El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, ha sido el último, pero no el único político convertido en foco de indignación por sus exabruptos sexistas. El regidor vallisoletano, tras la remodelación de Gobierno del pasado 20 de octubre, se recreó a la hora de calificar a la recién nombrada ministra de Sanidad, Leire Pajín. Entre otras perlas, dijo de ella que su 'cara' y sus 'morritos' le inspiraban unas ideas que no podía expresar en público.

Antes que él fueron otros muchos cargos públicos los que, con sus excesos verbales, provocaron enojo e indignación dentro y fuera de sus formaciones políticas. Sin embargo, no existe en la legislación española regulación alguna al respecto y tampoco es habitual la utilización de los códigos existentes. Así, este tipo de ataques permanecen impunes y su repercusión suele evaporarse una vez acabado el eco mediático.

La libertad de expresión choca con el derecho al honor

Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas (FMP), defiende que, al tratarse de cargos públicos, los ataques sexistas sí deberían tener alguna sanción en forma de ilícito penal. 'No son cualquier sujeto; son personas que, para acceder a su cargo, han jurado o prometido guardar la Constitución y los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, entre los que figura la igualdad'.

La presidenta de la FMP apunta, asimismo, que este tipo de declaraciones 'no atacan a una determinada persona, sino que limitan los derechos de todas las mujeres', que constituyen la mitad de la población mundial.

Besteiro lamenta la impunidad que acompaña a estos exabruptos más allá de las reprobaciones públicas y se remite al caso del regidor de Valladolid. 'Ha habido reacciones, pero este señor va a seguir siendo alcalde, sin tener siquiera la censura pública del máximo dirigente de su partido', sentencia.

Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres, es más escéptica a la hora de calibrar el posible recorrido jurídico de las mofas sexistas de los políticos. 'No podemos regular todos los aspectos de la vida, pero lo preocupante es que este tipo de perlas sean tan frecuentes', subraya.

Lorenzo Morillos, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Granada, comparte la opinión de Soleto. 'Depende del contenido, pero veo complicado establecer una regulación', arguye. En última instancia, Morillos explica que estas burlas sexistas podrían ser constituyentes de falta en virtud del artículo 620 del Código Penal, que versa sobre las injurias leves. 'El problema es que [estas manifestaciones] suelen basarse en la ironía y en el cinismo', por lo que puede resultar difícil calibrar si existe el deseo de ofender o injuriar. Además, tiene que existir una denuncia por parte de la persona agraviada.

En la misma línea se expresa Ángela Carrillos, presidenta de Asociación de Mujeres Juristas Themis. Apunta que los emisores de estas burlas tienen por donde escurrirse. 'Es vidrioso que haya una persecución penal porque es fácil argumentar que se trata de una valoración política y que no había intención de ofender', subraya.

Las asociaciones de mujeres apuestan por la 'reprobación social'

Laura Nuño, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, insiste en que nos encontramos ante una cuestión política más que judicial. Para Nuño los ataques sexistas como los expresados hace unos días por el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, constituyen una verdadera 'apología del machismo'.

El penalista Lorenzo Morillos repara en otro aspecto que dificultaría el recorrido legal de estas situaciones. 'Hay un conflicto de intereses entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor y, generalmente, la jurisprudencia primaal primero sobre el segundo', explica.

Soleto, de la Fundación Mujeres, confía en la vía de la 'censura social' para lograr la reprobación institucional de unas actitudes que, a su juicio, 'afectan a la credibilidad de la persona'. 'Hay que conseguir que estas declaraciones formen parte de lo que no está consentido en el ámbito de lo público'. Según su criterio, todavía existe la creencia de que las mofas sexistas por parte de cargos públicos 'no son tan importantes'.

Más allá de la posible regulación, desde la Fundación Mujeres se preguntan por qué se dan este tipo de manifestaciones ofensivas. 'El problema es que reportan una gran ventaja mediática y tienen poca respuesta. Que esto cambie depende del nivel de sensibilidad de ciudadanos e instituciones', explica Marisa Soleto.

Los colectivos de mujeres insisten en la importancia de la 'reprobación social' y sus integrantes se muestran esperanzadas con las reacciones tras el exabrupto verbal del regidor vallisoletano. 'Estas declaraciones no pueden salir gratis; las mujeres ya no estamos para que se hable de nuestros morritos', sentencia una de ellas.