El PP vuelve sobre sus pasos. Aunque con escaso éxito. Cuando estalló la huelga encubierta de los controladores, el pasado 3 de diciembre, el PSOE acusó enseguida a los conservadores de erigirse en portavoces de los técnicos por haber defendido el mantenimiento de sus privilegios. La crisis pasó, y pasó el estado de alarma, pero en el Parlamento aún quedaba un fleco por cerrar: la reforma de la Ley de Seguridad Aérea. Ayer la norma desfiló por la Comisión de Fomento del Senado. Y en ella el PP intentó colar una enmienda [véase enmienda 12] que en la práctica suponía suavizar el estricto régimen de infracciones y sanciones aplicables a los controladores. Además de la bronca de los socialistas, el partido de Mariano Rajoy se llevó la bofetada del resto de grupos. Todos los grupos representados en la comisión (PSOE, Entesa Catalana, CiU, Senadores Nacionalistas [PNV y BNG] y Mixto)  rechazaron la flexibilización planteada por el PP.En total, 14 votos frente a 11 (al PP le faltaba un senador). Ni una abstención.

El PP defiende que hay que 'objetivar' las infracciones y que los castigos deben ser 'proporcionales'

En el texto remitido por el Congreso, y que ayer validó la comisión de la Cámara alta, se estipula en artículo 48 bis de la Ley de Seguridad Aérea como 'infracciones muy graves' simular enfermedad o 'disminución de la capacidad psicofísica' (la excusa que pusieron los controladores el día del caos); dificultar, retrasar o negarse a dar o recibir labores de formación o no someterse a exámenes de aptitud física, psíquica o de competencia lingüística. Asimismo, se califica como severo faltar o abandonar sin justificación el puesto de trabajo o no colaborar si hay un cambio en el proveedor del servicio. Para el PP, estas infracciones sólo pueden ser etiquetadas de graves 'cuando afecten negativamente a la seguridad o menoscaben de forma grave o reiterada la eficacia o la continuidad de la prestación de los servicios'. Es decir, que habría que visar caso por caso si el controlador vulnera la norma. El Gobierno, en cambio, diseñó una redacción para impedir los plantes masivos, como sucedió en diciembre.

Los socialistas piden a Rajoy que se ponga 'del lado de los españoles', no de los técnicos aéreos

A todas las conductas muy graves el Congreso, y ayer el Senado, impone 'en todo caso' la pérdida de la licencia para el controlador responsable de la falta. El PP edulcoraba el castigo y se remitía a las sanciones accesorias previstas en el artículo 56 de la Ley de Seguridad Aérea vigente, de 2003, que establece que en esos casos 'podrá imponerse la revocación' de la licencia (es decir, que no es automática la pérdida) y que encadenar dos o más infracciones muy graves en un año conlleva tres de inhabilitación.

La manga ancha del PP seguía: su enmienda eliminaba por completo la posibilidad de que Aena usase las grabaciones y comunicaciones en las torres de control para 'controlar, supervisar, auditar e inspeccionar la prestación del servicio'. Fomento introdujo esa previsión para impedir complots.

Ayer, el portavoz del PP, Ignacio Burgos, no vendió la idea de flexibilidad. Aseguró que su grupo compartía la necesidad de tasar faltas muy graves. Pero denunció que no había 'proporcionalidad' en el castigo y que era preciso 'objetivar' el catálogo de infracciones. Burgos añadió que el uso de las grabaciones contraviene la normativa de la UE (en concreto, el artículo 14. 2. b) del Reglamento 996/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de octubre de 2010)  y la Ley de Protección de Datos, que señalan que esas comunicaciones sólo pueden emplearse por motivos de 'seguridad'.

El PSOE se enardeció. 'Lo que ofrece esta enmienda es un salvoconducto a los controladores para que sigan haciendo de las suyas, incluso secuestrando al pueblo español', argumentó en su primer turno Juan Luis Gordo. Explicó que, de prosperar el texto del PP, el catálogo de sanciones no tendría efectividad, pues esas conductas, analizadas de forma individualizada, no afectan a la seguridad y apenas serían castigadas. Es más, alegó que de aprobarse esa redacción, no habría cambiado la situación del puente de la Constitución. El problema es cuando el colectivo de los controladores se coordina para infringir la ley a la vez, que fue lo que sucedió en diciembre.

El senador del PP se había reunido con los controladores antes de la rebelión

Burgos, en su réplica, entró al cuerpo a cuerpo. Acusó a Gordo de 'fabricar titulares' para la prensa y se escudó en que su redacción era la misma que la que, hace un año, propuso el ministro de Fomento, José Blanco: 'Pónganse ustedes de acuerdo, aclaren la situación'.

El portavoz socialista reprochó al conservador que olvidase que en diciembre se produjo un motín salvaje que explicaba el endurecimiento de la ley: 'Les pido su compromiso para estar con los intereses de los españoles y no con los de un colectivo que ha mostrado con creces que no ha estado a la altura de las circunstancias'. Rogó que se evitasen los 'planteamientos corporativistas' que 'tanto daño' han hecho.

En balde. El PP no corrigió su postura. Burgos sometió a votación su enmienda, aplastada por el resto de grupos –que ni la comentaron–, y sólo prometió que intentaría llegar a un acuerdo que respetase 'la legalidad' antes del pleno, la semana próxima. En el PSOE tenían poca confianza. Recordaban que Burgos comió en noviembre con el portavoz de los controladores, César Cabo, tras una reunión con los demás portavoces (menos el socialista) en el Senado.

La Comisión de Fomento del Senado aprobó ayer por unanimidad, y a propuesta de Narvay Quintero (Coalición Canaria) una enmienda a la ley que cortará la discrecionalidad de las aerolíneas de bajo coste (Vueling, Ryanair, EasyJet...) que a veces sólo dejan a los pasajeros subir al avión con un único bulto. De ahí el apelativo: enmienda Ryanair (o enmienda Narvay). El texto obliga a las compañías a permitir al cliente llevar a la cabina todos los paquetes que porte consigo, incluso los adquiridos en las tiendas duty-free, siempre que no excedan los límites de peso o hagan peligrar la seguridad. Y todo ello sin subir el precio.

Igual que el PP vio naufragar su propuesta sobre controladores (por 14 votos a 11), el PSOE también vio derrotada una enmienda sustancial: la que incorporaba al proyecto de ley un título entero, y que permitía acoplar las tasas y servicios aeroportuarios al nuevo modelo, que privatizará el 49% de Aena. Como explicó el senador socialista Juan Luis Gordo, su texto busca una “gestión individualizada' de cada aeródromo, para darles así “mayor potencialidad”.

El conservador Ignacio Burgos tachó la enmienda de “chapuza” y “tomadura de pelo”. La discusión derivó en reproches cruzados de PSOE y PP sobre la crisis, la destrucción de empleo y la responsabilidad de la oposición. Los socialistas buscarán rescatar su texto en el pleno.