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El PP ataca el acuerdo del Gobierno con Catalunya

Cinco comunidades conservadoras denuncian el «trato discriminatorio» de Zapatero en materia de deuda autonómica. Castilla-La Mancha, Canarias, Navarra y Cantabria se suman a las críticas

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El PP se lanzó ayer directamente a la yugular del Gobierno sirviéndose de Catalunya. La noticia de que José Luis Rodríguez Zapatero había autorizado a Artur Mas a emitir nuevas emisiones de deuda cayó como un jarro de agua fría sobre las comunidades gobernadas por los conservadores.

En el discurso de la derecha volvió a aflorar el sentimiento anticatalanista que alcanzó su cénit con la oposición a la reforma del Estatut y a la política lingüística de la Generalitat. Esta vez, sin embargo, se camufló bajo la denuncia de que el presidente del Gobierno había ejercido un 'trato discriminatorio' hacia el resto de autonomías.

Gallardón afirma que se discrimina a Madrid 'por razones políticas'

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y la portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, se pusieron a la cabeza de la ofensiva. La primera pidió al presidente del Gobierno una explicación de por qué 'todos los españoles van a tener que pagar el despilfarro del tripartito'. La segunda dijo que Zapatero permitía a Catalunya endeudarse para 'tapar' su 'debilidad parlamentaria' y 'los pufos' del PSC.

Sus autonomías las secundaron en sus críticas. Desde la Junta de Castilla y León, su vicepresidente segundo, Tomás Villanueva, salió para destacar que no se podía permitir operaciones de endeudamiento 'a unos sí y a otros no'. La Xunta de Galicia indicó que el acuerdo 'incumplía' lo pactado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y sustituía este foro 'por una negociación bilateral'.

El Gobierno valenciano solicitó la convocatoria urgente de este órgano para 'debatir en un plano de igualdad' sobre los criterios que aplica el Ejecutivo. Su conseller de Economía, Gerardo Camps, denunció que el acuerdo era 'un hecho sin precedentes' que ponía 'en peligro el actual modelo territorial del Estado español'. A su juicio, la actitud del Gobierno con Catalunya había sido 'flexible'. Camps lamentó que mientras a unas autonomías se las insta a controlar el gasto y a aplicar criterios de austeridad, otras 'tengan condiciones prioritarias'.

El Govern de Camps dice que el acuerdo pone 'en peligro' el modelo de Estado

Los conservadores culpan a Zapatero de la situación de crisis en la que se encuentran las autonomías y quieren que se lleve a cabo una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para fijar el techo de gasto y endeudamiento de las comunidades.

El Gobierno explicó ayer que todas las autonomías que cumplan el objetivo de déficit y tengan un plan de reequilibrio van a poder seguir los pasos de los catalanes. Uno de los que no lo respeta es el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, que dijo que quería mantener una reunión con Zapatero para 'desbloquear' la autorización de endeudamiento y criticó el 'empeño obsesivo' de no dar a los murcianos 'lo que se merecen'.

Su homólogo en La Rioja, Pedro Sanz, exigió al Gobierno una justificación de por qué aplica una norma de manera diferente en una u otra región, 'en función del interés partidista, electoral u oportunista'.

Y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, tiró del mismo argumento para quejarse de que a él no se le había permitido refinanciar su deuda. El regidor aseguró que Zapatero trata de forma 'desigual' a los madrileños por 'razones políticas'. 'Esta discriminación rompe lo que tiene que ser un trato ecuánime por parte del Gobierno a todas las Administraciones Públicas', destacó.

Pero Gallardón sabe perfectamente que la legislación es distinta para las autonomías y los consistorios .Y también que recibió un no rotundo por respuesta nada más entrar por la puerta de la Moncloa porque su deuda está limitada.

Con un saldo negativo de 7.145 millones de euros, el Ayuntamiento madrileño es la corporación local más endeudada del país. La cifra acapara por sí sola el 25 % de la deuda de los 8.111 consistorios españoles y es casi calcada a la suma del agujero financiero del resto de capitales de provincia del país.

Por si alguien le tachaba de anticatalanista, Gallardón insistió, y mucho, en que su 'protesta y discrepancia' no estaban dirigidas hacia el 'sí a Catalunya', sino hacia el 'no a Madrid'. Desde la Comunidad madrileña, tomó la palabra su consejero de Economía, Antonio Beteta, quien defendió que las peticiones de los demás eran 'tan razonables' como las de la Generalitat.

A la rebelión del PP se sumó también el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda. El dirigente socialista reclamó igualdad de trato para todos los españoles y dijo que esperaba que el Gobierno 'no privilegiara' a ninguna autonomía.

También protestaron otras autonomías de distinto signo político. El vicepresidente del Gobierno de Aragón y presidente del Partido Aragonés (PAR), José Angel Biel, dijo que Mas 'hace honor a su apellido'. Biel se quejó de que todos los gobiernos autonómicos intenten siempre mejorar sus condiciones, pero el único que lo logre sea Catalunya.

También el presidente de Navarra, Miguel Sanz, quiso incidir en que las decisiones de Zapatero no deberían 'generar agravios comparativos'. Y el de Canarias, Paulino Rivero, recordó al presidente que su obligación es tratar a todas las comunidades con 'equilibrio, objetividad y sin ningún tipo de arbitrariedad'.

Desde Cantabria, Miguel Ángel Revilla criticó la decisión del Gobierno y señaló que el Parlamento español se ha convertido en un 'mercado persa' donde los nacionalistas van 'a tirar de la cuerda' con acuerdos que no son 'gratis'.

El portavoz del Govern, Francesc Homs, salió ayer al paso de las críticas vertidas desde el PP manifestando que
'considerar esto como un privilegio es un sinsentido y no tiene argumentación posible'. El conseller subrayó que 'Catalunya no plantea ningún privilegio ni se le concede' y afirmó que la comunidad ya está acostumbrada a recibir críticas cuando 'está en su derecho' de pedir 'lo que se le debe' y recogen las leyes españolas. Homs aprovechó la ocasión para pedir 'madurez democrática' a los dirigentes del PP como Alberto Ruiz-Gallardón, que criticaron el hecho de que Catalunya obtenga luz verde para poder endeudarse. El portavoz señaló que las críticas 'siempre llueven de todos lados' y lamentó los 'aspavientos sorprendentes' de la formación que preside Mariano Rajoy.