Semana intensa en el Parlament de Catalunya. Un día después de la sesión que prohibió las corridas de toros en Catalunya a partir de enero de 2012 ayer, en el último pleno del periodo de sesiones y quizás de la legislatura, se debatieron las conclusiones de la comisión de investigación del caso de corrupción del Palau de la Música. La supuesta financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya a costa de la institución cultural, que se habría llevado a cabo con la complicidad de Fèlix Millet, su saqueador confeso, llevó al resto de grupos a constituir una comisión que ha servido para ordenar indicios y evidencias pero no para que los nacionalistas admitan irregularidades.

El dictamen de la comisión, que llegó al pleno tras más de un mes de trabajos, 56 comparecencias y el acopio de abundante documentación, fue apoyado por los tres grupos del Govern, PSC, ERC e ICV-EUiA, además de los tres diputados del mixto. El PP, al que se le incorporaron varias enmiendas, se abstuvo y CiU votó en contra.

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En el texto aprobado se da por hecho que Convergència, el principal partido de la federación CiU, se financió de forma irregular gracias al Palau. Lo habría hecho de diversas formas: a través del cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de obra pública por los gobiernos de Jordi Pujol; a partir de pagos del Palau a empresas que trabajaban para CDC y no para la institución cultural y mediante un convenio entre el Palau y su fundación para celebrar actividades culturales que nunca se llegaron a realizar. De este último, CDC reconoce el carácter irregular, puesto que Millet no tenía poderes para firmarlo. De ahí que vayan a devolver al Palau más de 600.000 euros.

ERC calculó que CDC se habría apoderado, a través de la histórica entidad, de casi seis millones de euros. Hace un año que el Palau fue intervenido y se detuvo a Millet y a algunos de sus colaboradores, que según las auditorias más recientes habrían malversado más de 35 millones de la entidad.

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Entre las conclusiones aprobadas ayer están, además de la modificación de diversas normas, poner en manos de la fiscalía la presunta financiación irregular de los convergentes, de la que se podrían desprender medidas penales.

Ante las graves acusaciones del Tripartito y del resto de grupos de la Cámara catalana, CiU se defendió erigiéndose en víctima de un 'juicio político' a las puertas de unas elecciones autonómicas que Artur Mas y su equipo dan por ganadas en una perspectiva que sólo se podía torcer con un gran escándalo de corrupción. Se refugió en este argumento y atacó con que si algún partido tiene a dirigentes imputados en el asunto es el PSC, ya que entre las tropelías de Millet se cuenta la tramitación ilícita de la recalificación de un solar para instalar un hotel vinculado al Palau. Para ello contó con el visto bueno del Govern y el Ayuntamiento de Barcelona, ambos en manos socialistas. Altos cargos del consistorio y uno de sus ediles han sido imputados por el asunto.

El diputado de CiU Jordi Turull no dudó en calificar de 'cobarde' la actitud de la izquierda y calificó la comisión de 'tribunal político calumniador'. Recordó que los grupos del Govern hacen a Mas responsable último de la posible financiación ilegal de su partido (el diputado del PSC Jordi Terradas lo volvió a hacer) pero rechazaron la oferta convergente para que compareciera en comisión, cosa que sí hicieron otros cargos del partido.

Turull no entró en detalles y se ciñó al fondo político. Llegó a asegurar que las generaciones que no vivieron el franquismo pensaban que este tipo de procesos 'sólo existían en los libros de historia'. De hecho acabó citando a Jordi Pujol ante el tribunal que hace medio siglo que le juzgó por organizar una protesta antifranquista y catalanista precisamente durante un concierto en el Palau de la Música.

Terradas no mostró reparos en que el Tripartito acabara la segunda legislatura de la misma forma en que empezó la primera, fiscalizando la obra pública de CiU. Mirando a los bancos de la aún oposición aseguró que antes de que empiece la campaña electoral de las catalanas 'Mas debe explicarse y poner orden en las cuentas de CDC'. Según los socialistas, que en algunos momentos de la comisión temieron que esta (a la que les arrastraron sus socios y el PP) se les volviera en contra, Mas debería garantizar 'que no ha sido cómplice de Millet'. De lo contrario, afirmó Terradas, 'debería dimitir'.

El diputado de ERC Pere Bosch puso el acento en los donativos que, según él, Ferrovial hacía a CDC a través del Palau mientras que el de ICV-EUiA Daniel Pi presentó a los nacionalistas como la vuvuzela que dificultó los trabajos de la comisión. Pese a apoyar el recurso a fiscalía, el PP constató que era un debate para hostigar a CiU.