El presunto hombre fuerte de la trama Gürtel en la Comunitat Valenciana, Álvaro Pérez Alonso, El Bigotes, tendrá que seguir compareciendo en los juzgados todas las semanas debido a su relevante papel en el caso de corrupción ligado al Partido Popular. El juez instructor, Antonio Pedreira, ha dictado un auto en el que desestima la petición de la defensa de El Bigotes, alegando la gravedad de los delitos de los que se le acusa, entre ellos, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

El auto de Pedreira hace suyos los argumentos de la fiscalía, quien considera que hay evidencias suficientes para asegurar que Álvaro Pérez entregó 'sobres o dinero (sic) a cargos públicos en distintos ejercicios'. Esas evidencias, según los fiscales, fueron halladas por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en archivos informáticos incautados el 6 de febrero de 2009, día en el que el juez Baltasar Garzón ordenó las primeras detenciones y registros.

Las evidencias del soborno están en archivos informáticos

Sin embargo, el auto de ayer no revela la identidad de los cargos públicos a los que El Bigotes hacía entrega de los sobres, aunque sí señala quién recibió regalos 'en forma de prendas de vestir': el ex director general de Radiotelevisión Valenciana, Pedro García Gimeno. Aquel 6 de febrero, Álvaro Pérez, que llevaba meses con el teléfono intervenido por orden judicial, recibió varias llamadas de aliento procedentes de cargos públicos: el vicepresident del Consell valenciano, Víctor Campos; el propio Pedro García; el secretario general del PP en la Comunitat Valenciana, Ricardo Costa; el vicesecretario de organización, David Serra, y un mensaje de 'la familia Cotino' asegurando que podía contar con ella 'para lo que fuera'. Otras conversaciones interceptadas pusieron de manifiesto la excelente relación que mantenía con el president de la Comunitat Valenciana, Francisco Camps, quien se refería a él como 'amiguito del alma'.

Las acusaciones que pesan sobre El Bigotes fueron recogidas en otro auto del 25 de mayo de 2009 por el que Pedreira se inhibió en favor del Tribunal Superior de Justicia valenciano. Como esa inhibición, recurrida por el PP, aún no se ha hecho efectiva, corresponde al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazar la petición de Álvaro Pérez de dejar de pasar por el Juzgado de Valencia todas las semanas.

El auto no recoge la identidad de los políticos que recibieron el dinero

Igualmente, Pedreira recupera en su último auto la presunta implicación de Álvaro Pérez en delitos electorales durante la campaña de 2007 para las elecciones municipales y autonómicas en Valencia, en otros contra la Hacienda Pública y de falsedad en documento mercantil dentro de su actividad en Orange Market, la empresa clave de la trama en su ramificación de la Comunitat Valenciana de la que era gestor.

En abril pasado, el juez de Madrid Antonio Pedreira fijó en 650.000 euros la fianza pecuniaria que debía abonar Álvaro Pérez. La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que la fianza impuesta 'no podrá bajar de la tercera parte de todo el importe' del que se le considere responsable de haber obtenido fraudulentamenente al imputado por los distintos delitos fiscales y de blanqueo de capitales. En caso de que el imputado no abone la fianza, el juez procederá al embargo de los bienes a su nombre.