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Pataleta del Supremo contra el decreto que les quita el coche oficial

La cuarta parte de sus magistrados protestan porque el Gobierno mantenga el vehículo al fiscal general, los vocales del CGPJ, el Tribunal de Cuentas o los adjuntos del Tribunal de Cuentas

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Más de la cuarta parte de los magistrados del Tribunal Supremo han denunciado en un escrito el decreto del Gobierno que les retira el coche oficial. Estos 25 jueces aseguran no protestar por el fondo de la decisión --la supresión de la asignación del vehículo--, con el que se muestran de acuerdo, sino porque el texto no les reconoce su categoría de miembros de un órgano con relevancia constitucional del Estado.

Los firmantes, que se reservan la acción de medidas si el Ejecutivo no rectifica, quieren que se retire también el coche oficial a todos los miembros del resto de órganos constitucionales a los que se les mantiene --como el Consejo General del Poder Judicial,  el Tribunal de Cuentas, el fiscal general del Estado, o los dos adjuntos del Defensor del Pueblo--, a excepción de sus presidentes.

Dentro del Supremo, creen que hay que quitar también el vehículo a los cinco presidentes de Sala y a los cinco miembros electos de la Sala de Gobierno, y dejárselo sólo al presidente de la institución.

Precisamente el presidente del Supremo, Gonzalo Moliner, estudió este escrito durante la reunión de la Sala de Gobierno del tribunal, a quien se dirigió el mismo. Dicho órgano resolvió tomar conocimiento de su contenido sin adoptar ningún acuerdo al respecto, después de que Moliner les informase de que el Gobierno se ha mostrado dispuesto a rectificar.

Varios de los firmantes reprochan al Ejecutivo que haya tardado 18 días en anunciar una corrección del 'gravísimo error' cometido por hurtarles la condicón de órgano con relevancia constitucional del Estado, pese a ostentarlo 'de modo incuestionable de acuerdo con el texto constitucional y por encima de alguno de los restantes órganos a los que el Real Decreto incluye en tal categoría'. Protestan especialmente porque se les haya relegado respecto al fiscal general o al Tribunal de Cuentas, 'jurisdiccionalmente sometido a este órgano'.

El decreto, que fue publicado el pasado 30 de noviembre por el BOE, está firmado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y modifica las funciones del Parque Móvil Ministerial cambiandole el nombre por el de Parque Móvil del Estado.

La disposicioón asigna coche oficial, dentro de la Administración General del Estado, a quienes tengan rango mínimo de subsecretario, mientras que a los directores generales y rangos similares dependerá de los recursos disponibles y de lo que acuerde al respecto el Parque.

Dentro de los órganos consititucionales o con relevancia constitucional del Estado --donde no se incluye al Supremo--, se les otorga coche a sus presidentes y vicepresidentes, al Defensor del Pueblo, al fiscal general del Estado, a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y a los consejeros permanentes del Consejo de Estado, así como a los secretarios de las mesas del Congreso y del Senado, y a los adjuntos primero y segundo del Defensor del Pueblo.

También habrá servicio del Parque Móvil para la Jefatura del Estado, los expresidentes del Gobierno, y el presidente, presidentes de Sala y miembros de la Sala de Gobieno del Supremo, a quienes dedica un apartado especial fuera del de órganos con relevancia constitucional, lo que ha motivado su enfado.

Los jueces firmantes del documento subrayan que están de acuerdo con la supresión del coche oficial por 'la necesidad imperiosa de ahorro que sufre el Estado en la actual situación de crisis económica', por lo que piden que la medida se haga extensiva a todos los altos cargos a los que el decreto se lo reconoce menos a los presidentes de órganos de relevancia constitucional.

El escrito lo han firmado 13 jueces de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, 10 de la Sala de lo Social, y 2 de la de lo Militar, mientras que los de la Sala Civil emitieron otro escrito de contenido parecido, y los de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, la más numerosa del alto tribunal, han decidido no firmar ante la eventualidad de que la protesta derive en un recurso contra el decreto del Gobierno que deban resolver ellos mismos.