El PP no está dispuesto a permitir que el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados por la Junta de Andalucía e investigados por la Justicia se desinfle. Ayer, después de la andanada que el Gobierno andaluz lanzó contra la jueza que investiga el caso, los conservadores atacaron a los socialistas en dos frentes, el político y el judicial. Por un lado, Javier Arenas, quien a golpe de auto se acerca cada vez más a la presidencia de la Junta, cargó directamente contra el expresidente Manuel Chaves y contra el presidente José Antonio Griñán, a quienes acusó de ser los 'artífices' y 'no las víctimas' de los falsos ERE. Y por otro lado, su número dos, Antonio Sanz, anunció la presentación de un escrito en el juzgado que apuntaría, según su interpretación, a la responsabilidad penal de Griñán. El Gobierno andaluz rechazó ambas acusaciones y el PSOE, según anunció, se está planteando la presentación de una querella contra Arenas.

El PP envió ayer al juzgado de la magistrada Mercedes Alaya un escrito en el que asegura tener 'constancia' de que, cuando era consejero de Hacienda, Griñán –a quien Alaya citó por vez primera con nombres y apellidos en un auto esta semana– 'autorizó y elevó al Consejo de Gobierno' ampliaciones del fondo destinado para ERE y ayudas a empresas en crisis por valor de 7,2 millones de euros. Según la investigación, el fondo (llamado fondo de reptiles por uno de sus gestores, aunque luego se retractó) estuvo dotado con 647 millones desde 2001 hasta 2010 y su reparto se hizo con la cobertura de un procedimiento ilegal en ocasiones y sin procedimiento ninguno en otras. La opacidad en la distribución de las ayudas durante diez años –no se publicaron en el boletín oficial andaluz, BOJA– permitió además que personas que jamás habían trabajado en las empresas a las que la Junta financiaba los ERE se incluyeran en los listados de prejubilados sin tener derecho a ello. Hay un mínimo de 146 irregularidades de este tipo.

A golpe de auto, Arenas se acerca a la presidencia de la Junta

El PP sostuvo ayer que estos incrementos de 7,2 millones del fondo 'prueban la implicación de Griñán', porque cuando se autorizaron, la Intervención de la Junta ya había dicho en varios informes que el procedimiento utilizado para conceder las ayudas no era el adecuado, argumentó Sanz, mano derecha de Arenas. Lo que no dijo el PP es que es precisamente la Intervención la que supervisa esas modificaciones presupuestarias, lo que avalaría su legalidad, recordó la Junta. Este asunto ya se planteó hace semanas en el Parlamento de Andalucía, y los argumentos utilizados tanto por el PP como por el PSOE fueron idénticos a los de ayer.

Griñán fue preguntado ayer por la referencia que hace sobre él Alaya en su auto, y no quiso hablar de este asunto. El presidente se remitió a lo expresado por su consejera de Presidencia y portavoz, Mar Moreno, el pasado jueves. 'El auto ya lo ha valorado la portavoz del Gobierno. Ya está, no tengo que añadir nada más. La portavoz del Gobierno ha dicho exactamente lo que tenía que decir y lo que ha dicho Mar Moreno es lo que digo yo', manifestó Griñán.

El líder del PP andaluz acusa a Griñán de ser el 'artífice' de los ERE

Alaya solicitó a la Junta en su auto que le remitiera copia de las autorizaciones que consten del consejero de Hacienda –en su momento, Griñán– relativas a operaciones de endeudamiento de la agencia pública IDEA –pagadora de los ERE– iguales o superiores a 1,2 millones de euros. Y, a continuación, enumera 21 ayudas presuntamente ilegales a otras tantas empresas que superan cada una los 1,2 millones. Según Moreno, con esta petición la jueza cometió un 'error de bulto' porque en las ayudas de más de 1,2 millones el consejero de Hacienda no tiene, según la ley, participación alguna. Este sólo debe participar en los supuestos de endeudamiento. 'El presidente jamás autorizó ni tuvo que autorizar ninguna de las subvenciones', dijo Moreno. El Gobierno prepara el recurso que presentará en el juzgado contra el auto de Alaya.

El PP acusó a Moreno ayer de 'mentir' y esgrimió para demostrarlo un acuerdo del Consejo de Gobierno del año 2005 en el que se autoriza a IDEA a contraer 'uno o varios préstamos' por 9,7 millones. Sin embargo, esta operación nada tiene que ver con los ERE, sino que se trata de un crédito para comprar activos de Santana Motor, una empresa que la Junta adquirió para evitar su quiebra.

Manuel Chaves, presidente andaluz durante prácticamente todo el tiempo que el juzgado investiga, rechazó las acusaciones sobre su gestión y apuntó al ahora alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido. 'Si alguien quiere saber algo del ERE de la Faja Pirítica de Huelva que acuda a Zoido, ya que fue en su despacho [cuando era delegado del Gobierno] donde se elaboraron las listas de las personas afectadas por el ERE', dijo Chaves. La jueza ha incluido en el sumario, además de los ERE de la Junta, este expediente, aprobado por el Ministerio de Trabajo cuando gobernaba el PP.