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"Voy a venir con la brigada y arrestarte sin ninguna explicación". El 7 de noviembre de 2005, el matrimonio formado por Rosa María Pinilla y Dragojlo Jankovic, dueños de dos locales de copas en el barrio de Huertas, envió una carta al Ayuntamiento de Madrid denunciando las amenazas que asegura recibían de un agente de la Policía Municipal.

Los empresarios apuntaron a que la "única razón" que podía provocar este acoso era el haberse negado a pagar a un técnico municipal por tramitar unas licencias. La Alcaldía recibió la misiva tres días después, como consta en el acuse de recibo que el Ayuntamiento envió al matrimonio.

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, insistió ayer en que todas las denuncias "han sido investigadas" y que no ve responsabilidad política tras la supuesta actuación delictiva de los 16 funcionarios detenidos el miércoles. "Las responsabilidades las pide el juez", añadió.

"Lo sabían y no lo evitaron"

Pero el acuse de recibo en nombre del alcalde de estas denuncias en la Junta Municipal de Centro desacredita la versión oficial. Los dos empresarios insisten: "Lo sabían y no lo evitaron".

Rosa María y Dragojlo explican en su carta que, desde que abrieron su primer local en 2000, habían sufrido 230 inspecciones y ninguna finalizó en multa. En 2005 las amenazas se recrudecen: "El 6 de noviembre de 2005 se presentó personalmente el jefe de Inspectores del distrito Centro y ordenó el desalojo del local, [...] amenazando concretamente al hijo: ‘Te arrestaré, lo mejor que puedes hacer es irte de aquí", refleja la carta.

En los últimos años el matrimonio presentó sucesivas denuncias en los juzgados. Pero no fue hasta noviembre de 2006 cuando el juzgado de Instrucción número 50 admitió a trámite la querella presentada contra dos agentes municipales y dos técnicos de la Junta Municipal de Centro.

En el escrito, presentado por el letrado de los empresarios, Fernando Pamos de la Hoz, se califica a los querellados de "banda organizada, interesando -al más puro estilo mafioso- cantidades de dinero y otras prebendas para no cerrar los locales u otorgarles licencias, falsificando documentos públicos oficiales y materializando el ilícito del delito de prevaricación administrativa".

"Lo que ha pasado ahora [en referencia a la Operación Guateque] ocurre desde hace mucho tiempo, lo hemos denunciado y nunca nadie ha hecho nada, ¿por qué?", se preguntó Rosa María. Público trató sin éxito de obtener una respuesta del Ayuntamiento.