El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó hoy volver a remitir un requerimiento al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para pedirle que identifique a las 'personas, empresas, grupos y bufetes nacionales o internacionales' que pudieron participar como 'intermediarios o destinatarios' en el pago del rescate que habría permitido la liberación del atunero Alakrana, informaron hoy fuentes jurídicas.

Pedraz, que investiga el pago del supuesto rescate en una pieza secreta, ha adoptado esta resolución a instancias del fiscal Jesús Alonso, que le solicitó ayer que se dirigiera a los servicios secretos para preguntarles por la identidad de las personas que pudieron participar en esta maniobra, 'pagando o colaborando con estructuras u organizaciones dedicadas a la piratería'.

En diciembre pasado el CNI se negó a facilitar esta información al titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 alegando que se trataba de información confidencial, por lo que debía ser desclasificada previamente por el Consejo de Ministros, según explicaron las citadas fuentes.

En el marco de esta instrucción, el Cuerpo Nacional de Policía remitió durante la última semana de enero un informe al juez en el que se descartaba que el armador del atunero Alakrana, Kepa Etxebarría, abonara un rescate, que los propios piratas elevaron a 2,7 millones de euros.

Según publicaron algunos medios, durante su declaración ante el juez, Etxebarría aseguró que el peso de la negociación con los piratas recayó sobre un misterioso personaje que dijo llamarse Pepe y que no pudo especificar si pertenecía a los servicios de inteligencia.

En el desarrollo de la otra causa, la que se sigue contra los dos presuntos piratas Cabdullahi Cabdiwily, alias Abdu Willy, y Raageggesey Hassan Adji, el juez Pedraz ha ordenado que los 16 españoles que formaban parte de la tripulación sean sometidos a exámenes forenses para determinar los daños psicológicos y físicos que sufrieron durante su cautiverio frente a las costas de Somalia, que se prolongó durante 47 días.

Pedraz ha adoptado esta decisión después de que la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal dictara el pasado día 9 una resolución en la que revocaba el auto de conclusión del sumario y obligaba al juez instructor a practicar diligencias que considera 'ineludibles' antes de que se celebre el juicio oral, tal y como pidieron cuatro marineros personados en la causa.

Según las citadas fuentes, el juez descarta volver a interrogar a los marineros, ya que su testimonio está recogido en la investigación sobre el pago del rescate, en el marco de la cual el juez se desplazó en noviembre pasado a Gernika (Vizcaya) y Vigo (Pontevedra).

El magistrado también descarta pedir nuevos informes al Cuerpo Nacional de Policía que puedan determinar si los dos presuntos piratas pertenecían a una banda organizada, al considerar que ya están incorporados a las actuaciones. Esta petición fue realizada por el jefe de máquinas del Alakrana, Víctor Bilbao, y los marineros Andoni Gotxi, Gaizka Iturbe y Francisco Veladez.

La consideración de los piratas como miembros de una banda organizada podría abrir la puerta a que fueran condenados por delitos de terrorismo, lo que, según algunas fuentes jurídicas consultadas, abriría la puerta para que los secuestrados pudieran percibir una indemnización por su condición de víctimas.

Los dos somalíes serán juzgados por 36 delitos de detención ilegal -uno por cada uno de los tripulantes del pesquero secuestrado- y robo con violencia y uso de armas, por los que podrían ser condenados a penas de entre 219 años y medio y 365 años de cárcel.

El juez Santiago Pedraz, a instancias de la Fiscalía, optó por no imputarles ningún delito de terrorismo a pesar de que Baltasar Garzón, que le sustituyó en los primeros días de la instrucción, les atribuyó indiciariamente su pertenencia a un grupo denominado 'Burcad Badeed', cuya traducción literal es 'Los que roban en el mar'.