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Los padres irán a los tribunales si pierden poder en los centros

La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, que agrupa a 42 federaciones, denuncia la "inconstitucionalidad" del anteproyecto de la LOMCE

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La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), recurrirá a los tribunales si la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE) 'cercena el derecho de los padres y las madres a intervenir en el control y gestión de los centros educativos'.

Las 42 federaciones de AMPAS de todo el Estado que integran Ceapa están convencidas de la 'inconstitucionalidad' del anteproyecto de la LOMCE, que otorga a este órgano de participación de la comunidad educativa un carácter meramente consultivo.

En un comunicado emitido hoy, la CEAPA sostiene que las familias verán mermada sustancialmente su capacidad de intervención en el control y gestión de los centros, que está reconocida por el artículo 27.7 de la Constitución. Según los padres, 'el anteproyecto de ley elimina competencias que hasta ahora tenía el consejo escolar como la aprobación de las normas de organización y funcionamiento del centro y de los proyectos referidos a la gestión del centro y del proyecto educativo'.

La CEAPA defiende el derecho de las familias a 'participar activamente en la gestión democrática de los centros escolares y en el diseño de las políticas educativas que afectan a la formación integral' de lso alumnos. Además, señala que los padres son 'los grandes damnificados por la decisión del ministerio de otorgar mayor autonomía a los centros y fortalecer las competencias del director'.

Por todo ello, los presidentes de las federaciones territoriales de AMPAS han aprobado un documento de 40 propuestas que Ceapa remitirá al Ministerio de Educación y a los grupos parlamentarios en el Congreso y Senado. Entre otros planteamientos, los padres reclaman la gestión democrática de los centros educativos y del sistema educativo en su conjunto, el papel prioritario de la escuela pública y la subsidiariedad de la privada-concertada dentro del sistema educativo, la atención a la diversidad como principio básico del sistema educativo y una educación común para todo el alumnado hasta los 16 años y sin itinerarios segregadores.