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El PP apoyó durante ocho años las escuchas de Sitel

Llegó a preguntar en el Congreso por las iniciativas del Ministerio del Interior para "optimizar el sistema"

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En la historia del PP, el sistema de interceptación de comunicaciones Sitel ha sufrido altibajos. El mismo partido que dio a luz esta herramienta en 2001 ahora, ocho años después, ha decidido poner en tela de juicio su funcionamiento.

Los recelos que ahora muestran los conservadores soninéditos en el partido. El PP, que ahora exige una ley orgánica para regular el Sitel, no hizo una sola gestión en esta dirección en los años que estuvo al frente del Gobierno. Tampoco cuando los socialistas llegaron a La Moncloa en 2004. Es más, en la oposición, el PP se ha preocupado, a través de iniciativas parlamentarias, del grado de implantación de este sistema. Las dudas han llegado en plena instrucción del caso Gürtel, el mayor escándalo de corrupción del PP en los últimos 20 años. A continuación, se repasan los cinco momentos en los que los conservadores se han retratado con Sitel.

11 millones de euros

El Sistema Integrado de Interceptación legal de Telecomunicaciones (Sitel) llegó a España de la mano del Partido Popular, la misma formación que hoy mira con reservas esta herramienta, en 2001. Precisamente, el expediente de compra a la empresa danesa ETI A/S lleva la rúbrica del líder de los conservadores, por aquellas fechas, vicepresidente Primero y ministro del Interior. Por este concepto, el Gobierno presidido por José María Aznar desembolsó 11,3 millones de euros, una cantidad que en 2005, cuando ya gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, tuvo que ser imcrementada en tres millones más para optimizar su funcionamiento. Desde 2001, cuando se realizó la compra, hasta el pasado 4 de noviembre, las siglas Sitel han permanecido prácticamente durmientes para el PP. Fue este día, cuando el vicesecretario de Comunicación de los conservadores, Esteban González Pons, compareció para acusar directamente al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de haber creado en España 'una sociedad vigilada' al emplear un sistema 'inconstitucional e ilegal'. Las siglas acababan de convertirse en una prioridad para el PP. El titular de Interior tardó poco en devolver la pelota a los conservadores simplemente echando mano de los contratos que permitieron la creación y puesta en marcha del sistema. No sólo mostró el de la compra, firmado por el propio Mariano Rajoy. También, otros documentos mediante los que se prorrogaba el plazo de ejecución del proyecto hasta finales de 2003.

En este contexto, la pregunta obligada es la de por qué el Gobierno de Aznar se desprendió de más de 11 millones de euros para dar cobertura a algo que en su propio partido tachan de ilegal. La respuesta llegó en boca de la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados. Soraya Sáenz de Santamaría aseguró que el PP no llegó a poner en práctica el Sitel 'porque no dio tiempo a que se aprobara una ley que permitiera su uso'.

El olvido del desarrollo reglamentario

Ateniéndose a las declaraciones de la dirección nacional del partido, desde la firma del acuerdo de adquisición de Sitel, el 24 de octubre de 2001, hasta que José María Aznar abandonó La Moncloa en 2004, el PP no tuvo tiempo de desarrollar la Ley Orgánica que ahora ven necesaria para vestir de legalidad a Sitel. En este periodo de tiempo, los conservadores no emprendieron una sola iniciativa legislativa para que el sistema, cuyo plazo de ejecución era de tres años a partir de 2002, se ajustase a la Constitución. Todo, en un momento en el que los conservadores, que disfrutaban de mayoría absoluta en el Congreso, no habrían tenido mayor problema en llevar adelante una iniciativa de este estilo en Las Cortes.

Sí dio tiempo, explican desde la sede nacional del PP, a solicitar informes a 22 instituciones, entre otras el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y la Asociación de Internautas. El PP se abraza a las resultados de esta recopilación de estudios para respaldar su postura actual. 'La conclusión que obtuvimos de estos informes es que antes de la entrada en funcionamiento de Sitel era necesaria la regulación mediante una ley orgánica', explica un alto dirigente.

Silencio en la oposición

Ya en la oposición, los conservadores se olvidaron de los 22 informes de expertos que alertaban de que la puesta en marcha de Sitel requería de una regulación legislativa. En estos cinco últimos años, el PP no ha puesto pega alguna a este sistema. Es más, se ha interesado por su implantación y por su dotación económica. Jamás por si el ámbito de actuación de Sitel se enmarcaba dentro de los límites de la Constitución.

Así lo ponen de manifiesto las seis iniciativas promovidas por los conservadores en el Congreso entre los años 2004 y 2008 (las de 2009 sí se centran todas en las dudas sobre la legalidad de este sistema). La primera data precisamente de noviembre de 2004, cuando Rodríguez Zapatero apenas llevaba siete meses en La Moncloa. En una pregunta al Gobierno con respuesta escrita, el diputado conservador Ignacio Gil Lázaro demandaba las 'iniciativas previstas para optimizar el sistema integrado de interceptación telefónica (Sitel) en el Ministerio del Interior durante el año 2005'. De las actuales dudas del PP sobre la legalidad, ni rastro. De hecho, en la dirección nacional del partido admiten esta contradicción.

El Gobierno, estructuró la respuesta a Cosidó en dos apartados. En el primero de ellos, informaba de sus planes de migrar a Sitel 'todos los objetivos a interceptar pertenecientes a los tres operadores de telefonía móvil ya implantados'. En el segundo, revelaba sus planes de estudiar y preparar 'la ampliación del sistema para la interceptación de otros servicios de telecomunicaciones a partir del año 2006'.

