No es casualidad que a Al Capone, al que se intentó cazar por innumerables delitos, lo pusiese tras las rejas de Alcatraz la evasión fiscal y no el tráfico de alcohol, la prostitución o estar involucrado en sucesos como la masacre del Día de San Valentín. Tampoco es casualidad que Eliot Ness y sus 11 intocables, que no pertenecían al equipo que investigó los delitos contra el fisco de Capone pero sí al que complicó su operativa persiguiendo otros, dependiesen de la misma institución, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el equivalente a Hacienda en España.

Fue la IRS (Internal Revenue Service), creada en los años veinte y dependiente del Tesoro, la que tumbó al gánster. Con la creación de este servicio, EEUU fue pionero en dotar de una Policía propia a las instituciones fiscales, una fórmula que ahora quiere introducir en España el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, añadiendo una novedad: en la misma oficina contra el fraude incluiría la persecución del fraude laboral.

La ISR de EEUU logró un motivo para meter entre rejas al gánster

Una oficina antifraude, que integre a los Cuerpos de Seguridad del Estado, "es necesaria y recomendable para el gran delito fiscal, los grandes fraudes en el pago del IVA, las devoluciones ficticias por empresas fantasma, las estructuras que aparecen y desaparecen en un par de meses", comenta Francisco de la Torre, secretario general de los inspectores de Hacienda. "Se necesita un seguimiento especial, escuchas, etcétera, máxime si el delito está ligado con el blanqueo de dinero. En España, desde la Inspección investigamos el presunto fraude, pero no tenemos competencias policiales". En EEUU, sí. Y también las tiene la Guardia di Finanza italiana, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, pero formada por inspectores que llevan uniforme y van armados, es decir, por una Policía. La FIOD holandesa, con su propia Policía fiscal, el Servicio Nacional de Investigación de Reino Unido y la Oficina de Crímenes Económicos y Financieros de Grecia cerrarían los ejemplos más claros de integración.

En España, la Agencia Tributaria, "si necesita intervención policial, tiene que poner una denuncia ante el juez y eso consume tiempo", comenta De la Torre. "Hay fórmulas de colaboración, como el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, dependiente del Banco de España, que tiene su propia Policía pero sin competencias operativas, como la de detener a alguien". También existe la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, dependiente de la Agencia Tributaria, y organismos de coordinación. Incluso la Policía aduanera de algunos países aquí es una Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera que colabora con la Policía.

Esas competencias han sido una petición recurrente de la Inspección de Hacienda, que se encontró en varias ocasiones con el veto del Ministerio del Interior precisamente cuando estaba al frente Rubalcaba, recuerda De la Torre. En dos documentos elaborados por los inspectores en 2007 y 2009, se recoge la petición de "creación de una oficina nacional antifraude", recordando que "la lucha contra el fraude fiscal (...) no puede acometerse a partir de diferentes organismos". Se pide "la contemplación unitaria de la delincuencia fiscal" creando "un organismo multidisciplinar bajo la dependencia de la Agencia Tributaria" que incluya "los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado". Se especifica la necesidad de crear "una Policía fiscal". Dicha Policía aparecía en el primer borrador del Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal, antes de que se transformase en el Plan de Prevención contra el Fraude Fiscal.