'Aunque empezó mal, ha terminado bien y nos tenemos que dar la enhorabuena'.

No es un juego de palabras, aunque lo parezca. Ni un chascarrillo de la autora de la frase, Rosa Díez. Vale como resumen del camino recorrido hasta ahora por la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos. Resumen y conclusión que comparten tanto ella, la portavoz de UPyD, como la inmensa mayoría de los portavoces de la oposición. El texto inicial nació del Gobierno, y fue muy criticado entonces, y a su paso por el Congreso ha ido sumando más apoyos hasta llegar a ser aprobado este jueves por el pleno con el consenso de todas las fuerzas políticas, a excepción de Amaiur, que votó en contra, e Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y Compromís-Equo, que se abstuvieron.

La génesis de la reforma hay que buscarla en la segunda rueda de prensa de Soraya Sáenz de Santamaría como portavoz del Gobierno, el 30 de diciembre de 2011. Dentro del primer paquete de ajustes aprobado por el Ejecutivo –y que incorporaba el primer incumplimiento del programa de Mariano Rajoy, la subida del IRPF–, se coló la decisión de reducir las subvenciones públicas a los partidos un 20%, en aras de la predicada austeridad. 

Lo que al principio era única y exclusivamente un mordisco a las ayudas a las formaciones políticas ha crecido, gracias a las aportaciones de todos los grupos. Desde luego, la pretensión del Gobierno se ha mantenido: este año la subvención a los partidos mengua un 20%, hasta los 65.883.580 euros para gastos de funcionamiento y otros 3.382.750 para gastos de seguridad. La actualización de esas cifras ya no será automática, según la evolución del IPC, sino que corresponderá anualmente al Ejecutivo de turno, y las plasmará en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

La reforma sale aprobada casi por unanimidad de la Cámara Baja

Pero hay más cambios, y muy sustanciosos, de la reforma de la ley orgánica de 2007. Para empezar, se acentúa la transparencia. Los partidos estarán obligados a hacer públicos, 'preferentemente a través de su página web', el balance y la cuenta de resultados, y también los créditos bancarios que les hayan sido condedidos, al igual que las condonaciones de deuda, 'de forma que esta información sea de gratuito y fácil acceso para los ciudadanos'. Pero hay una pega: deberán divulgar sus cuentas una vez hayan sido fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas (TCU). Esa prevención hará que los informes de las formaciones políticas de un ejercicio concreto tarden años en estar listos. El órgano tiene pendiente, de hecho, emitir su dictamen de los estados contables de los partidos desde 2007. UPyD, que ya publica en su web sus números anuales, pidió que se publicasen en cuanto las aprobase cada fuerza. El PP, relatan fuentes de la formación magenta, se opuso con el argumento de que los estados contables podían verse alterados y no eran definitivos hasta recibir el visto bueno del tribunal.

Ya no habrá barra libre para las condonaciones de deuda. Las entidades financieras sólo podrán perdonar a los partidos un máximo de 100.000 euros anuales, y si se produce ese acuerdo, se deberá informar al Tribunal de Cuentas y al Banco de España. El tribunal también tendrá que ser informado, en un plazo máximo de tres meses, de todas las donaciones superiores a 50.000 euros y de donaciones de bienes inmuebles. El TCU ve reforzada asimismo su potestad sancionadora en casos de infracciones muy graves. ¿Cuáles? Si un partido acepta donaciones ilegales, le multará con el doble de la aportación recibida. Si no presenta sus cuentas anuales o son deficientes, le retendrá la subvención anual que libera el Ministerio del Interior. Y si se pasa del límite de gastos electorales previstos en la ley, le impondrá una sanción 'equivalente al exceso producido'.

