicia valenciano. Remitió todos las pruebas existentes contra Camps y los otros dirigentes del PP valenciano implicados en una presunta financiación irregular del partido. La resolución no sólo agravaba el delito de cohecho imputado al president, al vincularlo con contratos concretos, sino que también apreciaba indicios de delito electoral, delito fiscal, falsedad documental, prevaricación, blanqueo de capitales y asociación ilícita.

¿Quién tiene que decidir sobre la inhibición?
El PP, sorprendentemente para ser acusación, recurrió la decisión de Pedreira y la última palabra la tendrá la Sala de lo Civil y Penal del TSJM. El tribunal valenciano se limitó a preguntar al de Madrid si la resolución era firme, pese a que los hechos investigados son de su competencia al tratarse de aforados valencianos.

¿Concluirá la investigación contra Fabra?
Sí, está en su última fase y parece muy difícil que no termine en juicio. El fiscal pide 15 años de cárcel y multa de 2,3 millones de euros para el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por tráfico de influencias, cohecho continuado y cinco delitos contra la Hacienda Pública. La acusación que ejerce la Unión de Consumidores eleva su petición a 20 años y nueve meses. Fabra declarará ante el juez el próximo 23 de septiembre, pero diga lo que diga será muy complicado que no se abra juicio oral.

¿Qué pasará con Ripoll?
La causa contra el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, es la que está menos avanzada y aún se encuentra bajo secreto, porque aún queda mucho que investigar. Se le acusa de cohecho, tráfico de influencias, actividad prohibida a funcionarios y revelación de información privilegiada.