IU e ICV han conseguido que sean todos los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) los que decidan sobre la legalidad de la tramitación de la reforma del artículo 135 de la Constitución que supuso la introducción de la prioridad de limitar el déficit de las administraciones en la Carta Magna.

La federación que lidera Cayo Lara informó ayer a través de un comunicado de que había recibido una providencia del Alto Tribunal informando acerca de la decisión adoptada por el pleno del TC en su última reunión del 2011. Dicho órgano optó por 'recabar para sí el conocimiento del recurso de amparo' que hasta entonces tramitaba la Sala Segunda del tribunal.

El recurso considera un 'fraude' el proceso de modificación

El recurso había sido interpuesto conjuntamente por la exdiputada de ICV Núria Buenaventura y el parlamentario de IU Gaspar Llamazares después de que PP y PSOE aprobaran en el Congreso y de forma urgente la modificación constitucional el pasado 30 de agosto.

Los representantes de las dos formaciones de izquierda entendieron entonces que las decisiones de la Mesa del Congreso vulneraron el derecho constitucional de participación 'en condiciones de igualdad' de IU e ICV en el Parlamento.

En el texto que presentaron ante el TC, Llamazares y Buenaventura denunciaron que el órgano de Gobierno de la Cámara baja, controlado entonces por PSOE y PP, avaló un procedimiento 'fraudulento' a la hora de hacer efectiva la reforma constitucional. En su opinión, en el proceso se eludió la negociación previa 'en la búsqueda del máximo consenso posible', ya que las conversaciones sólo fueron entrelos dos grandes partidos.

IU e ICV sostienen que la reforma debe ser ratificada por referéndum

El recurso de amparo considera, además, que la Mesa obvió 'la transparencia en la explicación y contraste público y parlamentario' de las consecuencias de la reforma propuesta y evitó 'un debate transparente, sereno y en profundidad' a través de la Comisión Constitucional del Congreso. Y es que decidió someter al pleno la tramitación directa y en lectura única de la modificación de la Carta Magna.

De esa forma, agregan en el texto, se dificultó 'al máximo' el trabajo y la participación de los grupos parlamentarios que no aceptaron el acuerdo entreel PP y el PSOE. Por último, IU e ICV subrayan el hecho de que el procedimiento evitara 'la celebración de un referéndum que permitiera conocer la opinión del pueblo español sobre la reforma propuesta'.

Para poder llevar a cabo su reforma, PSOE y PP se acogieron al artículo 167 de la Constitución, que permite que los proyectos de reforma constitucional sean aprobados 'por una mayoría de tres quintos de cada una de las cámaras'. Se trata de 'la más sencilla vía contemplada' por la Carta Magna, según IU e ICV.

Ambos grupos consideran que se debería haber utilizado el artículo 168, que establece que 'cuando se propusiere la revisión total de la Constitución', se procederá 'a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara y a la disolución inmediata de las Cortes'. El nuevo Parlamento debería aprobar de nuevo la reforma que tendría que ser ratificada por referéndum popular.

Por todo, Llamazares y Buenaventura exigían la declaración de nulidad de la reforma constitucional para poder llevar a cabo una nueva tramitación, algo sobre lo que finalmente decidirán todos los magistrados del Constitucional.

Por el momento, en el pleno del TC tienen mayoría los magistrados progresistas, con su presidente Pascual Sala a la cabeza. Algo que podría cambiar en las próximas semanas por la determinación que ha mostrado el nuevo Gobierno del PP por renovar a sus miembros.

Pero, a diferencia de otros recursos de amparo, en la resolución del presentado por IU e ICV tendrá menos peso el balance entre magistrados progresistas y conservadores. Y es que la modificación constitucional tuvo el beneplácito en el Congreso tanto de socialistas como de conservadores.