Se refuerza el poder sancionador del Tribunal de Cuentas y se pone coto a las condonaciones

La reforma pactada por la mayoría de los grupos ata mucho más en corto a las fundaciones vinculadas a los partidos, consideradas desde siempre como un coladero de 'financiación ilegal', como hoy mismo reconocía en el pleno el portavoz del PP, José Antonio Bermúdez de Castro. Ahí está el caso Fundescam, que destapó Público. Las fundaciones ligadas a fuerzas políticas deberán publicar en sus webs sus cuentas anuales una vez fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas, tendrán que informar al Ministerio de Hacienda de todas las donaciones y aportaciones recibidas. Los partidos, además, no sólo no podrán recibir dinero de empresas privadas que presten servicios para las administraciones públicas. Tampoco podrán aceptar donaciones de empresas del mismo grupo o participadas ni de sus fundaciones. No les estará permitido igualmente recibir fondos de fundaciones privadas que ingresen ayudas de las administraciones públicas. 

En el pleno de hoy, todos los grupos alabaron los avances introducidos en la ley y la mejora de la 'transparencia'. Aunque también subrayaron en qué se queda corta la reforma y denunciaron en qué se obcecó el Gobierno. El PP se negó en banda a la principal reclamación: que se articulase un sistema de actualización de la subvención a los partidos. Si no se hacía depender del IPC –como imponía la redacción de 2007–, que se ligase a la evolución de la economía y del PIB. Así, no se vincularía al deseo del Gobierno y permitiría a las formaciones 'planificar su vida económica más allá de un año', señaló el portavoz socialista, José Ignacio Sánchez Amor. 'Aquí no hemos acertado, no puede quedar al libre albedrío del Gobierno', expresó descontento Jordi Jané, de CiU. Igual opinó Aitor Esteban (PNV): 'Habiendo mayoría absoluta monocolor, ¿quién garantiza que no habrá otro recorte unilateral sin previo aviso y sin negociación?'. A todos ellos respondió Bermúdez de Castro alegando que los partidos no deben asegurarse 'más de lo que tiene garantizado el conjunto de la sociedad'. 'No podemos aceptar que exista una cláusula de revalorización de las ayudas públicas a los partidos en los Presupuestos del Estado, simple y llanamente porque la inmensa mayoría de los españoles tampoco la tienen. No sería ni justo ni solidario en este momento', abundó el representante del PP. 

Los grupos censuran que dependa del Gobierno la revisión de la ayuda anual

En cuanto a las carencias, Alfred Bosch (ERC) pidió que los partidos asuman la responsabilidad de sus cargos públicos por malas prácticas. Francisco Jorquera (BNG), que mermen en igual proporción (20%) las ayudas a la Iglesia. También Jorquera y Ricardo Sixto (Izquierda Plural), que se repartan las subvenciones en función del número de votos (y no según sufragios y escaños). Y Sixto y Sánchez Amor, que no se tienda hacia un modelo de financiación privada, porque ello supondría que sólo hagan política aquellos que apoyan 'a quienes más dinero tienen'. El diputado socialista puso un ejemplo bien reciente: 'Mientras que para el mundo del dinero el espacio se amplía, para nosotros se estrecha. Hoy mismo estamos viendo cómo a este país maduro y democrático puede llegar un millonario americano [Sheldon Adelson, el magnate promotor de Eurovegas] y poner unos cuantos millones encima de la mesa y se dice que se va a cambiar la ley para ese millonario. Eso es lo que pretendemos evitar a toda costa'. 'No teman, no es nuestra intención cambiar el modelo de financiación de partidos para ir a otro que prime la financiación privada', tranquilizó Bermúdez de Castro. Amaiur, en cambio, no comparte la necesidad de la financiación pública. Sabino Cuadra defendió que el dinero de los partidos debe proceder, 'básicamente', de las cuotas de sus afiliados. De ahí su voto en contra.

El proyecto de ley que empezó como una 'medida para hacer caja' y se ha convertido en un ejemplo de 'regeneración democrática, de transparencia y de fiscalización para los partidos' –así lo definió Rosa Díez– viaja ya camino del Senado.