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La polémica que se creó sobre un fenómeno inexistente

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Hace cuatro meses, la polémica sobre la utilización del burka en España corrió como la pólvora en decenas de ayuntamientos, especialmente catalanes (Lleida, El Vendrell, Tarragona y Barcelona fueron algunos). Sin embargo, ningún municipio en España tiene constancia de que haya mujeres que vistan esta prenda. Del niqab, que también lo prohibieron, se conocen únicamente una decena de casos. Incluso el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, flirteó con la idea de incluir la prohibición en la futura Ley de Libertad Religiosa, aunque finalmente se desestimó.

Numerosos expertos y políticos alertaron entonces del riesgo que se corría al vincular a la colonia de más de un millón de musulmanes que hay en España con la utilización de estas prendas degradantes.

El PP llegó a presentar en el Senado una iniciativa para instar al Gobierno a que prohibiese acceder a espacios públicos con un burka o un niqab. El pleno lo aprobó con 131 votos a favor, 129 en contra y ninguna abstención.

Sin embargo, la propuesta careció de valor porque la legislación española ya contaba con instrumentos que prohibían estos ropajes. El Código Penal (con las modificaciones incluidas por la Ley de Violencia de Género) incluye sanciones de entre seis meses y tres años de prisión para los hombres que atenten contra la integridad moral de sus mujeres obligándolas, por ejemplo, a vestir un burka o un niqab.