No hace falta un contexto de crisis económica para que los detractores de los sistemas públicos busquen la forma de cambiar su naturaleza. Desde el inicio de los años noventa, con el pretexto de que las tensiones presupuestarias eran ocasionadas por el incremento constante del gasto sanitario han proliferado propuestas para romper el modelo de gestión directa y de financiación pública que caracteriza el sistema sanitario público español.

Recientemente, desde distintas formaciones políticas y foros, se está aprovechando el debate suscitado por la deuda de las Comunidades Autónomas para impulsar de nuevo el copago sanitario. Sus defensores lo presentan a modo de mecanismo de contención de la demanda y de recaudación, sin explicar a la ciudadanía dos aspectos fundamentales: primero, que los ciudadanos ya pagan por los servicios sanitarios a través de los impuestos, y dos, que el copago representa una barrera para un gran número de ciudadanos.

'Nuestro sistema es eficaz porque es público, universal y solidario'

Así, en la situación actual es obligado hacer un ejercicio reflexivo sobre los efectos que tendría el copago en los casi nueve millones de pensionistas, los más de cuatro millones y medio de desempleados, los perceptores de rentas bajas y sus familias, etc. Asimismo hay que tener en cuenta a los enfermos crónicos, cuyo número ha ido en aumento. ¿Qué supondría para ellos la introducción del copago?

Nuestro sistema sanitario público es eficaz y eficiente, fundamentalmente, porque es público, universal, equitativo y solidario, principios sobre los que se fundamenta y por los que obtiene reconocimiento social. Defender su sostenibilidad requiere un compromiso urgente de todos.

Estas son algunas de las razones por las que UGT rechaza el copago, o mejor dicho el 'repago sanitario', pagar dos veces por el derecho a una sanidad pública, y por lo que el sindicato ha insistido al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad para lograr un acuerdo sobre financiación sanitaria y establecer medidas encaminadas a garantizar la sostenibilidad del sistema en el marco de la mesa de Diálogo Social Reforzado sobre Sanidad.

Entendemos que antes de imponer una medida que supondría un grave retroceso social contra uno de los pilares más consolidados de nuestro Estado de Bienestar, es preciso mejorar la gestión del gasto sanitario y garantizar que los recursos asignados a la sanidad, además de ser suficientes, realmente fueran destinados a este fin, la sanidad, y no se desviaran para otras cuestiones, es decir que se respete su carácter finalista. Asimismo, sería necesario incrementar los ingresos procedentes de impuestos directos, con una mayor aportación de las rentas más altas.