El Partido Popular de Catalunya (PP), con su presidenta, Alicia Sánchez-Camacho al frente, escenificó ayer su 'más absoluto apoyo' al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, acompañándolo a declarar ante el juez como imputado por distribuir folletos donde vinculaba sin tapujos inmigración y delincuencia. El alcalde contó también con el apoyo de varios regidores de su partido, así como del propio secretario general del PP catalán, Jordi Cornet.

Albiol, que con una campaña populista basada en relacionar la inseguridad con la inmigración se hizo con la alcaldía de la tercera ciudad con más población de Catalunya, sacó pecho tras su declaración y, lejos de retractarse, se reafirmó en sus tesis en lo que cree que es una lucha contra 'aquellos individuos que han venido expresamente a crear problemas de inseguridad, civismo y convivencia'. Los dirigentes populares adoptaron el papel de víctimas e interpretaron el proceso judicial como un intento de 'silenciar la voz de miles de vecinos de determinados barrios de Badalona que lo están pasando muy mal'. Pero si en el exterior de la sala exhibió su convicción por la estrategia política que le aupó a la alcaldía, fuentes judiciales señalaron que en su declaración llegó a reconocer que en algún momento había tenido 'algún exceso verbal'.

Sánchez-Camacho: «Es una denuncia política contra el alcalde y el PP»

Sánchez-Camacho arropó a Albiol ante lo que considera 'una denuncia exclusivamente política contra el alcalde de Badalona y el PP'. 'Quiero denunciar el acoso y la persecución que el alcalde ha recibido por denunciar las injusticias que veía en su municipio y por garantizar los derechos de los vecinos de Badalona', expresó la presidenta del PP de Catalunya, quien confesó estar 'absolutamente convencida de que finalmente se hará justicia'.

Tras poco más de una hora de declaración, Xavier García Albiol aseguró que la campaña 'no señalaba a nadie en función de nacionalidad ni de etnias', sino que 'destacaba un problema y aportaba soluciones'. Sin embargo, al salir del juzgado volvió a sustentar que 'una parte importante de la inseguridad la están creando individuos que son gitanos rumanos'. Erre que erre.

Albiol y Sánchez-Camacho convirtieron la comparecencia judicial por incitación al odio racial en un espectáculo político en el que repartieron sonrisas entre sus simpatizantes. Incluso improvisaron un pequeño mitin con tintes electorales para recordar que aquellos que ponen las denuncias 'no callarán al PP'.

Albiol admite ante el juez haber cometido excesos, según fuentes judiciales

La escena no es nueva. El 24 de abril del año pasado, la presidenta de los populares catalanes también acompañó a Albiol durante la visita por uno de los barrios de Badalona con mayor porcentaje de inmigración. Fue allí donde aparecieron los famosos folletos en los que el PP preguntaba a los ciudadanos: '¿Tu barrio es seguro?'.

El folleto de los populares generó un incendio que todavía hoy sigue quemando en Badalona. García Albiol consiguió extender una sensación de inseguridad que un año y un mes después les dio la victoria electoral. Y eso que el polémico díptico, que los populares retiraron inmediatamente, estuvo a punto de costarle el cargo. Incluso el PP canario instó a Albiol a dimitir o a rectificar, pero, lejos de dar una disculpa, el entonces aspirante a la alcaldía de Badalona endureció su discurso a medida que iba ganando protagonismo mediático y se acercaban los comicios locales.

La denuncia interpuesta por SOS Racismo y la asociación gitana Unión Romaní fue archivada inicialmente por la jueza, pero la Audiencia de Barcelona ordenó que se reabriese el caso y se tomase declaración a García Albiol. SOS Racismo expresó en un comunicado que esperan que la jueza 'valore la gravedad y el carácter delictivo de los hechos en su decisión', lo que consideran 'supondría un paso adelante en la lucha contra la impunidad del discurso del odio'.

Sin embargo, de puertas adentro admiten que será difícil que el proceso contra Albiol prospere, 'y menos ahora que ya es alcalde y de un partido que probablemente en unos meses estará en el Gobierno', señalaron fuentes de la ONG. Aun así, SOS Racismo anunció a Público que presentarán un recurso en el caso que la jueza decida archivar el caso.