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El Parlamento gallego reclama el aplazamiento del pago de su deuda

La propuesta expresa la necesidad de revisar las condiciones previstas en una disposición del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas

EFE

El Parlamento gallego ha aprobado en le Pleno, con los votos del PP y la abstención de socialistas y nacionalistas, reclamar un aplazamiento del pago al Estado de 2.500 millones de euros, correspondiente a las liquidaciones de 2008 y 2009. La propuesta parlamentaria expresa la necesidad de revisar las condiciones previstas en una disposición adicional del sistema de financiación de las Comunicaciones Autónomas respecto a las liquidaciones negativas correspondientes a los citados ejercicios. El acuerdo considera que es preciso vincular el comienzo de la devolución de las liquidaciones a una tasa de crecimiento del PIB autonómico del 2% y apuesta por alargar en el tiempo el plazo actualmente fijado al menos hasta diez anualidades.

En defensa de la iniciativa, el diputado popular Pedro Puy indicó que, de la cantidad total, 1.600 corresponden al fondo de suficiencia, que ha caído no sólo por la disminución de los ingresos, sino por medidas 'discrecionales' como la devolución de los 400 euros a los contribuyentes o el llamado 'cheque bebé'.

Por su parte, la socialista María José Caride dijo estar sorprendida por la actitud del PP ya que, tras ocho meses de firmar el nuevo modelo de financiación autonómica, ahora el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, 'quiere cambiar las reglas de juego'. Según ella, el PP ejercita 'un puro ejercicio de demagogia', ya que mientras Feijóo insiste en que Galicia 'no puede pagar lo que tiene', al mismo tiempo se anuncian rebajas fiscales. A este respecto, emplazó al Gobierno a que se comprometa con el mantenimiento de la política fiscal y en la lucha contra el fraude.

Por otro lado, el nacionalista Fernando Blanco reivindicó un 'Estatuto de nación' para solventar problemas como el de la deuda, e insistió en que el verdadero problema es el modelo de financiación autonómica, por lo que animó a negociar un nuevo sistema y no a 'poner un parche'

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