El Gobierno no tropezará dos veces con la misma piedra. Alfredo Pérez Rubalcaba desveló ayer lo esencial sobre la conducta del Ejecutivo ante los importantes acontecimientos que se avecinan en el frente ETA-Batasuna. 'Será un tribunal quien decida si se ha roto el cordón umbilical definitivamente [entre Batasuna y ETA]. Ese es su debate [de Batasuna] y tendrán que ser los jueces los que decidan', señaló el vicepresidente primero en declaraciones a la Ser. Aquí está toda la línea estratégica. Puede parecer una perogrullada, una obviedad. Pero detengámonos unos momentos y quizá no sea ni lo uno ni lo otro.

Es de sentido común que el Gobierno necesita, dado que la situación de estancamiento económico va para largo, cartas de triunfo en otros ámbitos de la vida política y social, tanto ante las elecciones autonómicas de Catalunya, como las municipales y autonómicas de 2011 y las generales de 2012. Una de esas cartas sería el final de ETA o la ruptura sin ambages de la izquierda abertzale, Batasuna, con esa banda.

El Gobierno ya ha decidido su orientación frente a la banda: firmeza

Pero he aquí que el Gobierno sabe que precisamente por el desgaste sufrido durante el proceso de negociación con ETA y Batasuna, esa carta de triunfo se convertiría fácilmente en un bumerán si se vuelven a cometer los errores del pasado. En otras palabras, sería fácil utilizar en contra del Gobierno y el PP está en esa operación preventiva, lo bueno y positivo que tendría una derrota aún más evidente de ETA y de la izquierda abertzale, acusándole de abrir otra vez la mano a los terroristas.

El Ejecutivo es parte en la política antiterrorista que ha llevado a la actual situación de derrota de ETA y de la izquierda abertzale, pero no lo es, contra lo que asegura Jaime Mayor Oreja e insinúa de tarde en tarde José María Aznar, en el debate interno que conduzca a los terroristas y a la antigua Batasuna a dejar atrás la violencia. 'Ese es su debate', ha dicho Rubalcaba.

El ministro subraya que los jueces dirán si Batasuna ha roto de una vez con ETA

Por tanto, los acontecimientos importantes han de producirse, ETA podrá formalizar su alto el fuego definitivo y Batasuna afirmar que condena la violencia. A continuación, los que forman Batasuna intentarán presentarse a las municipales de 2011. En anticipación de estos pasos, Arnaldo Otegi, que va muy rápido, ha solicitado salir en libertad.

Como lo que sostiene ETA, Batasuna y Otegi no puede considerarse una garantía de nada, el Gobierno ha decidido ya su orientación: firmeza. Es lo que ayer hizo la fiscalía al rechazar la libertad que pide Otegi, para evitar el riesgo de reedición de lo que ocurrió cuando el Gobierno sí era parte, es decir, durante la negociación con ETA y Batasuna. Otegi estaba entonces libre, y no condenó el atentado de la T-4, en 2006. Y sigue sin hacerlo pese a que ya ha llegado a razonar que fue un 'error'.

Pero sigamos. La izquierda abertzale presenta un nuevo partido que cumple los requisitos de la ley vigente. El Ministerio del Interior tiene 20 días para definirse. Entrega la petición a la Fiscalía y la Abogacía del Estado y se interrumpe el citado plazo. Si no hay otras bases concretas para impugnar, se invoca el artículo 61 de la Ley de Partidos por continuación fraudulenta de Batasuna en la nueva organización. Y es el Supremo quien debe decidir. 'Será un tribunal quien decida si se ha roto el cordón umbilical definitivamente', explicó ayer Rubalcaba. El Supremo, pues, resuelve en uno u otro sentido. Y si más tarde el Tribunal Constitucional decide lo contrario es una resolución judicial, como ocurrió en mayo de 2009, cuando el TC legalizó in extremis Iniciativa Internacionalista para concurrir a las europeas.

Esta es la línea estratégica de Rubalcaba. Ya manda mucho. ¡Véase si no cómo finalmente se ha cerrado la puerta (el Senado retrasará, contra lo que había afirmado el presidente, Javier Rojo, la elección de sus cuatro magistrados) a la posibilidad de que Manuel Aragón sea elegido presidente del Constitucional antes de las elecciones catalanas del 28 de noviembre! Por orden del vicepresidente primero.