'Vamos a esperar a lo que decida la Justicia'. Así se ha pronunciado la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, en relación al caso de Carlos Fabra, el imputado presidente de la Diputación de Castellón, para quien la Fiscalía Anticorrupción pidió este miércoles quince años de cárcel. 

Cospedal asegura que 'lo único que tiene que decir el PP es que respeta absolutamente la acción de la Justicia'. El PP evita de este modo referirse al futuro de Fabra como miembro del partido ni qué dice el Código Ético al respecto. En la misma dirección ha despejado el asunto el diputado conservador Gabriel Elorriaga, quien se ha limitado a afirmar que es un tema que sobre el que debe decidir Génova.

Por otro lado, el vicepresidente del Gobierno valenciano y consejero de Industria, Comercio e Innovación, Vicente Rambla, ha insistido en el mismo discurso de guardar la ropa y pedir, en este caso, 'respeto a la presunción de inocencia' del imputado Fabra. Rambla, además, ha pedido que la Justicia 'pueda hacer su trabajo sin presiones, con normalidad'.

También el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, se ha pronunciado sobre el caso Fabra para asegurar que él apoyará 'lo que diga Rajoy' sobre el tema. Poco puede apoyar de momento Basagoiti, puesto que Rajoy, quien se refirió a Fabra como 'un ciudadano y un político ejemplar', no ha dicho nada aún.

El presidente de la Diputación de Castellón está acusado de tráfico de influencias, cohecho y delito contra la Hacienda Pública. Así consta en el escrito de calificación que el fiscal presentó ante el juzgado de instrucción número 1 de Nules, que instruye la denuncia presentada por el empresario Vicente Vilar, quien acusa a Fabra de cobrarle por hacer gestiones ante el Ministerio de Sanidad y el de Agricultura para conseguir agilizar las autorizaciones de fabricación de fitosanitarios.

Rambla pide no ejercer 'presiones' sobre los jueces

Uno de los puntos del famoso Código Ético del PP pide a sus miembros abstenerse de cualquier conducta que 'pueda dañar la imagen u honorabilidad' del partido. La imputación de Fabra y la petición del Fiscal, sumado a la reapertura del caso de los trajes de Camps y a la reciente detención del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, convierten a la Comunidad Valenciana en una región marcada por la corrupción, pero en la que el PP prefiere esperar y no actuar. 

El inmovilismo del PP en Valencia indigna a los partidos de la oposición en la región, como a la portavoz adjunta de Compromís en las Corts, Mónica Oltra, que ha lamentado que los conservadores prefieran 'mirar para otro lado' antes que tomar decisiones. 'El silencio de Mariano Rajoy y el hecho de que el PP no haya tomado ninguna medida contra Fabra', a juicio de Oltra evidencia 'hasta qué punto tienen interiorizada la corrupción'. 

En un comunicado, la portavoz ha ironizado asegurando que 'comprende' el silencio de Camps con respecto a Fabra porque 'un corrupto no puede pedir cuentas a otro'. 'No sería coherente que Camps pidiera responsabilidades a Fabra cuando él es el primero que debía haber dimitido por su implicación en el caso Gürtel'. Oltra asegura que 'hay pocos casos en la historia de la democracia' en los que la Fiscalía haya pedido penas 'tan elevadas' para un político.

Por su parte, el PSPV critica 'el desprecio sistemático' del PP 'a dar explicaciones', algo que constituye 'un desafío inaceptable' a los 'principios morales que sustentan la convivencia democrática'.