En noviembre 2007, el mismo diputado, también por el mecanismo de pregunta al Gobierno, se preocupaba por el 'grado de ejecución del proyecto de desarrollar y desplegar el sistema Sitel con infraestructura y equipo en todas las Unidades de Investigación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado'. Y en junio de 2008 se interesaba por las 'previsiones acerca de la implantación del sistema Sitel en todas las Comisarías Locales del Cuerpo Nacional de Policía'. Tampoco en estas dos iniciativas parlamentarias el PP exhibía algún tipo de duda sobre el marco legal.

En este contexto, entre el 5 de febrero de 2008 y el 5 de noviembre de este año, el Supremo ha avalado, en nueve sentencias, este sistema de escuchas. En la última, de este mes, el Alto Tribunal respaldaba a Sitel como un sistema de interceptación de comunicaciones 'preferible' a los anteriores.

En 2007, con el Gobierno

La conformidad del PP con Sitel en los últimos cinco años tuvo, además, un punto álgido: cuando en 2007 los conservadores votaron en el Congreso de los Diputados a favor del proyecto de ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes de comunicación. Una ley que, en la actualidad, altos dirigentes del PP califican de 'inconstitucional'. Fue a través de esta iniciativa por la que se dio una nueva redacción al artículo 33 de la Ley General de Comunicaciones del año 2003, que originalmente sostenía que 'los operadores que exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas o que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público deberán garantizar el secreto de las comunicaciones de conformidad con los artículos 18.3 y 55.2 de la Constitución, debiendo aportar las medidas técnicas necesarias. En la nueva redacción, se incorpora la obligación de los operadores de facilitar al 'agente facultado' el acceso a una serie de datos entre los que se citan, además de la identidad del 'sujeto objeto de la medida de la interceptación', la identidades de las otras partes involucradas en la comunicación electrónica.

El PP no puso objeción a esta modificación del artículo. El diputado conservador José Ignacio Echániz Salgado fue el encargado de defender la postura de su partido ante este proyecto de ley sin una sola crítica de que apuntase a la ilegalidad o inconstitucionalidad de la misma.

Sí mostraron reparos otros grupos parlamentarios. Desde CiU, Jordi Jané insistía en la necesidad de 'preservar la garantía individual del secreto de las comunicaciones y que sólo sea posible interceptar esas comunicaciones cuando hay una autorización judicial de que hay indicios de una actuación delictiva'. Además, el diputado alertaba de que la modificación del citado artículo 33 'puede tener consecuencias no deseadas para el sujeto que vea interceptada su comunicación y vea cómo el operador está obligado a ceder un conjunto de datos.

Desde el PNV, Margarita Uría, también mostró inquietud por el hecho de que la comunicación de los datos personales de todas las partes que intervienen en la comunicación interceptada fuese regulada reglamentariamente y no a través del articulado de la ley.

Precisamente, en estos momentos CiU y PNV se encuentran recopilando información a fin de presentar al Congreso una iniciativa que intente aportar mayor nitidez en la regulación que atañe a la interceptación de comunicaciones.

Camps destapa la estrategia

Tras estos años de silencio, el PP decidió resucitar Sitel el pasado 4 de noviembre. Era el mismo día que el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, rendía cuentas sobre sus críticas a Esperanza Aguirre ante el Comité de Derechos y Garantías del partido. Esteban González Pons, vicesecretario de Comunicación del PP, convocaba a los medios para presentar una proposición no de ley a fin de que Sitel fuese competencia exclusiva de la autoridad judicial y no directamente del Ministerio del Interior.

Los conservadores hicieron todos los esfuerzos posibles para desvincular esta nueva estrategia de cargar contra una herramienta comprada por ellos mismos en la etapa de Aznar del caso Gürtel. Pero no lo lograron. Primero, porque no encontraron argumentos para explicar por qué adquirieron Sitel en 2001 y más tarde jamás se esforzaron en crear el marco legislativa que ahora demandan. Después, porque desde el pasado mes de agosto el PP ha hecho público su convencimiento de que altos cargos del partido, entre otros María Dolores de Cospedal, Federico Trillo y Francisco Camps, han sido espiados telefónicamente sin tener nada que ver con los sumarios de la Gürtel. Y ya, para rematar, por un patinazo en el seno del PP de la Comunidad Valenciana.

El pasado 21 de noviembre, la portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, anunció que el Consell estaba dispuesto a pedir la nulidad de todo el proceso en el supuesto de que se demostrase el empleo de Sitel para escuchar al president. Con ello, el PP acababa de echar por tierra su intento de evitar que la opinión pública relacionase sus iniciativas sobre esta herramienta con las supuestas escuchas ilegales. Si había alguna duda de que para el PP Sitel iba de la mano de Gürtel, en este momento acabaron de disiparse.

Una semana después, Paula Sánchez de León daba marcha atrás y matizaba sus declaraciones asegurando que de ninguna manera iban a solicitar la nulidad de la rama valenciana de este escándalo de corrupción.

En este contexto, los conservadores no lograron arrancar en el Congreso el pasado 24 de noviembre el respaldo del resto de los grupos para dotar a Sitel de un mayor marco legislativo.

Días antes, los pasillos del Congreso hirvieron después de que el diputado del PP Carlos Floriano interpretara como amenaza unas palabras de Rubalcaba: 'Escucho lo que decís y veo lo que hacéis'. El ministro negó esta versión.