El PP vuelve a echarle la culpa a los demás de sus casos de corrupción. Los dirigentes conservadores siguen pensando que existe una conspiración universal contra su formación. Así es como la dirección nacional interpretó la detención del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll.

Para sus cargos, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, está detrás de la operación. Les parece que lo ocurrido es una nueva maniobra de distracción. 'Curiosamente ocurre a unos días del debate sobre el estado de la nación, cuando la investigación lleva años en marcha', resaltan dando por sentado que no creen en las casualidades.

Y piensan que el despliegue policial ha sido 'desproporcionado'. A muchos les recordó al arresto de algunos de sus compañeros de partido que, en agosto de 2009, desfilaron esposados en relación con el caso Palma Arena.

Los conservadores consideran 'desproporcionado'

Desde que estalló el caso Gürtel, el PP se ha defendido atacando a jueces, policías y fiscales. Así, la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, arremetió otra vez contra la Fiscalía General del Estado por actuar 'tan rápido' contra miembros del PP y ser 'tan indolente' con los demás.

En el caso de Ripoll, la cúpula del PP hizo otro tanto. Prefirió mirar hacia otro lado. Su presidente, Mariano Rajoy, acudió a un acto con militantes en Torrijos (Toledo). Allí habló de economía, de la Unión Europea y hasta de Cuba. Pero no le dedicó ni un segundo al aborto. Y mucho menos al dirigente alicantino.

Su círculo explicaba que él se centra en los temas de actualidad. Lo de Ripoll era noticia de última hora. Pero cuando los periodistas se lanzaron hacia él para preguntarle, el líder del PP sólo hizo una referencia al calor que hacía.

No hizo lo mismo el secretario de Comunicación de su partido, Esteban González Pons, quien criticó la 'acción propagandística' llevada a cabo por Rubalcaba.  En declaraciones a Europa Press, el dirigente conservador destacó que al ministro 'le ha salido el tiro por la culata'.

Los colaboradores de Rajoy se remitían a las palabras del presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Este había comparecido para reclamar 'prudencia y responsabilidad' ante la operación abierta. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, repetía el mismo argumentario pero reconocía que la situación de su partido en este momento es 'preocupante'. El PP valenciano emitía un comunicado en el que pedía 'respeto por la presunción de inocencia'.

Advierten de la coincidencia con el próximo debate del estado de la nación

Rajoy y su equipo se aferraban a las declaraciones de la formación regional para no adoptar ninguna medida. 'No vamos a decir nada hasta conocer más datos', señaló un alto dirigente. Pero lo cierto es que algunos el lunes ya los tenían y sospechaban lo que se les iba a venir encima. El núcleo duro lo desmentía tajantemente y, en su defensa, afirmaba que ni siquiera lo sabía la Delegación del Gobierno.

El PP se declaraba 'a la espera' y muy 'preocupado' por la situación. Lo ocurrido en Orihuela y Alicante, según reconocían algunos diputados, es 'la gota que colma el vaso' en un partido que 'se cae a pedazos'.

No es el único quebradero de cabeza de Rajoy. La Comunitat Valenciana está salpicada por la corrupción. El presidente de la Diputació de Castellón, Carlos Fabra, está imputado por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y contra la Administración pública.

Y Camps está a la espera de ser ratificado como candidato por su imputación por cohecho impropio en la causa de los trajes. Y puede ser encausado por varios delitos más, entre ellos prevaricación, fraude fiscal, falsedad documental o financiación ilegal.

La portavoz adjunta de Compromís, Mònica Oltra, señaló que “el PP en la Comunitat Valenciana está podrido” e instó a los militantes coservadores a “pedir responsabilidades a sus políticos”. La coordinadora de EU, Marga Sanz, fue más allá. Pidió “la dimisión fulminante” de José Joaquín Ripoll y “que se tomen medidas de depuración en el PP de forma inmediata, porque no se puede permitir ni un segundo más esta vorágine de corrupción”. Los socialistas, sin embargo, pidieron “cautela” y “respeto”.

T. García de Dios