El pasado jueves 2 de junio, la agencia Fitch Ratings anunció que retiraba la llamada 'perspectiva negativa' para la deuda de corto plazo de Castilla-La Mancha. El motivo: la refinanciación exitosa de la deuda que había vencido el 31 de mayo.

Cuatro días más tarde, el lunes 6, la agencia Moody's se dirigía a la consejera de Economía en funciones, María Luisa Araújo, para preguntar por la situación financiera de la comunidad. La agencia había rebajado la nota de Castilla-La Mancha, Catalunya, Murcia y Valencia el 11 de marzo pasado. ¿Cuál era el nuevo motivo de preocupación? Las informaciones promovidas por dirigentes del PP, sin datos, en el sentido de que Castilla-La Mancha era la 'Grecia de las CCAA españolas'.

La consejera saliente le aportó los últimos datos disponibles, con los cuales Moody's evaluará la situación y hará su análisis crediticio correspondiente. Si la exigencia de auditorías por parte del PP en las autonomías que va a gobernar evoca aquella famosa exigencia de las 'auditorías de infarto' que había prometido Alfonso Guerra en 1982, la peculiar manera de entrar en la Presidencia de Castilla-La Mancha por parte de la número dos del PP, Dolores de Cospedal, puede ser identificada como el equivalente de la ya célebre Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana de 1992, la ley de la patada en la puerta o ley Corcuera.

Mariano Rajoy se presentó con talante de moderador en la guerra abierta cuando el lunes pasado ofreció al Gobierno colaborar en la reducción del déficit de las comunidades autónomas, siempre que se hablase a calzón quitado.

Elena Salgado, según revelamos en RNE el pasado martes por la noche, mantuvo una larga conversación telefónica ese día por la mañana con Rajoy para solicitarle que hiciera el favor de bajar el ruido, habida cuenta de que las agencias de rating están al acecho. La iniciativa de la vicepresidenta era una manera de recoger la sugerencia del líder del PP de poner las cartas sobre la mesa. Rajoy le glosó en la conversación amplios párrafos de su discurso del lunes.

La conclusión no puede ser más evidente: el que esté libre de pecado en materia de gasto autonómico y municipal que arroje la primera piedra. Por esta razón, la ofensiva del PP ha ido bajando en intensidad.

Según explicó Cospedal a varios dirigentes, la actitud de su equipo se debía a que la reunión de traspaso de poderes se estaba demorando porque Araújo se había cogido vacaciones. En otros términos, la presidenta entrante quiso dar un golpe de autoridad: se van a enterar de lo que vale un peine.

El equipo de Cospedal cuenta con algunas filtraciones de la Junta, en las que se aseguraba que, si bien no había problemas para pagar la nómina de junio (275 millones de euros), la cuestión era la paga extra. Fuentes de la Junta han asegurado a este cronista que tampoco habrá dificultades para abonar el sueldo extraordinario.

Además de los 350 millones que corresponden a la comunidad por participación mensual en los ingresos del Estado, la Administración central adeuda 250 millones por aplicación de leyes estatales (dependencia), políticas activas de empleo y otros conceptos durante el primer trimestre y otros tantos en el segundo trimestre de 2011. 'Sin esa deuda a cobrar, la paga extra se pagará sin problemas', dijo un alto cargo de la Junta.