Antonio Pedreira, el juez que investiga en Madrid la parte principal del caso Gürtel, dictó el jueves una resolución en la que afea al Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) que aún no se haya decidido a investigar la presunta financiación ilegal del PP en esa comunidad. En su resolución, Pedreira anuncia el archivo provisional en Madrid de 'todo lo referente al TSJ de Valencia'. Y recuerda que el tribunal valenciano ha pedido de nuevo documentación que ya se le había remitido, pese a lo cual sigue sin deshojar la margarita sobre si indagará o no las cuentas del partido que dirige el president Francisco Camps, ya imputado por cohecho impropio (soborno) en el llamado caso de los trajes.

Desde que, en julio de 2009, la policía desveló indicios de financiación ilegal, el TSJCV se ha negado en redondo a indagar sobre esos hechos, cuya gravedad supera con creces la del caso de los trajes, aquel que ya ha colocado a Camps al borde del banquillo. De hecho, el entonces presidente del tribunal y juez amigo de Camps, Juan Luis de la Rúa, devolvió el informe bajo el argumento de que nadie lo había pedido.

Otros dos informes posteriores, uno de Hacienda y otro de la Policía, han venido a reforzar las sospechas de financiación ilegal, contratación amañada y captación ilícita de fondos electorales. De esos dos informes, el de Hacienda cifra en 2,5 millones el dinero que el PP valenciano ocultó al fisco en las elecciones de 2007. Y en julio de 2010, la Policía desveló el pago en negro de 846.000 euros durante 2008 a Orange Market (la empresa de la trama en Valencia), dinero destinado a saldar gastos electorales de los conservadores. La mitad de esta cantidad la abonó el propio PP y la otra mitad, las tres empresas con más adjudicaciones públicas de la Generalitat.

Ahora, el TSJ valenciano promete desvelar antes de las elecciones del 22 de mayo si está dispuesto a investigar la contabilidad del PP y los contratos de la Generalitat otorgados a empresas de la red corrupta. Como paso previo a su pronunciamiento, el TSJ valenciano ha pedido a Pedreira que le envíe todos los documentos relacionados con Valencia que obran en el sumario.

Y es esa solicitud la que da pie a que, en su providencia, el juez madrileño lance un recordatorio de apariencia neutra pero bajo el que subyace un reproche claro a la inacción del tribunal valenciano: 'Dicho tribunal dice su resolución ha solicitado la remisión de la mayoría de la documentación obrante en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, aunque ya se le había remitido con anterioridad numerosa documentación, tanto por este tribunal como por la UDEF'. Pedreira alude así al informe policial de julio de 2009 y al de julio de 2010.

A renglón seguido, Pedreira rememora otro dato ya sabido pero cuya sola mención pone en evidencia al tribunal que hoy preside Pilar de la Oliva: que el TSJ de Valencia 'no ha contestado todavía' a la inhibición de Pedreira, quien en mayo de 2010 pidió ya al TSJ valenciano que asumiera la investigación de las cuentas del PP. En su inhibición, confirmada por la Sala del TSJ de Madrid en septiembre de 2010, el juez ya advertía de la 'estrechísima vinculación' entre todos los elementos del puzle: el regalo de trajes por parte de Orange Market, por lo que la Fiscalía pide una multa de 41.00 euros para Camps; la ocultación al fisco de dinero gastado por el PP en campañas electorales; el amaño de contratos adjudicados a Orange Market, que en un lustro obtuvo así siete millones de euros, y los pagos de facturas falsas presuntamente efectuados por grandes contratistas públicos de la Generalitat.