En su último barómetro, correspondiente al mes de septiembre, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha estudiado la opinión actual de la ciudadanía española respecto al Estado del bienestar. Los expertos del CIS plantearon a los entrevistados tres opciones sobre el Estado del bienestar, que iban desde la defensa de una concepción fuerte, en la que el Estado tiene la obligación de ayudar a todas las personas a solucionar sus problemas, hasta una concepción completamente antitética, en la que son los ciudadanos los que deben resolver privadamente sus problemas, sin esperar ayuda del Estado. Entre ambas se planteaba una opción intermedia, en la que el Estado estaría obligado a ayudar sólo a los ciudadanos más desfavorecidos, más cercana a la idea de un Estado caritativo o de beneficencia que al ideal del Estado del bienestar.

Los resultados obtenidos en la encuesta se encaminan en la misma dirección de los que se han venido obteniendo en los últimos años. Los españoles apuestan de manera muy mayoritaria por el Estado del bienestar en su concepción más fuerte. Casi el 70% defiende que el Estado ayude a todo el mundo, frente al 20% que defiende que sólo tiene que ayudar a los más desfavorecidos, y al 10% que piensa que cada uno debe ser responsable de resolver sus propios problemas. El ataque neoliberal al Estado del bienestar no parece hacer mella en las preferencias de los ciudadanos, y toda la retórica de la responsabilidad y la cultura del esfuerzo de la derecha termina chocando con la conciencia histórica de que, además de la responsabilidad y el esfuerzo personales, en los que la izquierda y los trabajadores tienen una larga y contrastada tradición, los seres humanos necesitan instituciones que garanticen su seguridad ante las contingencias de la vida. Frente a lo que cabría esperar, no hay diferencia entre las preferencias de los votantes del PP (68%) y los del PSOE (70%) respecto a este ideal fuerte del Estado del bienestar.

Tampoco hay grandes diferencias en la opinión sobre cuál debe ser la prioridad de un gobierno. Tanto los votantes socialistas como los populares coinciden en torno al 35% en que la prioridad de un gobierno debe ser en primer lugar garantizar un nivel de vida mínimo para todas las personas, y seguidamente, en torno al 28%, en 'tratar de asegurarse de que haya igualdad de oportunidades para salir todas las personas adelante'. Es este consenso social el que la derecha viene tratando de romper desde los años ochenta en todo el mundo. Y la crisis se ha convertido en una excelente excusa coyuntural para esa derecha a la hora de seguir intentando lo que desde hace más de tres décadas forma parte de su horizonte estratégico.

La mencionada encuesta del CIS pide a los entrevistados que elijan entre dos frases: 'Es preferible bajar los impuestos, aunque esto signifique gastar menos en prestaciones sociales y servicios públicos' y 'es preferible gastar más en prestaciones sociales y servicios públicos, aunque eso signifique pagar más impuestos'. Conociendo las preferencias de los ciudadanos cabría esperar que hubiera una clara mayoría a favor de la segunda opción, sin embargo los resultados rompen nuestros esquemas mentales, y las preferencias están repartidas en mitades prácticamente iguales, 40% a favor de la primera frase y 41% a favor de la segunda.

En este caso sí hay diferencias significativas entre los votantes de izquierdas y de derechas, y esas diferencias se distribuyen como cabría esperar. Los votantes del PP están mayoritariamente (50%) a favor de la opción de pagar menos impuestos aunque eso suponga tener menos prestaciones sociales. Por el contrario, la opción mayoritaria (50%) de los socialistas es mantener las prestaciones aunque eso signifique subir los impuestos. En los dos casos hay un 33% de votantes que mantienen la opinión contraria a la mayoritaria entre los de su partido. Incluso entre los votantes de IU hay un 23% que mantienen que es mejor bajar los impuestos y recortar prestaciones. Lo relevante es que ni la posición mayoritaria es abrumadora, ni la minoritaria es numéricamente despreciable.

¿Quiénes son estos votantes heterodoxos de la izquierda y la derecha? Todas nuestras concepciones teóricas, nuestros prejuicios personales o políticos, nos llevarían a pensar que aquellos de la izquierda que quieren que les bajen los impuestos son los sectores más dinámicos, socialmente más acomodados, la izquierda aburguesada, podríamos decir. Por el contrario, esos mismos prejuicios nos llevarían a pensar que hay una derecha proletarizada que quiere garantizarse sus subsidios aunque sea a costa de una subida de impuestos.

Un estudio detallado de los datos de la encuesta rompe todos esos esquemas teóricos y prejuicios políticos. En el caso de la izquierda, a menor estatus social, a mayor desvalimiento personal, y sobre todo a menor nivel educativo, aparecen más personas que quieren que les bajen los impuestos incluso a cambio de que se disminuyan las prestaciones sociales. Dicho de manera directa, los parados y los jubilados se declaran más favorables a esas políticas que los que tienen un empleo. Por el contrario, las personas de derechas con más formación son las que constituyen la minoría heterodoxa del electorado del PP, son ellos los partidarios de subir los impuestos con tal de garantizar el Estado del bienestar.

Si al lector se le han roto los esquemas, sería bueno que los tirara. Porque es posible que sean esos esquemas los que nos impiden a la izquierda enterarnos de lo que está ocurriendo y reaccionar adecuadamente. De lo contrario una parte de la izquierda seguirá esperando infructuosamente, como viene haciendo desde 1917, que los desheredados la lleven a los palacios del poder, y la otra seguirá sin comprender cómo después de haber ayudado tanto a tantos recibe tan poco.