El Parlament de Catalunya se disolverá con varios proyectos legislativos pendientes, entre los que destacan el proyecto de ley de consultas populares no refrendarias y la proposición de ley de transparencia y acceso a la información pública, que estaban en pleno trámite. Se suspenden otros tres proyectos de ley y otras 33 proposiciones de ley, que decaerán y sólo se recuperarán si el Govern y los partidos las impulsan en la nueva legislatura, han informado fuentes parlamentarias y gubernamentales.

La ley de consultas ve trucando su trámite, ya muy avanzado, y ocurre mientras el Parlament se despide aprobando una propuesta de resolución que avala celebrar una consulta sobre autodeterminación. Para recuperar esta norma, el Govern o los partidos deberían volver a presentarla en el nuevo periodo de sesiones, aunque el próximo Govern podría acelerar los trámites impulsándola por la vía de urgencia, por lo que podría aprobarla en tres meses.

Las otras leyes del Govern que el final de la legislatura dejará en el aire son la reforma del Código de Consumo, la de la ley que regula la captura de pájaros fringílidos, y la modificación de la normativa que regula los centros de culto.

Varias leyes de Bienestar Social han quedado en suspenso por la disolución del ParlamentTambién quedarán en suspenso las leyes de accesibilidad y voluntariado --cuyas redacciones estaban ya muy avanzadas en consenso con el sector--, así como el Pacto por la Infancia, cuya aprobación se preveía para los próximos meses. Bienestar Social tampoco podrá impulsar una ley de Dependencia propia para Catalunya que, aunque era aún embrionaria, se trataba una gran apuesta del conseller Josep Lluís Cleries.

La Secretaría de Universidades deja colgada la ley de ciencia, que el Govern acaba de aprobar y pensaba enviar al Parlament; pero la Comisión de Gobernanza del sistema universitario podrá terminar sus conclusiones en el plazo previsto: octubre.

En educación no universitaria, la disolución de la cámara no afecta al trámite de ninguna ley, ya que el marco global de la enseñanza es la Ley de Educación (LEC), pendiente de ir desplegándose por decretos, aunque sobre ella pesan diversas proposiciones de ley de modificación por parte de los diferentes grupos parlamentarios.

La Conselleria de Cultura no tiene pendiente ninguna modificación legislativa en la cámara, pero dejará por resolver el recurso que la Comisión Europea interpuso contra la ley del cine catalán por considerarla discriminatoria.

En sanidad, una de las promesas electorales pasaba por aplicar medidas de desgravación fiscal a las personas con un seguro privado de salud, algo que cayó de las prioridades del Govern que tuvo que aplicar el primer recorte sanitario de la historia.

Puig pretendía que el Govern aprobara este año su proyecto --que quería unificar ordenanzas de civismo impulsadas en los últimos años por ayuntamientos--, para debatirlo en el próximo periodo de sesiones del Parlament. Y queda congelada su reforma de las leyes de la Policía catalana --la de Mossos de 1994 y la de policías locales del 95--, su otro gran proyecto para esta legislatura.

Las consellerias de Territorio, de Agricultura, de Empresa y de Economía no verán abortado ningún proyecto de ley.

Los partidos también ven propuestas suspendidas: por ejemplo el pleno no debatirá la supresión del euro por receta que impulsa ICV-EUiA, ni su paquete de medidas fiscales para reformar el Impuesto de Sucesiones y crear un gravamen sobre el de Patrimonio.

El pleno de la Cámara tampoco abordará iniciativas como las de Solidaritat Catalana per la Independència (SI), con las que quería blindar la escuela en catalán, rebajar el sueldo de los diputados y suprimir los peajes; ni proposiciones de Ciutadans (C's), como la reforma de la LEC.

También el PSC quería llevar reformas educativas a la Cámara, para retirar conciertos a escuelas 'elitistas' y una ley de regulación de las áreas de promoción de economía urbana.

Decaen también normas promovidas por CiU, como la que quería que el Penedès fuera octava veguería; ERC, que promovió un paquete impositivo para cambiar la política ingresos del Govern; y PP, que quería adelgazar el sector público, y que además ve acabar la legislatura sin que CiU cumpla compromisos presupuestarios pactados.